EN EL PAÍS
Diprona detiene a 291 personas por delitos forestales y ambientales
Del pasado 6 de abril a la fecha, 291 personas han sido detenidas por delitos forestales y contra el ambiente, por parte de agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Estos y otros datos fueron dados a conocer en una reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación interinstitucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal, la cual dirigió el vicepresidente Jafeth Cabrera.
Las acciones de Diprona están enmarcadas en el Plan Jaguar Nocturno I, que del 22 de marzo al 5 de abril inició con la fase de análisis y recopilación de información para contrarrestar dichas faltas y, a partir de abril, con la ejecución, dijo Josué Herrera, de la referida dependencia de la PNC.
Herrera expuso que en ese lapso se han incautado 119 automotores, 19 de maquinaria pesada, 4 vehículos acuáticos, 25 armas de fuego y 73 motosierras, involucrados en los delitos.
De producto forestal, se han decomisado 575.45 metros cúbicos de madera, 690.2 metros cúbicos de leña, 31.19 metros cúbicos de carbón, 500 metros cúbicos de otros derivados de productos forestales y 17 metros cúbicos de flora silvestre, como ramilla de pinabete, según las estadísticas de Diprona.
Respecto a la fauna, se han rescatado 70 mamíferos silvestres y 388 reptiles. Asimismo, 859 metros cúbicos de minerales no renovables, añadió el oficial de Diprona, quien refirió que el plan culmina el 15 de noviembre.
El vicegobernante reconoció el aporte de la dependencia de la PNC, e hizo el llamado para aunar más los esfuerzos. “Debemos fortalecer la institucionalidad para cumplir con las políticas de protección del medioambiente”, manifestó.
Durante un en vivo en Tik Tok, el presidente Bernardo Arévalo fue cuestionado sobre qué pensaba del proceso de interpelación en el que se encuentran cinco ministros de su Gabinete. Respondió que lo único que buscan es entorpecer el funcionamiento del Gobierno.
“Tengo a un ministro de Relaciones Exteriores, el responsable de la política exterior del país, quien debe organizar y coordinar”, pero no puede salir porque está en la cola para ser cuestionado por razones tontas, afirmó el mandatario, al considerar que lo que más les interesa “es entorpecer el funcionamiento” del Ejecutivo.
El jefe de Estado reiteró que son cinco funcionarios quienes tienen que estar todos los jueves sentados en el Congreso, en vez de estar trabajando en sus carteras. “Esto lo hacen para frenar la capacidad del Gobierno de laborar, y eso al único que daña es al pueblo de Guatemala”, manifestó.
Los titulares de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez; de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, y de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, esperan rendir cuentas ante el Legislativo, mientras el responsable del despacho de Gobernación, Francisco Jiménez, avanza en el proceso.
El gobernante estuvo acompañado del ministro de Agricultura, Maynor Estrada, con quien abordaron distintos temas; entre ellos, víveres que han entregado a familias que viven en inseguridad alimentaria; apoyo a pequeños agricultores y caficultores y medidas que se están tomando para proteger los cultivos ante el exceso de lluvias.
Un Tribunal de Apelación de Ginebra, Suiza, confirmó ayer una condena de 14 años contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Erwin Sperisen.
La sentencia no implica que el exfuncionario volverá a prisión, pues ya ha pasado once años recluido, incluyendo un período bajo arresto domiciliario, lo que es más de dos tercios de la pena impuesta por su presunta complicidad en la ejecución de siete prisioneros en la cárcel Pavón en 2006.
Esta es la cuarta vez que Sperisen es juzgado en Ginebra, en una sucesión de procesos que se han prolongado por más de 12 años.
El exdirector de la PNC acusó de negligencia a la Justicia de Ginebra y dijo que seguirá luchando por su reputación, “y demostrar que todo lo que esta gente se ha inventado no es cierto”.
Comentó que su interpretación del veredicto de ayer, es que para el tribunal modificar su opinión implicaría reconocer que han hecho las cosas mal.
Florian Baier, uno de los abogados de Sperisen, criticó que el Tribunal juzgó a su cliente, “sin entender ni investigar los hechos en el terreno y sin escuchar a ningún testigo”.
En los primeros juicios, el sentenciado fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero esta pena fue rebajada posteriormente a 15 años en un tercer proceso, en 2018, por considerarlo cómplice y no coautor de los hechos.
La interpelación al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, acerca de asuntos de seguridad, fue suspendida por séptima ocasión en el Congreso de la República, luego de que ayer terminó de responder las 20 preguntas básicas que le realizó la diputada Sandra Jovel.
Aunque la legisladora comenzó las repreguntas, el interrogatorio fue frenado, pues se rompió el cuórum, por lo que el presidente del Legislativo, Nery Ramos, levantó la sesión. El juicio político se retomará el próximo jueves, según lo establecido.
