Entre el desorden encontrado por las autoridades actuales en dependencias públicas como en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), está el pago inequitativo a familias inscritas en los programas de apoyo.

En los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Huehuetenango, Jutiapa, Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, las familias beneficiarias recibían 500 quetzales mensuales y en El Progreso, Izabal, Zacapa, Santa Rosa, Jalapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, 300 quetzales, correspondientes al Bono social en salud y educación, mediante Transferencia Monetaria Condicionada (TMC).

Así lo informó ayer el titular del Mides, Abelardo Pinto, quien presentó los avances del trabajo de los primeros 100 días de gestión de la cartera. En ese sentido, el funcionario aseguró que, como parte del ordenamiento de la casa, los 85 mil 472 favorecidos recibirán, por igual, 500 quetzales.

Pinto detalló que, en relación con los comedores sociales, se trabaja en un recinto modelo que brinde asistencia de calidad. En el proceso de revisión de esta iniciativa se identificó que la adquisición de raciones alimenticias la tiene un solo proveedor. A partir de mayo se dará oportunidad a más dotadores, para los 67 locales abiertos, aseguró el ministro.

Transparencia

En estos primeros meses de trabajo fueron tomadas medidas de trasparencia, ya que se encontró una flotilla de vehículos oficiales sin identificación institucional. Se hizo un inventario y se prohibió el uso de los carros fuera del horario laboral, se rotularon y se inició con la colocación de GPS.

El funcionario explicó que se redistribuyó el combustible que llevó a ahorros de 99 mil 300 quetzales en el área administrativa y financiera. También, había 268 motocicletas destinadas al proyecto Crecer Sano, de las cuales 73 no fueron entregadas y se arruinaron por falta de uso.

Además, se prescindió del servicio de 68 empleados y 63 contratistas, para asegurar la gobernanza de los servicios que se prestan.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Cecilia Vicente

Dos denuncias fueron presentadas en el Ministerio Público (MP) por anomalías encontradas en la cartera de Desarrollo Social (Mides). Una, contra la empresa Coordinadora de Logística S. A., por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y estafa en la entrega de bienes, y otra, para deducir responsabilidades por acciones ilícitas en un programa.

Carlos Orantes, director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), señaló que, en el primer caso, una auditoría interna detectó el pago por el 96.02 por ciento de un proyecto de mejoramiento de calles del casco urbano de Palencia, que corresponde a 12 millones 075 mil 665 quetzales, con un pendiente de 500 mil 613. 44 quetzales. Sin embargo, la obra presenta un avance del 57.29 por ciento, de acuerdo con Orantes. Además, se evidenció que el material utilizado no cuenta con las especificaciones técnicas.

La segunda querella surgió luego de visitas de campo que permitieron corroborar que en aldea Maraxcó, Chiquimula, se tenía registrada una dotación de insumos que no llegaron a la comunidad, por un valor de 1 millón 300 mil quetzales.

En este hecho, se falsificó la firma del presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo
(Cocode), así como el sello de la entidad local. La entrega correspondía a pilas, kits de limpieza, higiene personal, alimentos y tubos PVC, de lo cual solo recibieron insumos por 50 mil quetzales.

Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), aseguró que la corruptela está enraizada en la administración pública y fue un patrón utilizado por las autoridades anteriores para saquear al Estado. “Seguimos con el acompañamiento al Ejecutivo en todas las acciones para fortalecer la institucionalidad”, enfatizó.

Hay más contratos

La empresa Coordinadora de Logística S. A. obtuvo varios contratos con el Ministerio de Desarrollo y su unidad ejecutora Fodes, relacionados con proyectos grises. Además, con la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, todos pactados durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Asimismo, con municipalidades de Villa Nueva, Guatemala, y San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

Wendi Villagrán Fotógrafo: Cecilia Vicente

Con el objetivo de velar por el respeto al derecho humano de migrar, garantizarlo mediante la administración adecuada y ofrecer asistencia oportuna a los viajeros nacionales o extranjeros, el nuevo director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), Danilo Rivera, asumió esta semana la misión de guiar la entidad.

De acuerdo con el funcionario, se ha visto un aumento del movimiento irregular de personas, por ello, las primeras acciones que tomará serán mejorar y dar cumplimiento al Código Guatemalteco de Migración, que se aprobó en 2016, así como de la política nacional sobre la materia, que data de diciembre pasado. Resaltó que estará atento a los retornados, cuyo perfil ha cambiado, debido a que antes eran jóvenes, pero hoy son unidades familiares. Según estadísticas, en lo que va de este año se han recibido 23 mil 374 connacionales provenientes de Estados Unidos y 1 mil 831 de México.

“Hay muchos niños no acompañados y familias completas que se están yendo y que están retornando, ahí la necesidad de poderles atender”, comentó Rivera.

Guatemala será sede

El director destacó que el país será sede de la Declaración de Los Ángeles, el próximo 7 de mayo, en el cual se abordará la garantía y reconocimiento a los migrantes, desde una perspectiva de derechos
humanos.

Al cónclave asistirán 22 países americanos y organismos internacionales, con la finalidad de generar un diálogo en el que se logren estructurar estrategias que contribuyan a alcanzar una gestión más humana e integral.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mariano Macz