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NACIONALES

Congreso busca evitar la quiebra de las mipymes

Crean régimen legal que beneficia al deudor y previene despidos masivos por bancarrota.

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La Ley de Insolvencias, que promueve la certeza jurídica y facilita el acceso a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), fue aprobada por el Congreso de la República y se convierte en una normativa que permitirá evitar la quiebra por deudas.

El Decreto 8-2022 “otorga confianza legal en los procesos de insolvencia, facilita el acceso a crédito a las mipymes, brinda la oportunidad de limpiar el historial crediticio de los deudores y crea un régimen jurídico de beneficio para el deudor y el acreedor”.

80 por ciento se reduce el tiempo de negociaciones en caso de quiebras.

Con la legislación anterior, el emprendedor, cuando caía en bancarrota, no podía negociar para bajar la deuda y enfrentaba juicio penal que se alargaba de 2 a 10 años, mientras sus bienes eran embargados y su historial empresarial quedaba manchado; incluso, con antecedentes penales que le evitan financiamientos posteriores.

Nuevo marco legal

“Ahora, se creó el marco jurídico justo para el deudor, al implementar un proceso concursal ágil, que reduce hasta un 80 por ciento el tiempo de las negociaciones, fuera de que acelera el plazo de recuperación de créditos”, se explicó.

La normativa en mención señala el proceso que facilita que, en pocas audiencias y en un período relativamente corto, se tome la decisión sobre si se desea reorganizar o liquidar los bienes.

De esa cuenta, cita el decreto, a partir de ahora, el Ministerio de Economía deberá crear el Registro de Procesos y Administradores Concursales, para inscribir a los profesionales preparados que cumplan los requisitos y tengan autorización de asumir el rol de administrador concursal.

Por su parte, a los acreedores, la Ley los beneficia “con un proceso rápido, mediante el cual recuperarán los préstamos”.

De igual manera, se les faculta para proponer planes de simplificación, así como elegir al administrador concursal e incidir en la liquidación y reorganización de la empresa. Con estos beneficios, recuperarán su dinero más rápido sin perder recursos debido a la inflación”.

El Ministerio de Economía tiene la responsabilidad de crear el Registro de Procesos y Administradores Concursales. Foto: Herbert García
Rodrigo Pérez Fotógrafo: Alberto Álvarez
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Parte acusadora no se presentó ante pesquisidora

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La Comisión Pesquisidora que analiza el expediente 246-2023, que abre proceso de antejuicio en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitará un análisis jurídico para determinar el proceder del caso, dado que el denunciante del presunto delito, el exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Víctor Guerra, no se presentó ayer ni envió excusa para no comparecer en el Congreso de la República.

Además, los representantes del Ministerio Público (MP) remitieron un oficio en el que se excusaron para no llegar ante los miembros de la postuladora, presidida por parlamentario electo por Movimiento Semilla Luis Cáceres. En ese contexto, Román Castellanos, Mario Gálvez, Rodrigo Pellecer y Mynor De la Rosa, miembros integrantes, coincidieron en esperar hasta el lunes 13 de mayo el dictamen para continuar correctamente, debido a que no se contó con una parte vital en el proceso.

Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco fueron señalados de supuestas irregularidades, como actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado durante la segunda vuelta electoral de los comicios generales de 2023.

La Comisión Pesquisidora tiene como objetivo establecer la existencia o veracidad de hechos que puedan o no ser conocidos por un juez del ramo penal, para luego entregar un
informe circunstanciado, tras lo cual el Pleno del Congreso votará si declara con lugar lo
solicitado.

Giovanni Pérez
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Se agiliza construcción de Hospital de Ixcán

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La continuación del levantado del Hospital de Ixcán, Quiché, abandonado por el gobierno anterior, fue reanudada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y se prevé que empiece a funcionar a finales de año.

“Retomamos la construcción de ese centro. Vamos a completar la infraestructura y, obviamente, el equipamiento y recurso humano”, afirmó Linda Valencia, viceministra de Hospitales de la citada
cartera. 

La funcionaria indicó que se conformó una mesa técnica de trabajo, en la que participan los viceministerios de Hospitales y de Atención Primaria, así como la Dirección de Construcción de la cartera y la jefatura de las Direcciones Redes Integradas de Salud (DRIS). 

“El avance físico de la obra es de un 35 por ciento y el financiero, del 18”, aseguró Irene Lanza, coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, de primer nivel, de la zona 2 de
Ixcán.

La entrevistada recordó que cuando son casos de emergencia los pacientes tienen que ser trasladados a hospitales de Cobán, Quiché, Petén o ciudad capital y, a veces, mueren en el trayecto. 

El contexto

Una investigación del Diario de Centro América (DCA) sacó a luz que la administración de Alejandro Giammattei dejó, en dicho municipio, un Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) como hospital nacional, el cual  quedó en situación deplorable y sin capacidad para ofrecer atención digna y completa a unos 120 mil vecinos.

La instalación se ubica dentro de la Sexta Brigada del Ejército y durante 22 años ha funcionado en condiciones no aptas. Además, pese a que en 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina inició la construcción del Hospital de Ixcán, la obra quedó a medias por falta de pago a la empresa responsable.

Rodrigo Pérez
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Avanza anteproyecto de ley de vacunación

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En instancia de Jefes de Bloques del Congreso se decidió ayer que durante esta semana se conocerá, en tercer debate, el proyecto de decreto sobre la ley de vacunación.

La propuesta 6081, que continuará su proceso ante el Pleno del Legislativo, pretende que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destine los recursos necesarios para la inoculación para distintas enfermedades como el Covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH).

La normativa también contempla que la cartera recomiende el Esquema Nacional de Vacunación para que se suministren las dosis. Sumado a que crea el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi) como un órgano de carácter consultivo y asesor científico en el tema.

Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR),  refirió que en el mundo hay 27 biológicos  que previenen 40 enfermedades, y si en Guatemala se esperan 370 mil nacimientos anuales, igual número de madres debería ser inmunizado; por ello, la importancia del anteproyecto de decreto.

Continúa ley de competencia

Dentro de los órdenes del día para las plenarias del 7 y 9 mayo también fueron incluidos la redacción final de los proyectos para la creación del centro único de contacto y número único de llamadas de emergencia y la Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Campesina, así como el tercer debate de la propuesta de competencia, la cual estaba programada para leerse la semana pasada; sin embargo, por falta de quorum no se conoció. Esta es evaluada en la Comisión de Finanzas, donde hay más de 90 enmiendas planteadas.

Giovanni Pérez
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