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Diputados definen agravantes contra “coyotes”

Nueva ley toma en consideración si el migrante es menor o si es mujer embarazada, entre otras causantes.

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Las reformas a la Ley de Migración, aprobadas el martes recién pasado por el Congreso de la República, consideran ocho agravantes para incrementar las penas de prisión contra quienes trafican personas.

Las modificaciones establecen prisión de 10 a 30 años a quienes se dediquen al “tráfico ilícito de personas” y “tráfico ilegal de guatemaltecos”, y detalla que la pena en ambos casos “será aumentada en dos terceras partes” si se incurre en ocho agravantes.

Las causantes consideran si el migrante es menor de edad, si es mujer en estado de gravidez (embarazo) y si pone en peligro la vida, integridad o salud de los viajeros, además de tomar en cuenta las condiciones o medios en los que se ejecute el hecho o se cause grave sufrimiento físico o mental.

A los agravantes citados se suma si el autor o partícipe es funcionario, empleado público o notario, si el hecho se ejecuta por un grupo de tres o más personas, si se trata de delincuencia organizada o si el migrante es víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se incluye si media la privación de libertad en el extranjero o si se es víctima de otros delitos de cualquier orden o fallece.

“En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”, se remarcó.

Las definiciones

De acuerdo con la ley, comete el delito de “tráfico ilícito de personas” quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de uno o más extranjeros.

La Ley refiere que el delito de “tráfico ilegal de guatemaltecos” lo comete quien (por las mismas razones que en el caso de los extranjeros) capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier medio a guatemaltecos para emigrar a otro país, sin cumplir con los requisitos legales.

Los cambios que endurecen las penas fueron aprobadas dos semanas después de que el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley. Foto: Danilo Ramírez
Rodrigo Pérez Fotógrafo: Noe Pérez
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Canícula será corta y lluvias se retrasarán

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La canícula, que representa una disminución de lluvia, se manifestará entre la segunda quincena de julio y primera de agosto, con la característica de que no será prolongada. 

Eso significa que lloverá más este año, aunque el ingreso del invierno se retrasará, de acuerdo con especialistas en materia climática.

Un informe de meteorólogos, quienes integran el Foro del Clima de Centroamérica, detalla que, en el caso de Guatemala, la temporada lluviosa, que normalmente ingresa a mediados de mayo, se retrasará hasta junio, por lo que habrá condiciones deficitarias. 

En el presente mes continuarán registrándose elevadas temperaturas, ingreso de humedad en ambos litorales, aunque no se descartan aguaceros de carácter local; es decir, solo en algunos sectores del país. Para junio y julio habrá condiciones de excedencia de precipitación en la mayor parte del territorio nacional. 

Los mayores acumulados de lluvias se esperan en la Boca Costa, Norte de Quiché, Occidente, el Caribe, sur de Petén, Franja Transversal del Norte (FTN), este de valles de Oriente y el Pacífico.

Temperaturas

En cuanto al máximo promedio de temperaturas para mayo, las más altas serán en Petén y oscilarán entre 38 a 40 grados; la FTN, el Caribe y Boca Costa, 34 y 38, y el resto del territorio, entre 18 a 30.

El mencionado foro explicó que en el mar Caribe el calentamiento ha sido sostenido. Para los próximo meses, ese punto y el Atlántico se mantendrán con temperaturas más altas que las normales, lo que favorecerá una temporada activa de ciclones tropicales. 

Existe la posibilidad de que se desarrolle una tormenta tropical en mayo y otra en junio, por lo que no se descarta la influencia directa o indirecta sobre el país y resto del Istmo.

Gustavo Villagrán
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Reactivarán proyecto de pozo 

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Para abordar el desafío del suministro de agua en Canalitos, zona 24 capitalina, se reactivará el proyecto del pozo C2, ya que el concejo municipal aprobó la adquisición del equipamiento necesario, cuya inversión supera los 3 millones de quetzales; sin embargo, la iniciativa ha generado opiniones divididas.

Algunos vecinos se resisten a su implementación, ya que argumentan que el agua beneficiará a diversas áreas en lugar de los pobladores locales; mientras que otros apoyan las acciones y de manera conformista piensan que al menos serán beneficiados.

Más de un cuarto de siglo

Esta controversia ha mantenido estancada la obra por 26 años, desde 1998. No obstante, el alcalde Ricardo Quiñónez ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo mediado.

En ese sentido, Jesús Samayoa indicó que es mentira que quieran favorecer el perímetro; al contrario, lo quieren para varias zonas; en tanto, Alfredo Carrera dijo que un grupo de personas no quiere porque está en un proceso de rebeldía. “Yo considero que es para bienestar de la comunidad”, afirmó. 

La problemática 

Canalitos ha tenido una lucha histórica con el agua, como lo confirmó Leslie Jacobo, quien señala que no tiene servicio desde hace tres años, problema que afecta la salud de su familia y la economía, ya que debe que comprar el líquido y adicional deben pagar el recibo de cada mes. “Son más de 80 quetzales, y es por gusto”, aseveró.

Además, Francisca del Cid refirió que en su caso recibe el vital líquido por tres o cuatro días y el resto no. “Nosotros, gracias a Dios, tenemos por varios días, pero estamos conscientes de que en varias áreas es muy crítico”. Por otra parte, Juan Carlos Caballeros, encargado de obra gris, detalló que la excavación del C2 empezará esta semana y que el proyecto quedará listo aproximadamente en agosto. 

Wendi Villagrán
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Convenio fortalecerá el sistema de salud del país

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Para fortalecer el sistema de salud pública que por décadas ha enfrentado carencias, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) firmó convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que tendrá un presupuesto de 900 millones de dólares. 

De este, se destinarán 90 millones de dólares para fortalecer la gestión y administración de los servicios de salud, que incluye procesos de compras y adquisiciones utilizados por el MSPAS. 

Además, se contempla una inversión de 440 millones para la adquisición de equipos médicos, basados en los requerimientos de 45 hospitales, con un promedio de 2 millones por año por centro asistencial. 

Hospitales como Roosevelt y San Juan de Dios recibirán una inversión estimada de 10 millones cada uno por año. Por otro lado, se prevé hasta 360 millones de dólares para la adquisición de medicamentos. Oscar Cordón, titular de Salud, aseguró que este convenio garantizará untratamiento riguroso de auditoría, revisión de procedimientos, así como mecanismos de transparencia y comunicación constante, bajo los estándares del sistema de las Naciones Unidas. 

En tanto, Andrea Calvaruso, director de Unops, indicó que los recursos de adquisición de la entidad garantizan la transparencia y fomenta una mayor participación de oferentes y con ello buscan ampliar las opciones de abastecimiento del ministerio, con estándares de calidad
establecidos. 

Wendi Villagrán
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