NACIONALES
Gobierno entrega alimentos y semillas a afectados por las lluvias, en Alta Verapaz
Presidente Alejandro Giammattei visitó el lugar y dijo que también se trabaja en la creación de un seguro agrícola.
En atención a las necesidades de las familias afectadas por las lluvias, el Gobierno de la República inició ayer con la entrega de alimentos y semillas en diversas comunidades de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
El presidente Alejandro Giammattei explicó que esta asistencia será de gran ayuda para quienes perdieron sus cultivos a causa de las precipitaciones de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que afectaron diversas áreas del territorio.
Por su parte, José Ángel López, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), informó que durante la actividad se entregaron semillas de maíz, para cultivar en un área de 120 manzanas, y se otorgaron alimentos básicos a 100 familias.
“Como respuesta al invierno, que está afectando a los pequeños productores, el MAGA repartirá alimentos, semillas y pilones para que puedan recuperar sus cultivos. Inicia en varios municipios de Alta Verapaz y será replicado en otros departamentos vulnerables.”
Alejandro Giammattei
Presidente de la República
El presidente Giammattei añadió que también se trabaja en la implementación de un seguro agrícola para pequeños productores, que brindará respaldo a los agricultores durante las temporadas de lluvia o sequía, para que no pierdan su capital si se ven afectados por las inclemencias del clima.
“Este seguro cubrirá los gastos que el campesino invirtió, para evitar que lo pierda todo porque, hoy por hoy, si hay inundaciones o sequía, el campesino lo pierde todo”, resaltó el mandatario. Agregó que esta propuesta podría ponerse en marcha a partir de 2021, como un compromiso del Gobierno para apoyar a los productores.
800
familias de Fray Bartolomé de las Casas perdieron sus cultivos, debido a las lluvias.
En cuanto a los afectados por la pandemia de Covid-19, el mandatario aseguró que se continúan ejecutando los programas de apoyo a familias vulnerables, especialmente con el Bono Familia.
“No menos de 1.7 millones de familias están inscritas en el Bono Familia, y principiaron a recibir Q1 mil al mes, durante tres meses, para paliar la crisis económica que enfrentamos”, comentó el gobernante.
Añadió que quienes no reciban este bono, serán beneficiados con la entrega de alimentos.
Más apoyo para luchar contra la desnutrición
Durante su gira de trabajo por Alta Verapaz, el presidente Alejandro Giammattei informó que en aproximadamente dos meses se iniciará con la entrega de alimentos a las familias con niños de entre 6 meses y 2 años de edad, como parte del esfuerzo que el Gobierno realiza en la lucha contra la desnutrición a nivel nacional. Este proyecto forma parte de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Amplían inversión para sistemas de microrriego
En complemento a la ayuda alimentaria y entrega de semillas mejoradas que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), las autoridades de esta cartera informaron que también se incrementó la inversión del sistema de microrriego a Q73 millones, para beneficiar a productores afectados por el Covid-19 en todo el país.
Q100
millones invertirá el MAGA en entrega de semillas, pilones y asistencia de microrriego.
Eddie Mendoza, viceministro de Desarrollo Económico Rural del MAGA, manifestó que la cartera tiene claro que se debe de trabajar en la reactivación del sector productivo. • Guatavo Villagrán
Asfaltarán ruta a Semuc Champey
En su gira de trabajo, el mandatario ordenó ayer la construcción de una franja para ciclovía y la ampliación del tramo hasta el balneario Semuc Champey, para lo cual se reunirá con autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para elaborar un plan de reactivación económica en la localidad. Por ese motivo, acompañado por autoridades del Centro de Gobierno, el mandatario supervisó los avances de la carretera que conduce, desde la comunidad El Pajal a la cabecera municipal de Lanquín, con la presencia del alcalde local, Roberto Pop Ma y el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus.
Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.
Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.
En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.
Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.
La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.
Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.
Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.
Redcción, EFE
Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.
Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Irrespetaron términos
Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.
Foto: MP
Como resultado de una serie de allanamientos en tiendas, negocios y tortillerías de la capital, las autoridades rescataron a nueve menores, quienes fueron sacados de la explotación laboral; además, capturaron a cuatro personas por el citado delito.
Las acciones las efectuaron la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Unidad contra la Explotación Laboral, del Ministerio Público (MP).
Entre los detenidos, según el reporte de las autoridades, figuran Ana Xaper, en la colonia El Progreso, zona 11 capitalina, mientras que en la Landívar, zona 7, fueron aprehendidos Paula Ordóñez y Noé García.
Xaper y Ordóñez son señaladas por el delito de trata de personas, mientras que a García se le atribuye el uso de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.
Los pequeños quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que seguirá los procesos y cuidado de los infantes hasta que se solvente el asunto.
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