COLUMNAS
¿Combatir los delitos, con delitos?
Ya, en diferentes ocasiones, hemos abordado el tema de que un Estado que combate los delitos, con delitos, se hace –igualmente– delincuente, drama que ya hemos vivido en el pasado –tragedia– y que recurrente se presenta. ¡No aprendemos! como una sempiterna tentación amenazante. De igual forma, el Estado que combate los ilícitos, con ilícitos, se sumerge, como aquellos, en la misma ilicitud. Viene esto a cuento, una vez más, porque la Superintendencia de Administración Tributaria, por tratar de hacer un bien –aunque sumamente sospechoso todo lo actuado démosle el beneficio de la duda– la persecución de la defraudación tributaria y del evasor fiscal se ha hecho defraudadora de lo que constituye el Estado de derecho y evasora de la Ley. Esta Superintendencia –aunque usted no lo crea– algo digno de Ripley se autorrecetó un órgano no previsto por la Ley, asignándole funciones que la Ley no establece, ni siquiera, ni para aquella como un todo, y –para colmo de males– lo ocultó (para no ser impugnada), omitiendo la publicación en el Diario Oficial, del reglamento que lo creaba y que le atribuía las funciones atribuidas –ilegales funciones– requisito necesario para que pudiera haber llegado a tener vigencia alguna. Inconcebible, por cierto –valga la digresión– que haya podido pretenderse que una entidad descentralizada (no se trata de un reglamento interno) reglamente la Ley. ¿Usurpación, acaso, de funciones? Como si no fuera suficiente, cuando, finalmente –casi dos años después de que la SAT (si competente era –no lo era, ni lo es– para emitirlo, debió de publicarlo) se decidió a hacerlo, se abstuvo de dotarlo de firmas responsables, y lo hizo con la insólita pretensión de que tomase vigencia –no desde la fecha en la que fue– finalmente publicado o en fecha posterior a la misma, sino de aquella en que supuestamente lo “sancionó”, y a partir de la cual se le tuvo oculto y –como que si fuese poco– que reformas que se le hicieron en el camino, ¡por favor! se aplicaran desde entonces, tal y como que si hubiese nacido reformado… ¡La SAT, el nuevo canasto de los milagros! Así como cierto es que la adecuada fiscalización y el requerimiento de que los impuestos se paguen como corresponde favorecen el Estado de derecho y que el Estado de derecho y la certeza jurídica favorece a la economía, cierto es que el terrorismo fiscal destruye la certeza jurídica, el Estado de derecho y el potencial desarrollo económico. Guatemala precisa de buenos recaudadores de impuestos, no de gánsteres para hacerlo. Precisa del correcto desenvolvimiento de los recaudadores dentro del ámbito de la Ley y no del atropello de las leyes. La Corte de Constitucionalidad ha puesto orden en este tema y suspendido –provisionalmente– la vigencia de las inconstitucionales normas que, a estas alturas, han causado gravámenes que son ya irreparables (artículo 30 inciso c del Código Tributario, la suspendida, provisionalmente). Si ilegalmente dada la información bancaria ¿Cómo recuperarla como que si jamás se hubiese producido? ¿Se puede recoger, acaso, el agua derramada? ¿Pegar una pieza de porcelana china, destruida en mil pedazos? La citada norma suspendida no ataca la diligencia de develar el secreto bancario –fundamental como lo es, si bien regulada, para bien de la deseada transparencia– sino el procedimiento secreto establecido sin intervención alguna del contribuyente vulnerando, así, derechos y garantías constitucionales, especialmente los de defensa, seguridad jurídica y debido proceso, creándose el espacio para un procedimiento paralelo al administrativo del Código Tributario y el RECAUCA normas que sí contemplan audiencia y defensa con el agravante –además– tal el abusivo resultado de la investigación puesta en manos de un órgano administrativo inexistente que –por sí y ante sí– calificaba “dudas razonables” por encima de las autoridades ordinarias. La liberación del secreto bancario
–es bueno recordarlo– no constituye innovación alguna (no hay tal descubrimiento del agua azucarada) siendo de giro ordinario para el Ministerio Público con el necesario y saludable control judicial. Es obvio que cualquier información obtenida ilegalmente no podría hacerse valer en juicio, pero no es esto suficiente para restaurar el orden perturbado: el hecho es que varios contribuyentes fueron agraviados, y que quebrantada fue la privacidad que debieron tener sus operaciones y cuentas bancarias ante autoridades que carecían de competencia alguna para vulnerarla, habiendo sido fuente de desprestigio para quienes la sufrieron. En todo esto subyace, además, la instrumentalización de las autoridades tributarias por monopolistas empeñados en preservar sus monopolios en su único beneficio y para perjuicio de todos, incluso a costa de que existan desnutrición y hambre, impedida la libre competencia de alimentos. ¿Será que no quiere aceptarse bajo circunstancia alguna la ya existente desgravación al 0 %? ¿Tanto les aterra la libre competencia que siguen instrumentalizando a autoridades del Estado, llevadas, incluso, hasta la ilicitud y el delito? Sin complicarse más que lo preciso –sin tener que llegar hasta los límites últimos de la infamia habida– atenida simplemente a la Ley, ha empezado la Corte de Constitucionalidad a poner orden en el tema, otras las instituciones llamadas a adentrarse en los hechos y al abuso de la norma inconstitucional, provisionalmente suspendida. En manos del Ministerio Público está que las ilegalidades perpetradas no queden impunes, que estas no se dieron por emanación espontánea sino que tienen autores y que tienen sus autores claros intereses servidos con las ilegalidades incurridas. A nada bueno puede conducir la defraudación del Estado de derecho y la evasión de la Ley, el combate de delitos con delitos y –con ilicitudes– el de las ilicitudes. ¿Aprenderemos, algún día, la lección? ¿No han sido suficientes los dramas y las tragedias habidas por no haberlo comprendido?
Consejo Editorial Conadi
Desde la pandemia de Covid-19, la inmunización se ha constituido como un tema de trascendental importancia, al ser una herramienta crucial para salvaguardar a nuestras comunidades. El acceso equitativo a la vacunación no solo constituye un componente esencial de la atención primaria de salud, sino que también se establece como un derecho humano fundamental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado que sin las vacunas, las epidemias de numerosas enfermedades prevenibles podrían resurgir, dando lugar a un aumento significativo en los casos de enfermedad, discapacidad y, lamentablemente, fallecimientos.
Por consiguiente, resulta imperativo tomar conciencia sobre la importancia de que los programas de inmunización sean accesibles para todas las personas, especialmente para aquellas que viven con alguna discapacidad.
La vacuna salva millones de vidas cada año.
La International Disability Alliance (IDA) ha emitido un llamado enérgico instando a los países a implementar planes de vacunación que prioricen a todas las personas con discapacidad. Este colectivo enfrenta barreras tanto actitudinales como ambientales que pueden obstaculizar su acceso a los servicios de salud, lo cual subraya la necesidad de una atención prioritaria.
Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad, según su condición, pueden estar especialmente expuestas a enfermedades infecciosas y correr un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Por lo tanto, la vacunación adquiere una relevancia aún mayor para proteger su salud y bienestar.
La Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Readis) ha destacado que las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable dentro de la población, lo que implica la necesidad de que los gobiernos garanticen y prioricen la vacunación para este segmento, independientemente de diversos factores como género, edad o tipo de discapacidad.
Para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad y crear un entorno seguro, es esencial incluir a asistentes personales, cuidadores familiares y trabajadores de servicios relacionados con la discapacidad en los programas de vacunación.
Esto supondría un avance significativo en la priorización de los sectores vulnerables que conforman nuestra sociedad. En el ámbito nacional, el Organismo Legislativo ha dado pasos importantes para garantizar el acceso a los programas de vacunación, como la aprobación en 2022 del Decreto 6-2022, Ley de Vacunación, normativa que garantizará la vacuna voluntaria y gratuita a todos los guatemaltecos y que hace posible la inmunización con pertinencia cultural en todos los departamentos del país.
La Semana Mundial de la Inmunización, celebrada del 24 al 30 de abril, nos brinda la oportunidad de unirnos al llamado global para garantizar programas de vacunación dirigidos a personas con discapacidad y sus familias. La salud es un derecho fundamental respaldado constitucionalmente, y su provisión debe ser equitativa y libre de discriminación.
Mary Macmillan
Facultad de Artes Liberales
En los últimos años se ha visto un aumento significativo en la producción de textos dirigidos a un público infantil. Numerosas editoriales tanto consolidadas como aquellas que conocemos como independientes han considerado explícitamente en sus catálogos a esos “locos bajitos”, como diría Serrat. Si visitan ferias de libros habrán notado esta oferta de libros colorinches, incluso para pre lectores con tapas duras, con una variedad de temas y estilos singulares que marcan cada propuesta editorial.
Los niños de hoy en día son “consumidores” de libros y los padres están dispuestos a invertir económicamente en este ítem. Sin embargo, ocurre un fenómeno curioso y preocupante: una vez que el niño supera la etapa de la infancia y entra a la adolescencia o a la preadolescencia, deja de leer o interesarse por comprar nuevos libros.
Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.
Por supuesto que siguen leyendo los textos de lectura obligada en sus colegios, pero ya no compran sus propios libros. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Intentaré dar algunas luces. Se supone que si un niño está familiarizado con el libro tanto como objeto como con el proceso de lectura seguiría de modo casi espontáneo con la lectura en niveles más complejos.
Pero no es así. Una primera respuesta a este problema radica en la enorme oferta de libros para niños que no poseen una suficiente calidad literaria que le permita hacer una experiencia de lectura significativa.
Muchos padres no lectores conciben la compra de libros para sus hijos como una inversión en términos de un capital informativo o de lectura como herramienta laboral. Pero la experiencia de lectura implica muchos aspectos que van más allá de lo informativo.
Un libro es un espacio en el que se nos introduce en un entramado simbólico, de tradiciones culturales previas, de estructuras narrativas complejas y también de belleza estética. Llenar al niño con libros colorinches no es necesariamente llevarlo a una competencia lectora.
En una experiencia de lectura el niño se plantea sus propias preguntas, cultiva un lenguaje rico en resonancias y connotaciones, sigue una narración de la que se hace parte con apuestas anticipatorias, rechaza o confirma finales, se mueve en planos morales sobre conductas o comportamientos de los personajes, etcétera.
La lectura es un acto complejo en el que la mediación de un adulto empático y criterioso sigue siendo de suma importancia. Es lo que la estudiosa de literatura infantil, Teresa Colomer, denomina como “implicación sociofamiliar”.
Esto porque “a menudo no hay adultos formando ese entramado socioafectivo en casa ni en el entorno social”. En los tiempos que corren este planteamiento puede ser juzgado de adultocéntrico y de impositivo.
Pero desconocer la importancia de la mediación es olvidar el contexto intergeneracional en que brota el trascendental hábito de la lectura por gusto. Entendemos la mediación lectora como un compartir y debería estar lejos de situaciones del tipo “adivina qué tengo en la cabeza” (Gordon Wells).
Es decir, ese hábito docente en el que “los niños se esforzaban por saber qué esperaba el maestro que respondieran, en lugar de pensar realmente en el cuento sobre el que eran interrogados” (Colomer). La lectura libre que surge del mismo sujeto solo perdurará si ha sido previamente impulsada por un adulto interesado en el niño, que sabia y prudentemente lo ayude a encontrar ese libro que lo estimule y lo introduzca en su propio camino.
Andrea Cocchini
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Navarra
Estos datos manifiestan la inadecuación de los sistemas de reciclaje actuales, así como de alternativas, aparentemente más sostenibles, como los plásticos biodegradables o los bioplásticos.
Claro está que no se puede pedir que el futuro tratado regule y resuelva los múltiples retos, técnicos, económicos y sociales, que suponen todas las fases de vida de los plásticos (la extracción de las materias primas, el diseño de los productos, su consumo, la gestión y el traslado transfronterizo de los desechos plásticos).
El borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos.
No obstante, en atención a la gravedad y la urgencia del problema, parece que una (¿quizás ya la única?) solución aún posible para invertir el rumbo al que nos llevan las cifras referidas sería la inclusión en el nuevo tratado de una prohibición a los estados partes de producir nuevos plásticos innecesarios. Sin embargo, después de la tercera ronda de negociaciones del INC (de las cinco previstas), la sensación es que los delegados estatales no están realmente barajando esta posibilidad, ni siquiera a medio plazo.
En el momento en que se escribe, disponemos de un segundo borrador de tratado que será el documento de referencia para las negociaciones de la cuarta sesión, que tienen lugar del 21 al 30 de abril de 2024 en Ottawa (Canadá). El documento recoge las diferentes posturas de los representantes nacionales durante la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar en Nairobi (Kenia), en noviembre de 2023.
Este segundo borrador cubre un amplio abanico de alternativas, en ocasiones diametralmente opuestas. Por un lado, mantiene la propuesta de prevenir, reducir progresivamente y eliminar la futura contaminación plástica para 2040, reflejando así las posturas de los países más interesados en erradicar el problema, como los reunidos en la Alianza de Pequeños Estados Insulares.
Por otro lado, de acuerdo con los Estados que proponen centrarse más en la gestión racional de los residuos plásticos y en la mejora del diseño del plástico para hacerlo más reciclable (como los del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo), el borrador sugiere excluir del ámbito de aplicación del futuro tratado las fases de extracción y transformación de las materias primas necesarias para la producción de plásticos (esencialmente, crudo y gas).
Continuará…
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