Acisclo Valladares Molina

Cuando fui procurador general de la Nación y jefe del Ministerio Público, marzo de 1991 a septiembre de 1992 (escasos 18 meses de mandato) fueron 204 entre funcionarios y empleados quienes me acompañaron en su desempeño –funcionarios y empleados que hubimos de llevar dos instituciones a la vez, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación– 204, decía contra los más de 4000 (CUATRO MIL) funcionarios, empleados y prestatarios de servicios de que actualmente  goza la institución y para llevar una sola. Tal vez sea esta, una “pequeña” diferencia… El presupuesto para las dos instituciones –juntas– era de escasamente 6 millones de quetzales, en tanto que el presupuesto actual de una sola –el Ministerio Publico– sobrepasa los 2000 ( DOS MIL MILLONES de quetzales).Otra “pequeña” diferencia… En aquel momento hube de manejarme con una ley –una para las dos instituciones–.

Ley que había sido promulgada 50 años antes la Ley Herbruger de 1948 y hube de hacerlo dentro de un sistema de persecución penal inquisitivo, escrito y secreto, en tanto que hoy goza el Ministerio Público de su propia ley y ejerce la acusación penal en un sistema acusatorio, oral y público, sistema que, por cierto, coadyuvé a construir. Otras “pequeñas” diferencias. Y, hablando de “pequeñas” diferencias, bueno es recordar que todo mi trabajo fue hecho con la sola compañía de los excelentes funcionarios y empleados de la institución –todos nacionales– sin que existiera para apoyarnos ninguna Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, o algo parecido.

Mi gestión, además, (1991-1992) fue anterior a la firma de la paz; vigente aún, el conflicto armado, con todas su aristas. Mal podría comparase, pues, mi gestión, la de entonces, con la gestión actual: CUATRO MIL, los funcionarios y empleados actuales, más de DOS MIL MILLONES de quetzales, su presupuesto; ley moderna y ad hoc para regirse, sistema acusatorio, oral y público para ejercer la acusación y toda una Comisión Internacional, generosamente dotada de recursos para su guía, respaldo y soporte, superado ya el conflicto y firmada la paz. Dieciocho meses escasos mi mandato, maliociosamente interrumpido –otro pequeño detalle– contra cuatro años del actual.

Sin restar méritos a nadie, pecado sería que esta gestión –con tales facilidades y soportes– y, así, las inmediatas anteriores no hubiese logrado –al menos cuantitativamente– mejores resultados quizá; sin embargo, ningún resultado tan singular, como los entonces alcanzados. Debe tomarse en cuenta, también, que no censuro, en absoluto, ni el número de funcionarios y empleados, ni el presupuesto, actuales –siempre insuficientes– y que –para cualquier comparación– debe recordarse que en aquel tiempo (1991-1992) se encontraba la instrucción penal en manos de los jueces, por lo que ahora –en consecuencia– es bastante más compleja la función que al MP le corresponde. La comparación, sin embargo, puede hacerse si ya conocido y tomado en cuenta lo anterior y, así

–si de comparaciones se trata– comparar los resultados de entonces con los actuales, en proporción a los recursos que entonces se tuvieron y a las diferentes funciones y muy diferentes circunstancias. Hube de lidiar, en aquella época, con un Estado Mayor Presidencial omnipresente y omnipoderoso (el contrabando, tema de seguridad y no de aduanas) todavía en el ámbito del conflicto armado y con un narcotráfico que, si bien embrionario, se encontraba ya plagado de fuerza y de recursos, sin haber tenido para ello vehículos blindados ni armamento alguno –salvo el arma de la ley, y aún así– impedimos, por ejemplo, –tan solo Pacheco y Peláez a mi lado–la fuga “legal” que se intentara, así como la condena –y en tribunal militar– del asesino de Michael Devine (¿No que en tribunales militares no se podía?) condena de capitán que era del Ejército en servicio activo. El barco pesquero de bandera mexicana, María Fernanda

–hubimos de librar el caso hasta con amparos (difícil manejarse contra los nacionales malinchistas)– indemnizó a Guatemala por su incursión “camaronera” santo y remedio para que lo inveterado no volviera a repetirse, salvo tres años después, cuando ya en la PGN hubimos de someter a otra nave al mismo trato; punto final de tales incursiones, incluidas atuneras, tanto en nuestro mar territorial como en nuestra zona marítima exclusiva. El alcalde de San Francisco el Alto, Totonicapán, fue condenado por corrupción y, preso, por delito infraganti operación encubierta, la primera en nuestra historia, el alcalde de Villa Canales, casos como el del asesinato de Myrna Mack (un caso –lo dije– los resolvía todos) empezaron a tener vigencia en tribunales y se combatió con igual energía a los usurpadores de tierra que a los finqueros que –para no indemnizarles– quisieron hacer pasar como usurpadores a sus colonos.

Con mano firme impedí que se utilizaran diligencias judiciales desvirtuando la naturaleza de las mismas y brindé irrestricto apoyo a causas nobles, como el intento de establecer –con efectos estrictamente humanitarios– la Comisión Nacional Investigadora del Paradero de Personas Desaparecidas. 204, las personas y 6 millones de quetzales, presupuesto ¿Pánico de que llegue a la Fiscalía General quien ponga en orden y revitalice la acusación penal y, es más, que recupere la función olvidada de la institución, que es velar por el estricto cumplimiento de las leyes,–todas las leyes– desde la Constitución Política de la República hasta el último de los reglamentos? ¿Pánico? Pues bien, asesinos (pena de muerte) secuestradores, narco traficantes, extorsionistas, defraudadores del patrimonio del Estado, “limpiadores sociales” (asesinos), monopolistas y colaboradores eficaces que incurren en falso testimonio y linduras semejantes así como testigos falsos tienen toda la razón para tenerlo. ¡Les comprendo y, es más, debemos comprenderlos!

Acisclo Valladares Molina