La primera entrega del aporte económico a los veteranos del Ejército, que se enmarca en la Ley Temporal de Desarrollo Integral (Decreto 51-2022), es el último paso de un proceso que tiene como objetivo fundamental resarcir a miles de excombatientes que sirvieron en un momento clave de la historia nacional.
La aprobación y ejecución de la normativa, justa y apegada a derecho, involucró a los organismos Legislativo y Ejecutivo y, por lo tanto, implica un compromiso de Estado que debe honrarse, sin discusiones. Sin embargo, más allá del obligado acatamiento de la ley, hay que tomar en cuenta que los beneficiados asumirán otras obligaciones para acceder a los Q1 mil mensuales que recibirán durante los próximos 3 años.
Como vemos, no se trata, ni por asomo, de un regalo ni de un privilegio. El único favor que tendrán por haber servido a la patria es que la condición de veterano de guerra validará su registro, no así el trabajo que ofrecerán en proyectos medioambientales y de progreso de las comunidades.
Adicionalmente, es importante destacar que el referido decreto dejó establecidas las funciones que fueron asignadas a los tres ministerios de Gobierno que desarrollarán el programa, lo que garantizará el cruce de datos, la transparencia en la selección de quienes optarán a las entregas monetarias y la rendición de cuentas.
Para conocimiento de todos, la cartera de la Defensa elaborará los listados, mientras que los despachos de Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social velarán por el fiel cumplimiento de las labores citadas y las transferencias pecuniarias, respectivamente.
Alcanzar la reconciliación del país requiere de esfuerzos de todos los sectores sociales, pero, principalmente, exige compensar el sacrificio brindado, más allá de las posturas de quienes fueron partícipes de esta etapa.
