NACIONALES
Certificarán plazas en ministerios
Con la finalidad de revisar las plazas laborales en entidades del Ejecutivo, ayer se inició el proceso de verificación y comparecencia en materia de Recursos Humanos en los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Este proceso está a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), cuya directora, Karla Gómez, explicó que se aplicará a todos los renglones presupuestarios con los que cuentan, y consiste en que reporten sus tareas y actividades, así como la unidad administrativa a la que pertenecen.
“Durante el proceso se confrontarán, de manera física, los datos de los servidores públicos y de los contratistas que laboran y prestan servicios en la institución de acuerdo con los registros en los sistemas informáticos”, señaló.
Serán 5 mil 690 trabajadores del Micivi los que verificará la Onsec, además de 4 mil 490 del MAGA. Todos, contratados en los renglones 011, 022, 029 y 031. El proceso se llevará a cabo en el ámbito nacional por medio de mesas simultáneas. Jazmín de la Vega, titular de Comunicaciones, resaltó que el objetivo principal es descartar plazas fantasmas, por lo que determinarán que los contratados se encuentren en sus puestos y cumplan con sus labores.
Por su parte, Maynor Estrada, jefe del despacho de Agricultura, recalcó que iniciaron una etapa que reitera el compromiso por la transparencia de lo más sagrado que tienen, que es su recurso humano, porque es el que hace vivas las acciones en el campo, con el agricultor, el campesino, el empresario y todos los sectores involucrados.
Al finalizar de recabar toda la información, tanto la Onsec como la cartera analizarán y auditarán la documentación para verificar que se cumpla con las disposiciones, a fin de realizar las acciones correspondientes.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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