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EDITORIALES

Compromiso con la probidad y la ética

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Cuando asumió el cargo, el año pasado, una de las primeras acciones impulsadas por el presidente Alejandro Giammattei fue la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción.

Con dicho instrumento el Gobierno de la República asumió el compromiso de trabajar de manera interinstitucional, para combatir el citado flagelo en las esferas del Estado.

Por medio de la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC), el Ejecutivo trabaja de manera coordinada en esa línea con el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y las superintendencias de Bancos (Sib) y de Administración Tributaria (SAT).

Ayer, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el mandatario Giammattei ratificó su compromiso por continuar luchando contra dicho acto ilícito y reiteró su convicción de reafirmar la integridad y transparencia en el actuar de las instituciones del Estado.

Por ello, se continúa promoviendo la transparencia, la ética, la probidad, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos, así como apoyando las iniciativas orientadas a fortalecer la institucionalidad pública, mediante la coordinación de acciones con la comunidad internacional, el sector privado y la ciudadanía.

La CPCC es el ente encargado de realizar investigaciones administrativas en todas las dependencias del Organismo Ejecutivo y de presentar las denuncias ante las instituciones correspondientes.

El Convenio de Cooperación signado el año pasado, y ratificado ayer por las instancias que la rubricaron, permite multiplicar los esfuerzos que realiza cada institución y, de manera coordinada y conjunta, se previene y combate la corrupción.

Un aspecto relacionado con el combate de hechos ilícitos en las instituciones públicas es la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, que permite disminuir la corrupción, porque elimina la discreción. Son acciones que están sentando las bases para un cambio profundo en el servicio público.

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EDITORIALES

Mejor movilidad humana y comercial

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Es satisfactorio para los guatemaltecos saber que los impuestos que pagan regresan a sus comunidades, en proyectos que contribuyen a fortalecer el desarrollo económico familiar, municipal, departamental y, en consecuencia, del país.

Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se han ejecutado obras de infraestructura vial, como parte de las prioridades en respuesta a las necesidades de la población.

Estas han sido promovidas en coordinación con las autoridades locales, respondiendo a la premisa del gobernante de que la unidad es importante para resolver los problemas.

La participación de los consejos de desarrollo es valiosa en estos procesos, pues son el enlace de las comunidades con las instituciones del Ejecutivo, encargadas de coordinar los proyectos que se gestionan ante el gobierno central. 

El mandatario supervisa personalmente cada uno de los programas aprobados, con el fin de garantizar que se cumplan los tiempos establecidos, la calidad de los proyectos y el uso transparente del presupuesto para los mismos.

Una de las obras terminadas y entregadas ayer por el jefe de Estado a la población es el paso a desnivel Alux, ubicado en el kilómetro 28.4, en San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

El proyecto beneficiará a 23 mil personas que transitan diariamente por la CA-01 Occidente, además de dinamizar el intercambio comercial, ya que la mencionada ruta es una de las más importantes del país, pues conecta a los departamentos del Altiplano con la capital.

Se trata de una obra con la cual soñó la población, que comenzó a ser construida hace cinco meses y ahora es una realidad. Además trae soluciones a los problemas de transitabilidad y transforma vidas, que es lo más importante.

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Ampliación al subsidio de combustibles

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La crisis económica mundial, generada por diferentes factores, ha impactado en las finanzas de los guatemaltecos, quienes se han visto afectados por el incremento de los precios de algunos productos esenciales.

Debido a esta situación, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tomado acciones para apoyar a la población, y entre las iniciativas se puede mencionar el apoyo a los consumidores de gas propano, por medio del subsidio al citado insumo, lo cual favorece a los usuarios.

El Ejecutivo también promovió en el Congreso ampliar la ayuda económica a los consumidores de gasolinas y diésel, que se encarecieron debido al conflicto vigente entre Rusia y Ucrania.

El pasado martes, el Gobierno de la República envió al Congreso otra iniciativa de ley, que modifica el monto del subsidio a la gasolina regular y al diésel, que eran los únicos que contaban con ese apoyo, con Q2.50 y Q5, respectivamente, y amplía el aporte a la gasolina superior.

Afortunadamente, los diputados aprobaron ayer de urgencia nacional el apoyo económico temporal a los consumidores de carburantes, por un período de dos meses, tal y como lo solicitó el Ejecutivo.

De esa cuenta, el Decreto 28-2022, respaldado por el Congreso, establece que el subsidio al galón de gasolina superior, que antes no gozaba de este beneficio, será de Q5, e igual monto para el de la gasolina regular, así como de Q7 para el diésel.

La nueva normativa, que reformó el Decreto 20-2022, pretende mantener los precios de la canasta básica en el ámbito nacional, de los servicios del transporte y de otras necesidades de la población guatemalteca.

La fuente de financiamiento del apoyo temporal son los saldos de caja que provienen de la buena recaudación de 2021, por lo que no se afectarán las finanzas del Estado.

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Avances en la rendición de cuentas

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Entre las acciones que impulsa el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, está la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público.

Con ello se pretende cristalizar los procesos en relación con los proyectos, para que la población pueda enterarse cómo marchan los mismos y en qué se está invirtiendo el dinero producto de sus impuestos.

Se ha puesto en marcha una serie de acciones que incentivan la fiscalización o auditoría social sobre los programas a cargo de las instituciones públicas, como los ministerios y secretarías, entre otras instancias que manejan fondos del Estado.

La Política Nacional de Datos Abiertos es una de las iniciativas que promueve tales ejercicios ciudadanos, y la entidad encargada de monitorear los resultados es la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob).

Entre sus beneficios se menciona que se puede analizar libremente los ingresos y gastos gubernamentales. Los ciudadanos pueden conocer las inversiones en infraestructura y se promueve la participación dinámica en la toma de decisiones sobre temas relevantes.

Las autoridades de la mencionada comisión y del Mingob presentaron ayer los resultados del programa, correspondiente al período 2018-2022, en los cuales se pudo constatar el cumplimiento de metas establecidas en la política, los avances de las estrategias e implementación del Portal Nacional de Datos Abiertos.

En el índice de cumplimiento, las entidades mejor evaluadas superaron una ponderación de más de 8.1 de calificación, y son 12 instituciones las que lograron el nivel alto.

Las variables evaluadas fueron los Comités de Datos Abiertos conformados, el porcentaje de información publicada en los portales web, los conjuntos de cifras dadas a conocer en el Portal Nacional de Datos Abiertos y la información de normas legales, entre otras.

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