COLUMNAS
El futuro gobierno, sin ninguna atadura, podrá tomar la decisión que mejor convenga de conformidad con el mandato que obtenga en las urnas
La decisión tomada por el Presidente de la República de NO renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se trata de una importante decisión que deja la mesa absolutamente limpia para que el próximo gobierno pueda tomar la decisión que, a su juicio, y de conformidad con el mandato que reciba en las urnas electorales, sea el que más convenga a los intereses nacionales. De conformidad con la decisión tomada por el Presidente de la República, representante que es de la unidad nacional, la CICIG finalizará sus labores el tres de septiembre del año entrante, es decir, el tres de septiembre de 2019, fecha en la que se cumplirán doce años –exactamente– desde que comenzó a realizarlas. La legitimidad de la decisión tomada es incuestionable, puesto que fue tomada por el Presidente de la República, quien ejerce la Jefatura del Estado y del Gobierno, por mandato del pueblo (para que el pueblo escoja a quién quiere conferir este mandato es que se celebran elecciones), encontrándose la decisión tomada dentro del ámbito de las atribuciones que le corresponden, decisión que fue tomada y notificada, incluso, con el refrendo de la ministra de Relaciones Exteriores.
La Constitución establece que el presidente debe de actuar siempre con el refrendo de los ministros –si en consejo de ministros– o, al menos, de uno de ellos en sus otros actos, mandato constitucional que la Corte de Constitucionalidad recordará en el fallo que emitiera el año pasado.
Ha habido alguien que ha sugerido que la decisión del presidente de NO renovar el mandato crea incertidumbre pero, por el contrario, lo que establece es plena certeza jurídica: el mandato NO será renovado y el 3 de septiembre de 2019 la Comisión que establecimos dejará de existir.
Mayor certeza no podría darse sobre el tema y máxime cuando la Corte de Constitucionalidad no ha considerado suspensión alguna de la decisión tomada. El año entrante se celebrarán elecciones y es posible que el próximo presidente y los diputados que resulten electos tuvieren una idea distinta, por lo que queda para estos abierto el camino para que, una vez hayan tomado posesión de sus cargos, el 14 de enero de 2020 –ni un día antes, ni uno después– puedan establecerla nuevamente, en los mismos o en distintos términos, pactada con la misma Organización o con otra distinta y contando o no con sus mismos protagonistas, como también podría ser que no tengan interés en convenio alguno y se atengan a las instituciones nacionales, siendo posible –de igual forma– que optasen por el establecimiento de una Comisión renovada que fortalezca los aciertos de la anterior pero que elimine sus errores.
La cita que hago del presidente –pero, también, del Congreso– no es casual ya que, para el caso de un nuevo convenio, tendría que contarse con la aprobación de ambos (negociación, aprobación, sanción), cada cual en el ámbito de su respectiva competencia. La decisión tomada es correcta en términos de tiempo puesto que, sin improvisaciones de ningún tipo, permitirá que la Comisión se esfuerce por alcanzar los fines que, hasta ahora, no haya podido alcanzar, transmita sus capacidades a las instituciones ordinarias incluida su experiencia habida, con el análisis de sus éxitos y de sus fracasos, y cierre sus operaciones y oficinas con el orden que debe realizarse. Además de su acierto para evitar improvisaciones, la decisión ha gozado de absoluta transparencia y ha sido ampliamente divulgada. A estas alturas surgen algunas preguntas que vale la pena responder, así como la repetición de algunos errores conceptuales que es bueno corregir.
La CICIG no es parte de la Organización de las Naciones Unidas y es incorrecto referirse a esta como una oficina de la Organización, tratándose de una Comisión Internacional concebida, originalmente, para funcionar por dos años y que, por las prórrogas acordadas, a su finalización, habrá funcionado doce.
Los funcionarios de la CICIG no son funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, no siéndolo quien la preside ni ninguno de ellos.
El Estado de Guatemala no ha comunicado a la Comisión que su mandato no será renovado sino a la ONU, la Organización con la cual la estableció, su única contraparte en el tratado celebrado. Ha funcionado financiada por nosotros (aportes no monetarios) y por países donantes que libremente han querido hacerlo, países que, sin embargo, no son parte del tratado.
El otro tema surgido, ya no en torno a la Comisión y la finalización de su mandato sino del profesional que la dirige, vale la pena señalar que el tratado celebrado da la potestad de designarlo –sin más– al secretario general de las Naciones Unidas, no existiendo en el mismo la figura de un subcomisionado y que, en todo caso, el funcionamiento de la Comisión –de conformidad con el tratado– se encuentra sujeto a nuestras leyes, la Constitución, la primera y a las otras, encabezadas por el tratado (tratado en materia de Derechos Humanos), siendo obvio que sobre este tema, el del Comisionado y su actuación, existe controversia entre las partes, controversia que, de conformidad con el artículo 12 del tratado son las partes, es decir, la ONU y el Gobierno de Guatemala, quienes deben resolverla.
La legalidad de los actos de gobierno –de sus actos reglados– es susceptible de control judicial, pero no así la oportunidad y conveniencia de los mismos, aspecto político, sujetos estos, en lo político, a control político pero no judicial, sabia fórmula que –para bien– aleja a los jueces de la política y de sus inevitables vericuetos y entredichos.
El artículo 12 ha empezado ya a operar y la controversia –señalado así, incluso, no solo por este artículo del tratado, sino por nuestro tribunal constitucional– debe ser resuelta por las partes.
Como electores, estamos a menos de cuatro meses de ser convocados a las urnas electorales, y si temas como estos se hacen temas de campaña nos podremos expresar sobre los mismos y otorgar a las autoridades que lleguemos a elegir el mandato que queramos.
La libertad de expresión es clave para la consolidación de la democracia. Y la labor de informar es fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Por supuesto que los intereses son variados y cada uno prioriza lo que es de interés público según sus propios criterios. Los periodistas tenemos la labor de determinar qué es de interés público para nuestras audiencias, por eso cada medio tiene sus propios enfoques.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros. Pero si los hechos afectan el diario vivir de la sociedad, desde lo moral hasta lo político, pasando por lo económico, lo social y lo cultural, seguro que son hechos de interés público.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros.
Para esta determinación también existen los factores de interés periodístico, cuyo número varía dependiendo del teórico que los mencione. Personalmente me gusta la categorización que hacen Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de Periodismo.
Según ellos, el primero de los factores debe ser la actualidad pues si un suceso no tiene esa cualidad, difícilmente será de interés público ya que los hechos entre más viejos, menos importantes se van haciendo para las personas, excepto que haya elementos novedosos que les impregnen de una nueva actualidad.
Y existe un factor que quizás sea un poco polémico. Se trata del conflicto. Los autores afirman que todo lo que tiene un punto de conflicto, es decir que parte las opiniones en grupos casi proporcionales, entonces es un factor que marca interés
periodístico.
En realidad, Leñero y Marín hablan de 11 factores, aunque en su Manual de Periodismo Independiente, Deborah Potter solo menciona siete.
A mi juicio, los ya mencionados, junto con la proximidad, podrían ser los más importantes. Y es que la proximidad nos marca razones físicas y psicológicas para que alguien se interese sobre un suceso.
Es decir que puede interesarle por su proximidad física (distancia entre lugares) como por su proximidad psicológica (relación mental con el lugar del suceso).
La prominencia también es importante resaltarla porque nos indica la importancia que tiene la persona o la entidad de la que se habla. Para un alto número de guatemaltecos, por ejemplo, resultará de elevado interés lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, pues un elevado número de habitantes practica dicha religión. Así, lo que diga el Papa o haga el Vaticano, serán asuntos de interés público, no sólo en Guatemala sino en muchos otros países.
Les escribo hoy sobre este tema, porque es importante que entendamos la labor periodística desde el punto de vista de quien emite la información para que le interese a quien la recibe. Y es que es la idea de este gobierno: “Informar lo que se tenga que informar”, para que las personas estén bien informadas y puedan tomar mejores decisiones para sus vidas.
Rodolfo Zelada
Periodista
La eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista. Los números no mienten. Solo al revisar la cuantificación total de todo lo incautado, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre último, a este sector del crimen organizado y compararlo con el mismo período del año pasado, se establece que en el transcurso de 2024 hay una diferencia de 829 millones 986 mil 505.78 quetzales, más de lo registrado en 2023.
Datos del Quinto Viceministerio Antinarcóticos, del Ministerio de Gobernación, dirigido por Werner Ovalle, detallan que, en el transcurso de este año, el avalúo total de bienes incautados a estos grupos asciende a 1 mil 740 millones 611 mil 417.26 quetzales, contra los 910 millones 624 mil 911.48 quetzales en que se valoró el rubro total de lo decomisado en el mismo lapso del año pasado.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con el apoyo de otras instituciones.
El rubro destacado en las estadísticas se centra en las 10.8 toneladas de cocaína incautadas en el presente período, cuyo valor supera los 1 mil 107 millones de quetzales; que superan por mucho las 3.5 toneladas decomisadas en 2023, las cuales están valuadas en 356.9 millones de quetzales.
Los resultados de las acciones antinarcóticas también reflejan números superiores a los del año anterior en cuanto a la confiscación de marihuana, crack, dinero en efectivo, especialmente en dólares y euros; vehículos, embarcaciones y armas de fuego.
Además, la cifra de personas detenidas alcanza los 971 casos, 292 más que en 2023 cuando ocurrieron 679 aprehensiones. En este último renglón cabe resaltar que entre los capturados hay 13 con fines de extradición a Estados Unidos.
Mientras tanto, en materia de erradicación de plantaciones ilícitas, los registros dan cuenta de 1.4 millones de matas de marihuana y 1.5 millones de matas de amapola, en 2024, mientras que en el período anterior fueron 1.1 millones de marihuana y 667 mil 398 de amapola.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con apoyo de otras instituciones del Estado, así como de organismos internacionales y coordinación bilateral con fuerzas antinarcóticas de otras naciones, respaldo que da sustento y credibilidad a lo actuado por el Quinto Viceministerio y al Ministerio del Interior en general.
Las cifras descritas anteriormente, así como otras muchas que se manejan en los registros sirven para que agencias antinarcóticas internacionales, así como tanques de pensamiento puedan evaluar la gestión de las autoridades.
Sin embargo, existen personas y grupos, especialmente opositores al actual gobierno, que aseguran que no hay datos oficiales. Puede ser por desconocimiento o ignorancia. Lo cierto del caso es que acá puede aplicarse el dicho que reza: “No hay peor ciego que quien no quiere ver” y en este caso específico, como lo digo al principio de la columna, la eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista.
Por lo mismo, considero preciso, por medio de este espacio, reconocer la labor realizada hasta el momento, esperando que conforme transcurra el tiempo los logros puedan hacerse más evidentes, incluso con el apoyo de la ciudadanía, con el afán de hacer valer el actual eslogan de las fuerzas antinarcóticas: “Una Guatemala libre de drogas, es tarea de todos”.
Natalia González Bañados
Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Preocupa el rumbo que está tomando la reforma de pensiones tras la firma del protocolo de acuerdo. Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran una caída de los cotizantes del sistema de AFP, encontrándose la mayor baja interanual en los diversos segmentos de cotizantes jóvenes.
A diferencia de lo que plantea la ministra del Trabajo que ha expuesto, sin antecedentes, que esa caída se debe a que las administradoras estarían deslegitimadas, los expertos asignan esa baja a los mayores niveles de informalidad en el empleo y al estancamiento de la situación económica.
Hay quienes sostienen que la reforma tendría un costo fiscal enorme.
Al mismo tiempo, los datos revelan que la población chilena está en un acelerado proceso de envejecimiento, lo que impacta en el número de ocupados jóvenes. Por ello, no se entiende que la reforma busque poner las fichas en ese grupo etario para sostener la solidaridad que se pretende bajo la figura de un empréstito, en que parte de la cotización adicional de las generaciones jóvenes no se destinaría a sus cuentas individuales de ahorro para la vejez, sino que sería prestada al Estado durante 20 años.
Hay quienes sostienen que postergar la reforma de pensiones tendría un costo fiscal enorme dada la necesidad de reforzar el pilar contributivo, pero lo que no se entiende es cómo sería sostenible el sistema que se propone si la primera y pesada piedra se carga a una generación de personas que es cada vez menor en número y con altos y crecientes niveles de informalidad laboral, situación respecto de la cual no solo parece hacerse poco y nada, sino que se legisla para agravarla. Tampoco se entiende que bajo este “seguro social” se regrese a la idea de introducir un componente de reparto en el sistema con otro formato y con visos “nocionales” (modelo antes desechado y fuertemente criticado por la oposición).
El hecho de que sea “transitorio”, por 20 años y, en principio, más acotado en cuanto a los beneficiarios, no hace más leve la falta, considerando que la experiencia muestra que no hay nada más permanente que las políticas transitorias y nada más creciente que lo que en principio intentó focalizarse. Pero, además, la tasa de interés a la que los jóvenes prestarían recursos al Estado sería más baja comparada con otras a las que este se endeuda y con la que ofrece el sistema de AFP.
Ello deviene en que la propuesta de un gobernante joven sea, paradojalmente, muy injusta para los propios jóvenes que, cuando se jubilen, no recibirán
beneficios.
