La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la ampliación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta septiembre de 2019, o sea 2 años más de lo que estaba establecido.

El requerimiento formal fue planteado por el presidente Jimmy Morales al secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon, en la sede de esa entidad, en Nueva York, Estados Unidos.

Esto ocurrió después de una reunión en la que fueron evaluados los aportes del mecanismo investigador a la nación, en la que participaron los representantes de las instituciones que forman parte de la Instancia de Coordinación de la Modernización del Sector Justicia: Ranulfo Rojas, titular del Organismo Judicial; Francisco Rivas, ministro de Gobernación; Thelma Aldana, fiscal general, y Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, así como Iván Velásquez, responsable de la CICIG.

Durante este encuentro, el mandatario argumentó: “Quisiera reiterar mi compromiso por construir un país diferente, libre de corrupción e impunidad, y con instituciones sólidas, para lo cual el acompañamiento de la CICIG es vital”.

En ese sentido, especificó que la prolongación del período de la Comisión permitirá “un respiro al sector justicia”, cuya institucionalidad se encuentra en un “proceso de reordenamiento”, porque podrá extender su plan de apoyo.

Las ampliaciones anteriores de la permanencia del ente pesquisidor internacional se comenzaron a preparar y fueron solicitadas en fechas próximas al vencimiento del plazo estipulado. Esta es la primera vez que, a decir de Velásquez, la petición se efectúa “anticipadamente”, lo que se interpreta como una muestra importante del compromiso referido por el gobernante.

Esta acción también envía mensajes positivos a otras organizaciones que buscan colaborar con el Estado guatemalteco en su lucha contra la corrupción, por el robustecimiento de sus instituciones y la prevalencia del Estado de derecho, como los organismos financieros que brindarán su ayuda para la recuperación de activos perdidos por malos manejos en la administración pública.

Además, es bien recibida por representantes de asociaciones civiles, quienes las ubican en línea con las demandas de reformas profundas manifestadas por la población desde hace un año, en pos de una nación más justa y con oportunidades para todos; un país diferente.