NACIONALES
Cambia integración del Congreso
Con 37 integrantes, el Frente de Convergencia Nacional es ahora el bloque mayoritario en el Congreso, tras la vigencia de la prohibición de que los diputados cambien de agrupación política. Sin embargo, el número puede variar, de ser expulsado Manuel Giordano.
Con 37 integrantes, el Frente de Convergencia Nacional es ahora el bloque mayoritario en el Congreso, tras la vigencia de la prohibición de que los diputados cambien de agrupación política. Sin embargo, el número puede variar, de ser expulsado Manuel Giordano.
Según la Dirección Legislativa, entre el 14 de enero y el 11 de este mes, 68 congresistas renunciaron a los partidos por los cuales fueron electos, lo cual modificó la integración del Parlamento, pues al inicio de esta legislatura, Libertad Democrática Renovada, que ahora tiene 4 miembros, era el grupo más fuerte, con 45 diputados.
La Unidad Nacional de la Esperanza sigue siendo la segunda fuerza, con 32 integrantes, seguida por el Movimiento Reformador, con 20.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
Foto: PNC
La batalla contra las pandillas y extorsionistas en todo el país prosigue por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob). Ayer continuaron las requisas en cárceles y allanamientos en diferentes departamentos, para notificar y capturar a supuestos responsables de cometer el citado delito, decomisar teléfonos celulares, armas y dinero malhabidos.
En la tarea participaron agentes del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público (MP).
En el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, zona 18 capitalina, las fuerzas del orden notificaron a seis internas por delito flagrante, al tener en su poder equipos móviles prohibidos en los
reclusorios.
En ese sentido, se confiscaron 21 mil 981 quetzales, 26 celulares, cuatro tarjetas SIM, 13 cuchillos, 12 cables USB, nueve cargadores, cinco objetos punzocortantes, una pesa digital y un extractor de marihuana, según datos del MP.
La PNC informó acerca de la captura de una abuela y su nieta en Jalapa, así como otra mujer en zona 21 de la capital y dos hombres; uno en Jocotenango, Sacatepéquez, y otro en zona 10 de la ciudad.
Estas detenciones se lograron durante 19 allanamientos en el ámbito nacional. Todos los aprehendidos son investigados y señalados como extorsionistas, de acuerdo con el reporte de la Policía.
NACIONALES
Bajan crímenes contra mujeres
Mingob registra 85 homicidios en primer cuatrimestre de 2024, frente a los 110 del año pasado.
En los últimos tres años se ha tenido una reducción en los casos de muertes violentas contra las féminas por armas de fuego, dio a conocer el Ministerio de Gobernación (Mingob) ante la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.
Mayda de León, viceministra de Prevención de la Violencia y el Delito, indicó que de enero a abril de 2024 se han registrado 85 muertes, de las cuales el 10 por ciento de las víctimas era menor de edad; mientras que a la misma fecha de 2023 se reportaron 110, lo que representa una disminución de 25 crímenes.
10 por ciento de los casos es de menores de edad.
Diferentes estadísticas
Carolina Orellana, presidenta de la Sala Legislativa, explicó que en el país hay diferencias entre las estadísticas de cada institución relacionadas con las investigaciones de casos de violencia, y la reunión de ayer tuvo el objetivo de esclarecer dudas al respecto.
Ante ello, Bryan García, representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), refirió que siempre se dará dicha variación, debido a que son otros parámetros de registro los que manejan; por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) consigna heridos, quienes pueden fallecer días después, y por distintas condiciones, lo que sí queda registrado en el Inacif.
Sin embargo, en sus métricas señaló que del 1 de enero al 22 de abril de 2023 se dieron 163 fallecimientos violentos producidos por proyectil de arma de fuego, mientras en ese mismo período de 2024 fueron 144, lo que representa una baja de 19 casos.
De igual manera, Otto Santizo, del Ministerio Público (MP), destacó que hasta la fecha se contabilizan 32 feminicidios mensuales, los que siempre son investigados por medio de fiscalías especializadas, que cuentan con una sede central en la capital y siete más en Quetzaltenango, Chiquimula, Santa Rosa, Escuintla, Alta Verapaz, Chimaltenango y Petén.
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NACIONALES
Cambia integración del Congreso
Diversas variaciones han ocurrido en la integración de bancadas, desde que se instaló en el Congreso la Octava Legislatura, lo que ha dado como resultado el fortalecimiento de unas y casi la desaparición de otras.
Diversas variaciones han ocurrido en la integración de bancadas, desde que se instaló en el Congreso la Octava Legislatura, lo que ha dado como resultado el fortalecimiento de unas y casi la desaparición de otras.
Según los registros de la Dirección Legislativa, hasta el momento, los bloques mayoritarios son Frente de Convergencia Nacional (FCN), con 31 integrantes; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 30, y el Movimiento Reformador, 19.
Este último, y Alianza Ciudadana, el cual cuenta con 15 miembros, se conformaron después de que diputados de distintas agrupaciones, principalmente de Libertad Democrática Renovada y Partido Patriota, abandonaran sus filas.
Una muerte anunciada
Las cifras contrastan con los resultados de los comicios de septiembre y dan la razón a diferentes analistas, quienes a finales del año pasado auguraban la reducción de las bancadas roja y naranja, las cuales pasaron de tener 45 y 18 representantes, a 5 y 3.
En opinión de Gerson Sotomayor, politólogo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, “era de esperarse que los congresistas se desmarcaran de esos partidos, los cuales sufrieron un fuerte desgaste después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala desvelaran casos de corrupción, en los cuales se vieron involucrados algunos de sus militantes”, entre ellos, las figuras más prominentes en las agrupaciones.
Con esto concordó Ángel Ramírez, director de la Organización Congreso Transparente. Añadió que el surgimiento de nuevos bloques no es novedad, y recordó, por ejemplo, que Todos, ahora con 17 parlamentarios, se conformó en la legislatura pasada con diputados disidentes de la UNE y la Gran Alianza Nacional.
Más variaciones
Según los expertos, debido a que la regulación del transfuguismo contenida en las reformas a la Ley Orgánica del Congreso todavía no cobra vigencia, podrían suceder más cambios en la integración de bancadas.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
Foto: PNC
La batalla contra las pandillas y extorsionistas en todo el país prosigue por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob). Ayer continuaron las requisas en cárceles y allanamientos en diferentes departamentos, para notificar y capturar a supuestos responsables de cometer el citado delito, decomisar teléfonos celulares, armas y dinero malhabidos.
En la tarea participaron agentes del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público (MP).
En el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, zona 18 capitalina, las fuerzas del orden notificaron a seis internas por delito flagrante, al tener en su poder equipos móviles prohibidos en los
reclusorios.
En ese sentido, se confiscaron 21 mil 981 quetzales, 26 celulares, cuatro tarjetas SIM, 13 cuchillos, 12 cables USB, nueve cargadores, cinco objetos punzocortantes, una pesa digital y un extractor de marihuana, según datos del MP.
La PNC informó acerca de la captura de una abuela y su nieta en Jalapa, así como otra mujer en zona 21 de la capital y dos hombres; uno en Jocotenango, Sacatepéquez, y otro en zona 10 de la ciudad.
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10 por ciento de los casos es de menores de edad.
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Carolina Orellana, presidenta de la Sala Legislativa, explicó que en el país hay diferencias entre las estadísticas de cada institución relacionadas con las investigaciones de casos de violencia, y la reunión de ayer tuvo el objetivo de esclarecer dudas al respecto.
Ante ello, Bryan García, representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), refirió que siempre se dará dicha variación, debido a que son otros parámetros de registro los que manejan; por ejemplo, la Policía Nacional Civil (PNC) consigna heridos, quienes pueden fallecer días después, y por distintas condiciones, lo que sí queda registrado en el Inacif.
Sin embargo, en sus métricas señaló que del 1 de enero al 22 de abril de 2023 se dieron 163 fallecimientos violentos producidos por proyectil de arma de fuego, mientras en ese mismo período de 2024 fueron 144, lo que representa una baja de 19 casos.
De igual manera, Otto Santizo, del Ministerio Público (MP), destacó que hasta la fecha se contabilizan 32 feminicidios mensuales, los que siempre son investigados por medio de fiscalías especializadas, que cuentan con una sede central en la capital y siete más en Quetzaltenango, Chiquimula, Santa Rosa, Escuintla, Alta Verapaz, Chimaltenango y Petén.
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