Un buen proceso de enseñanza-aprendizaje debe trascender la calidad educativa e incluir entornos sanos y seguros que permitan el traslado de conocimientos y la asistencia permanente de los alumnos en las aulas.
De esa cuenta, es preciso que los gobiernos practiquen las relaciones interinstitucionales que atiendan, de manera integral, las demandas o necesidades ciudadanas.
El regreso a clases ameritaba una estrategia compleja, visionaria, que estableciera mecanismos de acción a favor de docentes y estudiantes, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos.
En lo correspondiente, el Ministerio de Educación aseguró las herramientas y condiciones para garantizar la enseñanza. La entrega puntual de los programas de apoyo como la alimentación, útiles y seguro médico, así como la dotación de la valija didáctica era una condicionante que el Gobierno cumplió en su totalidad.
Previamente, la cartera sanitaria había hecho lo propio cuando promovió la vacunación de alumnos y docentes. De igual manera, sigue apoyando los procesos de bioseguridad que impulsen ambientes que minimicen los contagios de Covid-19.
El trabajo interinstitucional, del que la actual administración ha hecho gala en los ámbitos sociales y económicos, lo complementa el Ministerio de Gobernación, que tiene a su cargo la misión de generar espacios que afiancen la seguridad y prevengan el delito.
Además, esta tarea, a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil, abarca otros aspectos de suma importancia como lo es el fortalecimiento de la relación entre autoridades y ciudadanos, y el incremento de la confianza que motive la presentación de denuncias sobre presuntos ilícitos.
El regreso a las aulas es un acontecimiento que se debe celebrar por las consecuencias sociales y académicas que conlleva para el país, pero igual de importante es que estudiantes, maestros y padres de familia se sientan seguros en este proceso.
