principio de transparencia, se inició el proceso para obtener la certificación ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, para las direcciones generales de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de Transportes (DGT).

La acción es impulsada por instrucciones de la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega.

Zoltán Rodas, de la empresa World Compliance Association, la cual otorga el certificado, explicó que ambas instituciones serán sometidas a una evaluación y diagnóstico, con el propósito de establecer los requisitos con los que ya cumplen para lograr el objetivo y se recibirán las recomendaciones para mejorarlos.

Poseer ese estándar internacional contribuye a prevenir la corrupción en las compañías e instituciones. En este caso, fortalece la buena imagen y el espíritu de servicio que caracterizan a Provial y la DGT, agregó el
ejecutivo.

Por su parte, De la Vega recalcó que la cartera a su cargo es la primera entidad del Estado en someterse a esta certificación, la cual se da regularmente a empresas privadas. Agregó que abarca varios actores que pueden ser susceptibles a la corrupción como colaboradores, brigadas y proveedores, entre otros.

Por su parte, Santiago Palomo, titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), aseguró que se espera que otras dependencias obtengan el referido estándar internacional, aunque dependerá de cada uno de los ministerios.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mario León

Una servidumbre por 50 años sobre tres tramos de una finca propiedad de la comuna fue aprobada por el Concejo Municipal de Guatemala, a cambio de que la empresa a la que se le entregó el derecho financie la demolición y reconstrucción del puente Rodolfo Mijangos López, cuyo costo será de 16 millones de quetzales.

La aprobación fue pedida por Luis Chavarría Rodríguez, en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Corredor Verde, Sociedad Anónima, que construirá una carretera para agilizar el tránsito desde Mixco hasta la capital.

El proceso de solicitud generó controversia debido a señalamientos de opacidad. Inicialmente, se presentó como una servidumbre a perpetuidad, que sería abordada el pasado viernes, pero tras la solicitud de la concejal novena, Ninotchka Matute, se pospuso para su revisión.

Después de un extenso debate, la propuesta fue aprobada con nueve votos a favor y cuatro en contra. Entre los argumentos contrarios se destacó la falta de análisis jurídico en el dictamen presentado, así como la inquietud por los valores en juego y la ausencia de beneficios claros para la municipalidad.

El concejal octavo Oscar Girón resaltó la falta de respaldo ambiental y expresó su preocupación por el uso del terreno sin beneficio comunal, además de criticar la omisión de los mecanismos de licitación. María Cruz, síndica segunda, dijo que la propuesta se hizo para evitar alterar el presupuesto municipal, ya que la edificación del puente no tiene financiamiento. Destacó que la decisión recae en el pleno del Concejo, en un ejercicio de democracia.

Matute calificó los argumentos a favor como mediocres, pues la modificación a una concesión de 50 años fue una reacción de última hora. Denunció la opacidad del proceso y cuestionó por qué se favorecía a un privado sin competir con otros.

La finca, inscrita en el Registro General de la Propiedad con el número 42 mil 718, folio 180 del libro 350 de Guatemala, tiene un área de 27 mil 662.46 metros cuadrados. Solo 10 días duró el proceso para aprobar el permiso.

Tres opciones

Entre las opciones que se ofreció a la empresa favorecida está la construcción de un paso a desnivel en la intersección Calzada Mateo Flores, Calzada San Juan y Periférico, con un monto aproximado de 42 millones de quetzales; la demolición y edificación del puente Óscar Rodolfo Mijangos López, por 16 millones de quetzales, y el recapeo y mejoramiento de base de 2.8 kilómetros de asfalto para mejorar las calzadas Martí y José Milla, zonas 2 y 6, por 38 millones de quetzales.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Danilo Ramírez

Un conjunto de contratos anómalos, firmados un día antes de que la anterior administración entregara el cargo, para brindar seguridad a seis parques y centros deportivos a cargo del Viceministerio del Deporte y la Recreación, del Ministerio de Cultura, serán rescindidos por estar sobredimensionados.

Estos, suscritos con tres empresas, suman 60 millones de quetzales y requieren el servicio de 280 guardias “cuando un estudio técnico determinó que al final de cuentas son 55 (elementos) los que necesitamos”, afirmó Francisco Aguilar, titular del referido vicedespacho.

Las adjudicaciones criticadas fueron dadas a V.I.P Security, S. A., por 29.8 millones de quetzales para la vigilancia del Parque Erick Barrando y el campo del Roosevelt.

A Seguridad Control y Vigilancia, S. A., le fue asignado un contrato por 15.8 millones de quetzales para resguardar los centros deportivos y recreativos Gerona, La Paz (Zacapa) y La Paz en la zona 21 capitalina, mientras que a Security Professional Sistems S. A., el acuerdo es por 14.2 millones de quetzales para la protección de Campo de Marte.

Son contratos “espurios y en contra de los intereses del Estado. Esta semana la ministra Liwy Grazioso firmará la rescisión”, aseguró el entrevistado.

“Sí es prácticamente en toda la administración pública, carteras, entidades descentralizadas y autónomas que se dio todo este saqueo con acuerdos que eran no necesarios o sobrevalorados”, indicó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC).

Otras irregularidades encontradas

Las actuales autoridades del Ministerio de Cultura encontraron que obras de arte fueron trasladadas de manera irregular de un museo a otro. “Es decir, no se siguieron los procesos y protocolos correspondientes.

Eso nos obliga a ver los inventarios de las colecciones para asegurarnos de que están donde debe estar”, enfatizó Liwy Grazioso, titular del citado despacho. Agregó que se realizaron “despidos injustificados” en las áreas de Danza y Cultura de la citada cartera.

Sumado a ello, “nos topamos con que las plazas las dejaron desfinanciadas”, aseguró. Sobre este particular, indicó que están “buscando la manera de refinanciarlas porque son, absolutamente, necesarias”.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Cecilia Vicente