Durante la semana en curso se lanzará el tablero digital que contendrá los casos de corrupción cometidos en la administración anterior, a fin de que la población conozca los avances de las distintas denuncias presentadas por las actuales autoridades de ministerios y secretarias, informó Santiago
Palomo, encargado de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

De acuerdo con el funcionario, el sistema divulgará las acciones emprendidas por el Organismo Ejecutivo, ante la condición crítica en la que se encontró el Gobierno. Además, se exigirán resultados al Ministerio Público (MP), ente responsable de investigar e identificar a los responsables de los saqueos al erario.

“El tablero está listo, solamente, estamos definiendo algunos detalles logísticos”, afirmó el
comisionado.

Añadió que esta herramienta ya le fue presentada al presidente Bernardo Arévalo y al cuerpo colegiado de la CNC, lo que permitió definir algunas pautas.

Según Palomo, esta semana se hará una convocatoria para dar a conocer las funcionalidades del tablero, en el cual se sistematizarán las querellas que, de momento, se han presentado en el MP. Detalló que será un portal interactivo, que incluirá la denuncia, fecha en la que fue presentada ante el ente investigador y la evolución del caso. Reiteró que la prensa y la ciudadanía tendrán acceso de forma gratuita y
rápida a la plataforma.

Hasta el 4 de abril pasado, el Ejecutivo sumaba 17 acusaciones de posibles hechos anómalos, entre las que se incluye el negocio de las vacunas Sputnik.

Josselinne Santizo

Con un llamado para que los congresistas “actúen con sentido histórico”, el presidente Bernardo Arévalo informó anoche, en cadena nacional, que presentará al Organismo Legislativo una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), con el fin de que se retomen las condiciones legales para que la Fiscal General pueda ser removida.

En un mensaje en el que recordó la decisión del pueblo, expresada en las urnas, de elegir un gobierno que saque al país del pantano de la corruptela en el que lo sumergieron, el mandatario consideró que el retiro de Consuelo Porras es imprescindible y una demanda plural y diversa que el pueblo exige.

“Es necesario retomar los principios constitucionales que aseguren la rendición de cuentas” y evitar que el MP siga siendo utilizado por minorías que roban de manera impune e
insaciable.

De acuerdo con Arévalo, los parlamentarios tienen ante sí “una gran responsabilidad” al aprobar un anteproyecto que permitirá terminar con el sistema que facilita el saqueo de los fondos públicos, el cual “es posible por la permanencia de la señora Porras en el cargo”.

Recordó que una minoría de personas se “atrinchera” en puestos que les da “poder para chantajear, intimidar, extorsionar, perseguir y castigar” a quienes luchan por la democracia y la decencia.

El dignatario criticó que las pesquisas por compras irregulares estén estancadas y que, por el contrario, el MP desista de continuar querellas y deje libres a los responsables de atracos sin límites perpetrados en administraciones anteriores.

“Como presidente electo, directamente, por el pueblo, con un mandato explícito de luchar por la transparencia, no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, manifestó, previo a dirigir un mensaje a los congresistas: “Es momento de evidenciar su compromiso con la justicia, la verdad y con una Guatemala que busca dejar atrás la corrupción y frenar los abusos de esa minoría mafiosa y autoritaria”, de la cual responsabiliza a Porras.

Redacción DCA

El Presidente de la República pedirá opinión consultiva a la CC, a fin de saber si el documento del STEG puede ser de acceso público.

Mientras diversos sectores acuerpan la solicitud de divulgar el borrador del pacto colectivo que negocia el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el Gobierno comunicó su determinación de requerir una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC), para definir si el documento puede ser divulgado como parte de la política de acceso a la información que
rige el accionar de la actual
administración.

“Son negociaciones colectivas entre funcionarios y empleados públicos, lo que implica recursos del Estado y, por lo tanto, tenemos derecho a conocer qué contiene ese borrador y, además, que haya apertura para ir viendo qué se va negociar”, afirmó María del Carmen Aceña, exministra de Educación y directiva del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

En similares términos se pronunció Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC). “Ese pacto se financia con fondos públicos, no hay ningún argumento válido para mantenerlo en secreto. Tiene que conocerse para que la población vea qué está financiando y si realmente es de beneficio para la comunidad educativa del país”, enfatizó el entrevistado. 

Para Nineth Montenegro, exdiputada y experta en temas de transparencia, “el convenio tiene que ver con demandas sociales de mejoras en escuelas, salarios y escalafones en el magisterio, lo cual es digno y un derecho, pero más allá de eso no puede haber confidencialidad”.

El viernes anterior, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación (Mineduc)
resaltó que con la consulta a la CC se busca aclarar la correcta aplicación del acceso a la información pública, el cual establece las condiciones en las que las instituciones pueden recibir datos de
personas jurídicas bajo reserva.

El 29 de abril recién pasado, el Mineduc solicitó, públicamente, al STEG retirar el carácter confidencial que ellos y la entonces titular de la cartera, Claudia Ruíz, impusieron a las
negocaciones.

Principio innegociable

Sumado a lo anterior, distintos abogados interpusieron una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la encargada de Educación, Anabella Giracca, para levantar la reserva del proyecto.

Adicionalmente, el presidente Bernardo Arévalo refrendó la demanda de Giracca al STEG. “Nosotros, como gobierno, tenemos el principio de transparencia y eso implica que todos los actos públicos tienen que ser puestos sobre la mesa”, manifestó.

Luego agregó que “lo que la ministra ha hecho es decir que se necesita hacer esa negociación sindical de manera que todo el pueblo de Guatemala sepa qué es lo que se está acordando”, concluyó el jefe de Estado durante una gira de trabajo en la que se reunión con los jefes ediles de
Huehuetenango y Sololá.

Rodrigo Pérez