Detrás del cobro ilegal por plazas en la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) hay una posible estructura criminal que opera dentro de la institución, informó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. “Hace una semana fueron capturados por razones de fraude un agente en estado de retiro y uno en activo, en Alta Verapaz. Creemos que, si eso está sucediendo, probablemente haya algún grupo ilegal interno”, explicó el funcionario.

Asimismo, destacó que se han identificado distintos sistemas porque en una entidad tan compleja como se puede suponer que haya prácticas vinculadas con actos de corrupción, por lo que se necesita tiempo para investigar.

Por otra parte, destacó que hay personas que no hacen su trabajo o no se presentan, lo que ha llevado a removerlos del cargo o se les ha cancelado el contrato, pero con las cuestiones de despidos se tiene el problema de procedimientos, reinstalaciones y pagos de prestaciones, entre otros.

Reunión de trabajo

Las declaraciones las brindó Jiménez, durante reuniones de trabajo con diputados de las bancadas VOS y Vamos. En estas, informó acerca de temas de seguridad, como el descenso en los asesinatos comparado con 2023.

El parlamentario Carlos Rojas señaló que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), hay un aumento en los decesos violentos. Sin embargó, Jiménez explicó que se debe a que dicha institución maneja distintos registros que causan variantes, ya que incluyen muertes por otras causas.

Mientras, Jairo Flores y Orlando Blanco, de VOS, se enfocaron en las extorsiones, a los que el ministro explicó que se reciben 50 denuncias diarias al respecto, el 70 por ciento se originan en los centros carcelarios.

En ambas citaciones se acordaron reuniones periódicas entre el ministro y diputados para tratar temas como las reformas a la ley de la PNC y mecanismos de seguridad para áreas específicas.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Rubelsy Pimentel

Entre el desorden encontrado por las autoridades actuales en dependencias públicas como en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), está el pago inequitativo a familias inscritas en los programas de apoyo.

En los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, las familias beneficiarias recibían 500 quetzales mensuales y en El Progreso, Izabal, Zacapa, Santa Rosa, Jalapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, 300 quetzales, correspondientes al Bono social en salud y educación, mediante Transferencia Monetaria Condicionada (TMC).

Así lo informó ayer el titular del Mides, Abelardo Pinto, quien presentó los avances del trabajo de los primeros 100 días de gestión de la cartera. En ese sentido, el funcionario aseguró que, como parte del ordenamiento de la casa, los 85 mil 472 favorecidos recibirán, por igual, 500 quetzales.

Pinto detalló que, en relación con los comedores sociales, se trabaja en un recinto modelo que brinde asistencia de calidad. En el proceso de revisión de esta iniciativa se identificó que la adquisición de raciones alimenticias la tiene un solo proveedor. A partir de mayo se dará oportunidad a más dotadores, para los 67 locales abiertos, aseguró el ministro.

Transparencia

En estos primeros meses de trabajo fueron tomadas medidas de trasparencia, ya que se encontró una flotilla de vehículos oficiales sin identificación institucional. Se hizo un inventario y se prohibió el uso de los carros fuera del horario laboral, se rotularon y se inició con la colocación de GPS.

El funcionario explicó que se redistribuyó el combustible que llevó a ahorros de 99 mil 300 quetzales en el área administrativa y financiera. También, había 268 motocicletas destinadas al proyecto Crecer Sano, de las cuales 73 no fueron entregadas y se arruinaron por falta de uso.

Además, se prescindió del servicio de 68 empleados y 63 contratistas, para asegurar la gobernanza de los servicios que se prestan.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Cecilia Vicente

Con el objetivo de velar por el respeto al derecho humano de migrar, garantizarlo mediante la administración adecuada y ofrecer asistencia oportuna a los viajeros nacionales o extranjeros, el nuevo director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Danilo Rivera, asumió esta semana la misión de guiar la entidad.

De acuerdo con el funcionario, se ha visto un aumento del movimiento irregular de personas, por ello, las primeras acciones que tomará serán mejorar y dar cumplimiento al Código Guatemalteco de Migración, que se aprobó en 2016, así como de la política nacional sobre la materia, que data de diciembre pasado. Resaltó que estará atento a los retornados, cuyo perfil ha cambiado, debido a que antes eran jóvenes, pero hoy son unidades familiares. Según estadísticas, en lo que va de este año se han recibido 23 mil 374 connacionales provenientes de Estados Unidos y 1 mil 831 de México.

“Hay muchos niños no acompañados y familias completas que se están yendo y que están retornando, ahí la necesidad de poderles atender”, comentó Rivera.

Guatemala será sede

El director destacó que el país será sede de la Declaración de Los Ángeles, el próximo 7 de mayo, en el cual se abordará la garantía y reconocimiento a los migrantes, desde una perspectiva de derechos
humanos.

Al cónclave asistirán 22 países americanos y organismos internacionales, con la finalidad de generar un diálogo en el que se logren estructurar estrategias que contribuyan a alcanzar una gestión más humana e integral.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mariano Macz