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COLUMNAS

¿Antejuicio ilegítimo?

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No es lo mismo que una campaña política se financie con dinero proveniente del narcotráfico, de secuestros, de extorsiones, del saqueo de fondos públicos o de cualquier otro tipo de delito, a que esta se financie con aportes realizados por personas –sean individuales o jurídicas– que lo hagan con su propio dinero –dinero de legítima procedencia, pero aunque Usted no lo crea– son ambos sancionados con la misma pena. Igualmente delincuentes, pues, los narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores y saqueadores del patrimonio del Estado –puestos al mismísimo nivel– que aquellos ciudadanos que con su propio dinero apoyan una campaña electoral, si –quienes lo reciben– sea cual sea la causa no lo registran. ¿Al mismo nivel los defraudadores del Estado, narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y delincuentes que aquellos que, con su dinero limpio –tal el caso concreto– coadyuvaron a que fueran correctas las votaciones y correcto el conteo de los votos? ¿El mismo delito y la misma pena? ¡Por favor! Por estupideces como estas es que estamos como estamos. ¿El dinero, de procedencia lícita, tratado exactamente igual que el dinero sucio? ¿Dónde el delito, dónde la infamia de Felipe Bosch o de Fraterno Vila por haber hecho uso de su propio dinero, dinero limpio, para financiar la fiscalización de la correcta celebración de las votaciones y del correcto conteo de los votos? ¿Cuál el crimen cometido? ¿Cuál el perjuicio? ¿Dónde los contratos de construcción o de otro tipo que se hayan dado a Felipe Bosch o a Fraterno Vila como pago del execrable crimen perpetrado, asegurar la correcta celebración de las votaciones y el correcto conteo de los votos? ¿Dónde existe la obligación de que el Presidente de la República, cuando candidato presidencial y, a la vez,  Secretario General de partido político, haya tenido que registrar la recepción de un dinero que nunca recibió y –es más– que no quiso recibir, apoyados como lo fueron directamente los fiscales? ¿Dónde su infamia? ¿Dónde su crimen? Los culpables de esta equiparación de delincuentes con hombres de bien, de dinero sucio con dinero limpio, la tienen los diputados que integraban el Congreso de la República cuando la absurda norma fue aprobada, tan absurda, que la propia Corte de Constitucionalidad ha tenido que pedirle a la actual legislatura que corrija el desatino. Puede deberse esta norma a la negligencia de los diputados –nada de extrañar– pero, también, a su malicia, puesto que resulta de gran conveniencia para narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas y defraudadores del patrimonio del Estado que se les equipare con los otros ciudadanos y que su dinero sucio, proveniente de delitos, se equipare con el limpio. La misma pena para unos y para otros: doce años de prisión inconmutable ¡Aunque usted no lo crea! Solamente por negligencia o por perverso dolo puede comprenderse la equiparación que se realiza. En tanto tengamos un Congreso integrado de esta forma, el monopolio de la postulación de candidatos en manos de los partidos políticos, electos los diputados por listados (el listado nacional y los listados distritales) inmensos los distritos, sin que pueda llegar a saber el elector quién es SU diputado y sin que pueda sancionar su desempeño, seguirá mal legislándose en todas las materias, tal y como ha ocurrido en este caso. El absurdo que se ha dado con el igual trato del dinero sucio y el dinero limpio no es hechura exclusiva de aquellos diputados que integraron la anterior legislatura, ya que estos erraron en la pena pero no llegaron al absoluto desatino al que han llegado los acusadores que ven en la norma –ya mala de por sí– lo que esta no dice. La norma, en efecto, se refiere a quienes aporten y a quienes reciben, sabiéndolo, dinero sucio, es decir, dinero proveniente de delitos pero –en el caso del dinero limpio– tan solo se refiere a quienes lo reciben y no lo registran, inexistente en este caso, como debe ser, referencia alguna a quien lo aporta. Nadie puede ver donde la Ley no ve pero los acusadores, a falta de la palabra aporten en la norma, la inventaron y, pretendiendo que la pena se aplique también a quien aporte su dinero limpio, dinero de lícita procedencia, si, quien lo recibe, no lo registra. ¿Quieren los acusadores que también se pene a quien aporta dinero limpio, en estas circunstancias? Pues bien, si es así, aboguen por la reforma de la Ley pero –hasta la fecha– con su actual redacción, no lo contempla, limitado el delito a quien omite registrarlo. ¿Les parece a los actuales legisladores que le deben corregir la plana a sus antecesores y que NO debe tener el mismo trato el dinero sucio que el dinero limpio? Pues, si es así, prestando sus oídos a lo pedido por la Corte de Constitucionalidad podrán hacer la separación tajante que se impone entre dinero sucio y dinero limpio y enmendar la igual penalización que sus antecesores dispusieron para ambos dineros, tan distintos. ¿Ilegítimo un antejuicio sustentado en una norma deficiente (así dicho por la Corte de Constitucionalidad) y –para ajuste– mal aplicada por la acusación? ¿Ilegítimo por la inexistencia de investigación alguna investigación que la Constitución no prohíbe? ¿Ilegítimo porque, de lo enviado, no aparece recepción de dinero alguno, recepción necesaria para que pueda haber delito y mal podría existir obligación de registrar lo nunca recibido? Podría no ser espurio ni político pero, ilegítimo es “lo que no ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho”, “lo que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o necesario” y, en el presente caso, se presenta sin investigación alguna, pudiéndola haber hecho de conformidad con la ley y sin sustentación alguna de que haya habido recepción –y con ella obligación de registro– imprescindible para que pudiera haber delito. ¿Ilegítimo?

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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