Las deportaciones masivas que el Gobierno de Estados Unidos quiere llevar adelante pueden convertirse en «un factor catalizador de la sociedad» en el triángulo norte de Centroamérica, una de las regiones más violentas y empobrecidas del mundo dónde los flujos migratorios son una constante.

Entrevista

Aunque es pronto para hacer un balance sobre las políticas de Donald Trump, el jefe de misión de la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) en El Salvador, Guatemala y Honduras, Jorge Peraza, reconoce a Acan-Efe que esta posibilidad podría acelerar diversas circunstancias de la región, como la violencia o la inestabilidad económica, por la dependencia de las remesas.

Sobre todo, explica, si los países receptores no tienen una política de reintegración y reinserción en la sociedad para esos migrantes, que llegan a su país de origen casi desamparados, sin recursos económicos y, muchas veces, sin opciones laborales.

Aunque en los tres primeros meses de este año hay una reducción en el número de personas retornadas de México y Estados Unidos al triángulo norte de Centroamérica, de 44.162 en 2016 se pasó a 37.720 en la actualidad, Peraza apela a la cautela y la prudencia, pues estas cifras no son suficientes para evaluar un flujo migratorio en constante cambio y evolución.

Y máxime cuando la realidad de EE. UU. es una incertidumbre constante: «Todos los días hay cambios (en las leyes), lo que hoy dicen mañana no es efectivo y el colectivo de la gente (migrante) sí, está temerosa, sin duda. La gente tiene la impresión de que es parte de un mensaje que se quiere dar» de políticas migratorias más fuertes y agresivas.

Una de la causas de este desasosiego, dice Peraza, es que muchas personas «que en principio migrarían», por factores como la estabilidad económica, la pobreza, la reintegración familiar, la violencia o el cambio climático, «estén postergando un poco la toma de la decisión».

«Insistimos que prima la acumulación de los factores», recalca, y acto seguido recuerda la necesidad de los Gobiernos de continuar avanzando, «de manera clara», en paliar estas causas como, por ejemplo, a través del plan Alianza para la Prosperidad.

El presidente saliente de EE. UU., Barack Obama, solicitó al Congreso una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto para el año fiscal 2017, que se sumarían a otros 750 millones ya aprobados para apoyar el llamado Plan de la Alianza para la Prosperidad.

Desde la elección de Trump, un hombre con un fuerte discurso antiinmigrante, varios funcionarios estadounidenses aseguraron que está garantizado el apoyo de EE. UU. al plan, que busca desalentar la migración a través de la mejora económica y social de los países del triángulo norte.

Peraza coincide en este extremo y cuenta cómo los fondos ya están empezando a ser canalizados aunque no a todos por igual. Guatemala, el único país que por el momento no los ha recibido, está «un poquito rezagado», debido a los cambios políticos de los últimos años y a su compleja estructura operativa.

Este retraso también está en las políticas de reintegración, y es que en Guatemala la institucionalidad está «un poco más difusa».

A su juicio, todas las instituciones del Estado deberían participar en la formulación de una respuesta para esta situación pero en Guatemala «no está claro qué entidad de Gobierno está asegurándose que todas estas entidades participen en una respuesta concurrente».

Todas estas situaciones, que son reiterativas y repetitivas en los tres países de la región, pueden provocar un cambio en los patrones de migración hacia el sur, aunque la motivación de este desplazamiento «a nuevos frentes está más vinculada al tema de violencia».

Otro aspecto que no puede quedar en el olvido, sigue, es el papel de los «coyotes» -traficantes de personas-, que son capaces de acomodarse a este «entorno variante» con diferentes estrategias para continuar en la tendencia de «fomentar una migración irregular» a cualquier parte.

Lo que sí descarta Peraza, al menos por el momento, es que esas posibles deportaciones masivas de EE. UU. puedan desembocar, como había alertado la organización internacional Crisis Group, en un aumento de la fuerza criminal de las pandillas, uno de los principales males de la región, junto al narcotráfico.

El escenario, insiste, no es el mismo de los años 90, cuando sí se produjo ese fenómeno, y aunque algunos puedan tener ese perfil es necesario que las entidades de Gobierno participen en los procesos de reintegración para crear una «estructura social de apoyo» que evite este contratiempo y su estigmatización.

*Con información de ACAN-EFE.

Redacción DCA