Después de semanas de cabildeo, hoy será instalada la Mesa Nacional de Diálogo, en la cual se discutirán las propuestas recogidas en las reuniones regionales, con las que se busca concretar una propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia, que los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarán en el Congreso de la República.

Las instancias involucradas en el tema indicaron en un comunicado que esta iniciativa forma parte de la segunda fase del Diálogo Nacional: hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala.

El 25 de abril, los presidentes de los 3 poderes del Estado lanzaron la invitación a todos los sectores sociales para abordar los alcances de la reforma constitucional en materia de justicia.

“La impunidad se ríe de millones de guatemaltecos que no reciben los beneficios de la Ley. Este Diálogo Nacional sienta las bases para solucionar ese problema”, dijo el presidente Jimmy Morales.

Durante una visita que realizara al Instituto de la Defensa Pública Penal, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, hizo un llamado a los defensores a que se unieran al Diálogo Nacional, con el fin de contribuir con sus propuestas para mejorar y modernizar la administración del sistema guatemalteco en cuestión.

Primera fase

En la primera fase se desarrollaron 148 mesas de trabajo en Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Petén, Jutiapa y Sacatepéquez, y se contó con la participación de mil 544 personas, representantes de instituciones y organizaciones sociales, de las cuales se obtuvieron no menos de 200 documentos con propuestas.

Al escrutar los resultados, se refleja el consenso de los guatemaltecos en la necesidad de la reforma al sector en mención, principalmente en el tema de la carrera judicial, la integración del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, pluralismo jurídico, el antejuicio y la Corte de Constitucionalidad, entre otros temas.

Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la reforma del Estado es la principal urgencia que Guatemala tiene frente a sí, y en función de lo cual se debe trabajar para que “no vuelva a ocurrir lo mismo”.

Invitación abierta

En abril, los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial lanzaron la invitación para dialogar sobre los alcances de la reforma constitucional en materia de justicia. Participó la Secretaría Técnica, integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Oficina Coordinadora Residente de Naciones Unidas. Se plantearon las interrogantes: ¿Es necesaria una reforma constitucional en materia de justicia? ¿Cuáles son los puntos esenciales de esta reforma? y ¿Cuáles son sus propuestas concretas?

Modificaciones a la LEPP

El 24 de mayo, el presidente Jimmy Morales sancionó las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), aprobadas por el Congreso de la República. Entre los cambios admitidos por la Corte de Constitucionalidad figuran el voto en el extranjero, la fiscalización más efectiva de las organizaciones políticas por parte de la Contraloría General de Cuentas, el fortalecimiento del financiamiento público para las organizaciones políticas, la prohibición a funcionarios de hacer proselitismo en actividades oficiales, la regulación de pagos en espacios publicitarios en manos del Tribunal Supremo Electoral y el número fijo de diputados.