Guatemala vivió un deterioro continuo de los derechos humanos y de su democracia en 2023, de acuerdo con el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo mantiene en la misma categoría junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La CIDH menciona que una de las causas de esta vulneración es el actuar del Ministerio Público (MP) que intentó evitar la investidura del presidente Bernardo Arévalo y ha continuado, en 2024, intentando socavar la democracia, lejos de combatir la corrupción.

El documento subraya de igual manera la intensificación de la persecución y la criminalización de personas en el ámbito judicial en el último año del gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Es por ello que la CIDH mantiene a Guatemala en el Capítulo IV.B de su informe anual de 2023, como lo hace desde 2021, tras constatar en aquel año los graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en nuestro país.

“Para este año, la información analizada por la comisión indica que el deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho continúa agudizándose por el ejercicio abusivo del poder por parte del MP”, advierte el informe.

De acuerdo con el documento, la Fiscalía socava la Justicia y es contraría el Estado de derecho, lo que a su vez se refleja en el incumplimiento sistemático y prolongado del Estado con su obligación de combatir la impunidad.

El MP, cuya cúpula (encabezada por Consuelo Porras) se encuentra sancionada por Estados Unidos por señalamientos de corrupción, intentó en 2023 y las primeras dos semanas de 2024 evitar la investidura del presidente Arévalo, electo en los comicios de 2023.

Sin embargo, el actual gobernante logró tomar posesión, pese a una accidentada jornada de investidura donde, según diversas fuentes, su ascenso al poder estuvo en riesgo.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre lo acontecido en 2023, cuando el Ministerio Público acusó a Arévalo de León y al Movimiento Semilla de supuestas irregularidades en su creación y también armó un caso por presunto fraude electoral.

En el mismo sentido, afirma el expediente, en Guatemala existió persecución judicial del MP a periodistas, jueces y fiscales, quienes han denunciado la corrupción y que en muchos casos deben ir al exilio.

El informe anual de la comisión es, de acuerdo con la misma entidad regional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento de referencia del continente para determinar la situación de los derechos humanos en el hemisferio.

Redacción DCA

Detrás del cobro ilegal por plazas en la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) hay una posible estructura criminal que opera dentro de la institución, informó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. “Hace una semana fueron capturados por razones de fraude un agente en estado de retiro y uno en activo, en Alta Verapaz. Creemos que, si eso está sucediendo, probablemente haya algún grupo ilegal interno”, explicó el funcionario.

Asimismo, destacó que se han identificado distintos sistemas porque en una entidad tan compleja como se puede suponer que haya prácticas vinculadas con actos de corrupción, por lo que se necesita tiempo para investigar.

Por otra parte, destacó que hay personas que no hacen su trabajo o no se presentan, lo que ha llevado a removerlos del cargo o se les ha cancelado el contrato, pero con las cuestiones de despidos se tiene el problema de procedimientos, reinstalaciones y pagos de prestaciones, entre otros.

Reunión de trabajo

Las declaraciones las brindó Jiménez, durante reuniones de trabajo con diputados de las bancadas VOS y Vamos. En estas, informó acerca de temas de seguridad, como el descenso en los asesinatos comparado con 2023.

El parlamentario Carlos Rojas señaló que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), hay un aumento en los decesos violentos. Sin embargó, Jiménez explicó que se debe a que dicha institución maneja distintos registros que causan variantes, ya que incluyen muertes por otras causas.

Mientras, Jairo Flores y Orlando Blanco, de VOS, se enfocaron en las extorsiones, a los que el ministro explicó que se reciben 50 denuncias diarias al respecto, el 70 por ciento se originan en los centros carcelarios.

En ambas citaciones se acordaron reuniones periódicas entre el ministro y diputados para tratar temas como las reformas a la ley de la PNC y mecanismos de seguridad para áreas específicas.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Rubelsy Pimentel

Entre el desorden encontrado por las autoridades actuales en dependencias públicas como en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), está el pago inequitativo a familias inscritas en los programas de apoyo.

En los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, las familias beneficiarias recibían 500 quetzales mensuales y en El Progreso, Izabal, Zacapa, Santa Rosa, Jalapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, 300 quetzales, correspondientes al Bono social en salud y educación, mediante Transferencia Monetaria Condicionada (TMC).

Así lo informó ayer el titular del Mides, Abelardo Pinto, quien presentó los avances del trabajo de los primeros 100 días de gestión de la cartera. En ese sentido, el funcionario aseguró que, como parte del ordenamiento de la casa, los 85 mil 472 favorecidos recibirán, por igual, 500 quetzales.

Pinto detalló que, en relación con los comedores sociales, se trabaja en un recinto modelo que brinde asistencia de calidad. En el proceso de revisión de esta iniciativa se identificó que la adquisición de raciones alimenticias la tiene un solo proveedor. A partir de mayo se dará oportunidad a más dotadores, para los 67 locales abiertos, aseguró el ministro.

Transparencia

En estos primeros meses de trabajo fueron tomadas medidas de trasparencia, ya que se encontró una flotilla de vehículos oficiales sin identificación institucional. Se hizo un inventario y se prohibió el uso de los carros fuera del horario laboral, se rotularon y se inició con la colocación de GPS.

El funcionario explicó que se redistribuyó el combustible que llevó a ahorros de 99 mil 300 quetzales en el área administrativa y financiera. También, había 268 motocicletas destinadas al proyecto Crecer Sano, de las cuales 73 no fueron entregadas y se arruinaron por falta de uso.

Además, se prescindió del servicio de 68 empleados y 63 contratistas, para asegurar la gobernanza de los servicios que se prestan.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Cecilia Vicente