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COLUMNAS

La electricidad en Guatemala (XXIX)

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Rodrigo Fernández Ordóñez Director Presidente

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

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Continuando con las notas que preparó el ingeniero Leonel López Rodas para la edición conmemorativa de la Ley General de Electricidad (LGE), por sus 25 años de vigencia, comenta: “En el artículo 50 de la Ley de Desmonopolización del INDE se estipuló la obligación del Ejecutivo de presentar, en un plazo no mayor a 6 meses, una iniciativa sobre la Ley General de Electricidad. Al no atender dicha estipulación, el 8 de agosto del año 1995 presenté la iniciativa denominada: Ley de Desregulación y Libertad Eléctrica, que se basaba en la libertad para la generación y transmisión o así para la distribución, la cual era regulada por constituir un monopolio natural”. Dicha ley proponía la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que se integraría por 3 profesionales propuestos por las universidades, Colegio de Ingenieros de Guatemala y por el ministro de Energía y Minas. También se proponía la creación de un administrador del mercado mayorista, “…que coordinaría en un marco de libre contratación de energía eléctrica entre generadores, grandes usuarios y distribuidores, estableciendo precios de mercado de corto plazo para la transferencia de energía entre los generadores cuando ellas no correspondan a contratos de largo plazo, así como la garantía de la seguridad de abastecimiento…”, explica López Rodas en el documento.

La Comisión de Energía del Congreso de la República conoció la propuesta en 1996, y se dispuso hacerle cambios al texto original.

La Comisión de Energía del Congreso de la República conoció la propuesta en 1996, y se dispuso hacerle cambios al texto original, que fue tomando forma de Iniciativa de Ley gracias al esfuerzo de varios técnicos, entre los que destaca López Rodas. Participó el entonces director general de Energía, ingeniero Enrique Moller, quien fue el primer Presidente de la CNEE cuando se aprobó la ley mencionada. “Cuando se tuvo la certeza de contar con un documento completo que llenara todas las expectativas, se iniciaron los acercamientos con diferentes bancadas para obtener el apoyo necesario dentro del Congreso de la República. De igual manera con diferentes sectores del país, algunas cámaras empresariales y sindicatos, entro otros. Se realizaron varias presentaciones, en las cuales se contaba con la participación entusiasta del doctor Luis Flores Asturias…”. La idea original era hacer de la CNEE un ente autónomo; sin embargo, al momento de las negociaciones entre las bancadas del Congreso, no se logró contar con los votos necesarios, de tal cuenta que la ley fue aprobada gracias al voto favorable de la bancada del PAN, partido oficialista del momento, que contaba con mayoría relativa en el Congreso. Así, la LGE se promulga el 16 de octubre de 1996, trasladándola al Ejecutivo para su publicación en el diario oficial, el 15 de noviembre de 1996. En su trabajo, al que hemos recurrido continuamente en estas columnas, el historiador Javier Calderón, citando a López Rodas, apunta: “…Álvaro Arzú los apoyó y los dejó tomar las consideraciones que ellos creían correctas y no se le ha dado crédito por eso.

El presidente Arzú tenía consciencia que la reforma tenía que ser llevada hacia adelante…”. La LGE, como herramienta clave para el desarrollo del país que un mes más tarde lograba firmar los Acuerdos de Paz con la URNG, tras la guerra de 36 años, apunta López Rodas: “…La Ley está fundamentada en la libertad y la participación privada, permitiendo que los guatemaltecos decidan su futuro, invirtiendo en un sector de tanta importancia. Por esto considero que el Título I es fundamental, porque en él se indica que es libre la generación y no se requiere autorización y condiciones previas por parte del Estado y que el transporte y todos aquellos que sean propietarios de líneas deben dar el servicio sin excepciones, mediante un pago de peaje. Son libres los precios por la prestación del servicio de electricidad”.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Thils y la Teología de las realidades terrestres (III)

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Juan Luis Lorda
Profesor de la Facultad de Teología

La tercera parte muestra el gran movimiento que va desde la creación de Dios, con el misterio del pecado y la redención, hasta la consumación en Cristo, por obra del Espíritu Santo. Allí hay que encuadrar estas realidades.

Hay un designio creador de Dios sobre la acción humana en el mundo (que prolonga su creación), hay pecado que deforma, y acción redentora que sana, y hay tensión escatológica y trascendente hacia el final: no se puede hacer un mundo que quede encerrado en sí mismo.

Y en este marco, Gustave Thils está convencido de que la acción del Espíritu Santo en el mundo no se limita a la santificación interior de las personas ni a la acción litúrgica de la Iglesia, sino que abarca a toda la creación herida por el pecado. Los cristianos deben participar en ese movimiento desde su lugar en el mundo.

Toda obra participa de la acción divina, de su causalidad, y es prolongación de su creación.

La cuarta parte, llamada “simples esbozos”, que es la más larga, aplica todo lo visto a algunas grandes realidades terrestres: la constitución de las sociedades, la cultura y la civilización, la técnica, las artes y el trabajo humano. En cada caso se trata de comprender su lugar en la prolongación de la acción creadora de Dios, pensar en cómo son afectadas por el pecado, sanadas por la redención y dirigidas por el Espíritu hacia la gloria de Dios.

Por ejemplo, sobre el trabajo. Apoyándose en santo Tomás, dice que toda obra participa de la acción divina, de su causalidad, y es prolongación de su creación. El aspecto creativo subraya que el ser humano es imagen de Dios.
Ciertamente, está tocado por el pecado, pero el trabajo no es consecuencia del pecado, solo es consecuencia su aspecto penoso.

Y precisamente por eso, también puede tener un aspecto redentor. “Restaurar una sociedad, la cultura o el arte es transfigurarla según el Espíritu Santo: esto no es solo una promesa, se realiza de verdad. […] Por eso la actividad humana que transmite la redención al mundo terrestre es por lo mismo, una actividad redentora” (191).

“Uniendo todas las formas de las actividades redentoras terrestres y uniéndolas a las actividades teologales y teocéntricas de la vida interior se logrará una vista bastante completa de lo que es la ‘vida cristiana’ en su conjunto, con toda la universalidad que posee en Dios y en el Espíritu” (194).
Continuará…

Colaborador DCA
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COLUMNAS

Decreto 93-96, desempeño social, la electrificación rural

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Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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Hasta ahora, estimado lector, hemos revisado en conjunto el grado en que la Ley General de Electricidad (LGE) ha alcanzado sus objetivos, así como evaluado algunos retos asociados a la matriz energética nacional, llegando a la conclusión que la LGE ha cumplido con los objetivos planteados para tan importante cuerpo legal guatemalteco y que los retos aún pendientes en la matriz energética pueden considerarse manejables, y que también pueden enfrentarse con ajustes en lo referente a la normativa, sin la necesidad de incurrir en modificaciones a dicha ley así como a sus reglamentos.

Estos proyectos deberán ser evaluados económica y
socialmente.

Entonces quedan pendientes de revisión dos retos asociados a uno de los temas más importantes del subsector de energía eléctrica nacional, como lo es la electrificación rural, y son los siguientes:

1)La calidad del servicio de electricidad que se presta al usuario puede considerarse como mala en el área rural.


2)El porcentaje aún por electrificar en la República de Gua-
temala es grande, y presenta grandes desafíos financieros en inversión y en subsidios.

Al respecto, el Decreto 93-96, Ley General de Electricidad, en el Artículo 47, indica lo siguiente:

1)Es una función estatal de naturaleza opcional: El Estado podrá otorgar recursos, cuyo objetivo sea para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial delimitada. 

2)Esos proyectos son objeto de subsidio: Los recursos que otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. 

3)Los proyectos de Electrificación Rural debieran ser operados por un distribuidor, al quedar ya operativos: Las obras que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, quien en estas actividades se obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso.

4)Estos proyectos deberán ser evaluados económica y socialmente. El Artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE) manda al MEM establecer un procedimiento para la elaboración de un informe de evaluación económica y social del proyecto. Lo anteriormente indicado, con el fin de resolver la procedencia o improcedencia del mismo.

Es así, estimado lector, que de lo anteriormente expuesto concluimos que la construcción de redes destinadas a electrificar las áreas rurales no es una función prevista en la ley para los inversionistas privados; por el contrario, el marco legal lo asigna en forma directa a la gestión estatal por medio del MEM.

Se observa también que el financiamiento de la electrificación rural está previsto para ejecutarse con fondos estatales, concepto que se reafirma en el Artículo 61 del Reglamento de la LGE, el cual manda a estructurar las tarifas de modo que puedan promover la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, enfatizando que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a una categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios.

Y que dentro de todo el marco legal del sector eléctrico únicamente en dos artículos, el 47 de la ley y el 77 del Reglamento de la LGE se aborda dicho tema, se deduce que su desarrollo está todavía pendiente, constituyéndose en una necesidad y a la vez en una oportunidad para nuestra sociedad.

El único intento de legislar el suministro para pequeños consumidores se dio por medio de la ley de tarifa social, Decreto 96-2000, el cual por cubrir un rango de consumidores bastante más amplio que el que podría corresponder a la electrificación rural se desenfoca de ese objetivo. ¿Cuál podría ser su contenido para hacerla operativa? Es lo que se continuará planteando en próximas fechas.

Colaborador DCA
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COLUMNAS

La nueva variante del Covid-19 trastoca salud y comercio (I)

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Gustavo Capdevil
Agencia Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS)
https://ipsnoticias.net/noticias/derechos-humanos/

Todo estaba advertido, tanto el brote de una variante más contagiosa del Covid-19 que desató nuevamente las alarmas sanitarias internacionales, la amenazante ómicron, como también la confirmación de la morosidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para zanjar la puja entre países ricos y pobres por el reparto de las ganancias que dejan los intercambios.

Los dos factores se conjugaron el pasado viernes 26, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “preocupante” al nuevo tipo de Covid-19 y sus mutaciones, y puso en alerta al sistema de investigación científica de la institución que indaga características y efectos de la nueva variedad.

Horas más tarde, cuando varios países, entre ellos Suiza, cancelaron vuelos a naciones de África del Sur, la OMC suspendió “indefinidamente” su 12 Conferencia Ministerial, que debía sesionar del 30 de noviembre al 3 de diciembre en territorio suizo. La índole del virus y las perspectivas de multiplicarse de manera arrolladora, como lo ha hecho hasta ahora, y de transformarse en una variante más insidiosa, como aparenta el ómicron, ya se conocían desde que China oficializó la irrupción del SARS-CoV-2 en los primeros días de enero de 2020.

La sociedad internacional había sido prevenida.

La sociedad internacional había sido prevenida de ese peligro por una comisión de científicos que encabezaba la médica noruega Gro Brundtland, exdirectora general de la OMS. Pero el sistema sanitario no estaba preparado y los primeros meses fueron caóticos hasta que mejoraron los sistemas de producción y los laboratorios descubrieron fórmulas de vacunas apropiadas.

A lo que no se encuentra solución es al vacío moral que envuelve a los centros de poder universal en materia de vacunas y de otros tratamientos anticovid, como no se cansan de repetir el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esa falencia debilita la cooperación internacional y favorece el culto a la maximización de la ganancia, los dos factores que han impedido la distribución equitativa de vacunas y demás paliativos a la pandemia y han dejado un saldo de sufrimientos y muertes.
Continuará…

Colaborador DCA
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