NACIONALES
Contralor denuncia a exfuncionarios
Por considerar que pudieron haber incurrido en actos ilícitos, el contralor general de cuentas, Carlos Mencos, denunció penalmente a los exfuncionarios del ente fiscalizador que analizaron el contrato de usufructo suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Por considerar que pudieron haber incurrido en actos ilícitos, el contralor general de cuentas, Carlos Mencos, denunció penalmente a los exfuncionarios del ente fiscalizador que analizaron el contrato de usufructo suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Según el funcionario, para la emisión del dictamen correspondiente no se habrían tomado en cuenta opiniones internas sobre las implicaciones legales del acuerdo, “por lo cual quedará en manos del Ministerio Público establecer los posibles delitos”, en los que pudo resultar relacionada la excontralora Nora Segura.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha empezado a tener acercamientos con diferentes bufetes jurídicos, con el propósito de determinar cuál sería el más idóneo para llevar el caso de la nulidad del contrato con TCQ, dijo Eugenia Villagrán, titular de esa institución.
Buscan desvirtuar testimonio
En los tribunales, los abogados de los acusados de cometer fraude por el contrato otorgado a la empresa TCQ argumentaron ante el juez Miguel Ángel Gálvez contra las declaraciones de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz.
César Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez Molina, solicitó la falta de mérito, aduciendo que Monzón no dice la verdad, y resaltó que en el usufructo no se invirtieron fondos del Estado.
En la audiencia
Fernando Guerra, abogado de la exvicemandataria Roxana Baldetti, señaló de “mentiroso” al testigo, mientras que Juan José Suárez, representante legal de la empresa TCQ, manifestó que es “una gigantesca y burda mentira” lo dicho por el colaborador, quien implica a los acusados en un supuesto fraude.
Solicitan opinión
En reunión con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, el comisionado presidencial de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy, indicó que se solicitó a la Procuraduría General de la Nación su opinión sobre la legalidad de unos 15 usufructos en la Empresa Portuaria Quetzal, suscritos entre 2012 y 2013 por Allan Marroquín y Julio Sandoval, entonces interventor y subinterventor de la entidad.
“Se busca determinar si la firma de estos acuerdos era facultad de los señalados”, resaltó Godoy.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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