NACIONALES
Accionan por caso Ferrovías-Cobigua
Después de denunciar ante el Ministerio Público las supuestas anomalías en el contrato de arrendamiento suscrito entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), se busca recuperar los activos que el Estado habría dejado de percibir, indicó Abraham Vela, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Después de denunciar ante el Ministerio Público las supuestas anomalías en el contrato de arrendamiento suscrito entre la Compañía Desarrolladora Ferroviaria (Ferrovías) y la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (Cobigua), se busca recuperar los activos que el Estado habría dejado de percibir, indicó Abraham Vela, representante de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Según el funcionario, ambas compañías firmaron en 2000 una escritura pública en la que Ferrovías otorgaba el arrendamiento de un terreno que se le habría concedido en usufructo durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el cual incluye el muelle de Puerto Barrios, Izabal, hasta 2048, pese a que en un acuerdo firmado en 1990 se establecía que la propiedad podría ser utilizada hasta febrero de 2015.
Mónica Rosales, administradora de Ferrovías, manifestó que el año pasado esa empresa percibió unos Q11 millones por el alquiler, los que, a criterio del diputado Orlando Blanco, de la bancada en mención, tendrían que estar en poder del Estado, pues se obtuvieron después de que venciera el contrato original.
Vela expresó que se buscará recuperar ese dinero, los intereses que este habría generado hasta la fecha y otros beneficios que Cobigua estaría cancelando, así como un monto aún no determinado por daños.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) también está analizando el contrato para determinar si existe alguna anomalía, dijo su titular, Carlos Mencos, durante la cita con los diputados.
Buscan sustituto
El presidente Jimmy Morales confirmó que recibió la renuncia de María Eugenia Villagrán como titular de la PGN, puesto que ocupará hasta el 31 de mayo, y agregó que ya se busca a la persona que la sustituirá.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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