NACIONALES
A un año de la captura de Baldetti
Al cumplirse hoy un año de la captura de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, vinculada al caso La Línea, uno de los procesos más grandes de corrupción y defraudación aduanera en el país, el Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, continúa con las investigaciones para detectar la participación de la exfuncionaria en otros hechos ilícitos.
Al cumplirse hoy un año de la captura de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, vinculada al caso La Línea, uno de los procesos más grandes de corrupción y defraudación aduanera en el país, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, continúa con las investigaciones para detectar la participación de la exfuncionaria en otros hechos ilícitos.
Toda la documentación incautada durante los allanamientos del caso La Línea, fue sometida a un escudriñamiento y análisis minucioso por la Fiscalía, donde se detectó nuevos hechos anómalos en los que se sospecha su participación en los casos denominados Lago de Amatitlán, TCQ y Cooptación del Estado, procesos donde también se vieron involucrados, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, particulares, exfuncionarios y contratistas.
La Línea
En el caso La Línea, el 25 de agosto de 2015, Baldetti Elías, quedó ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera y fue enviada a prisión preventiva a la Cárcel de mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18, refiere el MP.
La continuidad de las pesquisas realizadas por el ente investigador detallaron que dicha estructura permitió el ingreso anómalo de mil 561 contenedores con diferente mercancía de mayo de 2014 a abril de 2015, lo que les dejó una ganancia aproximada de Q28 millones.
Lago de Amatitlán
El 10 de marzo de este año, la Fiscalía con base a medios de prueba recabados, logró que fuera ligada a proceso en un segundo caso por el posible fraude del plan de saneamiento del Lago de Amatitlán. En este caso el Juez de Villa Nueva, Arnoldo Orellana, la procesó por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
De esa cuenta, el MP señaló a Baldetti presuntamente de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por un valor de Q137.8 millones a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd.
En este caso se vieron involucradas 14 personas entre ellos su hermano Mario Alejandro quien se cree que ejerció como intermediario entre la compañía y el Estado para coordinar todas las acciones y realizar la operación fraudulenta.
TCQ, el poder paralelo
En este caso, la exvicemandataria Baldetti Elías, quedó ligada a proceso el pasado 6 de mayo a los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
La Fiscalía la vincula junto a otras diez personas, de integrar un grupo criminal desde enero de 2012 y hasta abril de 2015, para obtener beneficios económicos generados como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de constitución de usufructo oneroso en favor de la entidad TCQ S.A.
En esta causa, el pasado 17 de agosto fue presentado el escrito de acusación al Juzgado B de Mayor Riesgo que consta de 649 folios, que recopilan 607 medios de investigación, donde existe información proporcionada por testigos, de dispositivos electrónicos y llamadas telefónicas, entre otros.
Cooptación del Estado
A dos meses de haber estado involucrada en el caso anterior, nuevamente la exmandataria es trasladada a los Tribunales de Justicia, esta vez al ser involucrada al caso denominado Cooptación del Estado y La Coperacha donde también fue ligada a los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, el pasado 27 de julio.
Las pesquisas evidenciaron que antes de llegar al poder el Partido Patriota captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral del año 2007 y cuyos principales dirigentes eran Roxana Baldetti y Otto Pérez.
La diligencia fue realizada por el Juzgado Segundo de Mayor Riesgo y dividida en cuatro grupos, financistas, equipo, contratistas y lavadores de dinero.
La Comisión Pesquisidora que analiza el expediente 246-2023, que abre proceso de antejuicio en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitará un análisis jurídico para determinar el proceder del caso, dado que el denunciante del presunto delito, el exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Víctor Guerra, no se presentó ayer ni envió excusa para no comparecer en el Congreso de la República.
Además, los representantes del Ministerio Público (MP) remitieron un oficio en el que se excusaron para no llegar ante los miembros de la postuladora, presidida por parlamentario electo por Movimiento Semilla Luis Cáceres. En ese contexto, Román Castellanos, Mario Gálvez, Rodrigo Pellecer y Mynor De la Rosa, miembros integrantes, coincidieron en esperar hasta el lunes 13 de mayo el dictamen para continuar correctamente, debido a que no se contó con una parte vital en el proceso.
Los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco fueron señalados de supuestas irregularidades, como actas con el mismo número de mesa y el recuento de votos acelerado durante la segunda vuelta electoral de los comicios generales de 2023.
La Comisión Pesquisidora tiene como objetivo establecer la existencia o veracidad de hechos que puedan o no ser conocidos por un juez del ramo penal, para luego entregar un
informe circunstanciado, tras lo cual el Pleno del Congreso votará si declara con lugar lo
solicitado.
La continuación del levantado del Hospital de Ixcán, Quiché, abandonado por el gobierno anterior, fue reanudada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y se prevé que empiece a funcionar a finales de año.
“Retomamos la construcción de ese centro. Vamos a completar la infraestructura y, obviamente, el equipamiento y recurso humano”, afirmó Linda Valencia, viceministra de Hospitales de la citada
cartera.
La funcionaria indicó que se conformó una mesa técnica de trabajo, en la que participan los viceministerios de Hospitales y de Atención Primaria, así como la Dirección de Construcción de la cartera y la jefatura de las Direcciones Redes Integradas de Salud (DRIS).
“El avance físico de la obra es de un 35 por ciento y el financiero, del 18”, aseguró Irene Lanza, coordinadora del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, de primer nivel, de la zona 2 de
Ixcán.
La entrevistada recordó que cuando son casos de emergencia los pacientes tienen que ser trasladados a hospitales de Cobán, Quiché, Petén o ciudad capital y, a veces, mueren en el trayecto.
El contexto
Una investigación del Diario de Centro América (DCA) sacó a luz que la administración de Alejandro Giammattei dejó, en dicho municipio, un Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) como hospital nacional, el cual quedó en situación deplorable y sin capacidad para ofrecer atención digna y completa a unos 120 mil vecinos.
La instalación se ubica dentro de la Sexta Brigada del Ejército y durante 22 años ha funcionado en condiciones no aptas. Además, pese a que en 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina inició la construcción del Hospital de Ixcán, la obra quedó a medias por falta de pago a la empresa responsable.
En instancia de Jefes de Bloques del Congreso se decidió ayer que durante esta semana se conocerá, en tercer debate, el proyecto de decreto sobre la ley de vacunación.
La propuesta 6081, que continuará su proceso ante el Pleno del Legislativo, pretende que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destine los recursos necesarios para la inoculación para distintas enfermedades como el Covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH).
La normativa también contempla que la cartera recomiende el Esquema Nacional de Vacunación para que se suministren las dosis. Sumado a que crea el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi) como un órgano de carácter consultivo y asesor científico en el tema.
Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), refirió que en el mundo hay 27 biológicos que previenen 40 enfermedades, y si en Guatemala se esperan 370 mil nacimientos anuales, igual número de madres debería ser inmunizado; por ello, la importancia del anteproyecto de decreto.
Continúa ley de competencia
Dentro de los órdenes del día para las plenarias del 7 y 9 mayo también fueron incluidos la redacción final de los proyectos para la creación del centro único de contacto y número único de llamadas de emergencia y la Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Campesina, así como el tercer debate de la propuesta de competencia, la cual estaba programada para leerse la semana pasada; sin embargo, por falta de quorum no se conoció. Esta es evaluada en la Comisión de Finanzas, donde hay más de 90 enmiendas planteadas.
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Al cumplirse hoy un año de la captura de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías, vinculada al caso La Línea, uno de los procesos más grandes de corrupción y defraudación aduanera en el país, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, continúa con las investigaciones para detectar la participación de la exfuncionaria en otros hechos ilícitos.
Toda la documentación incautada durante los allanamientos del caso La Línea, fue sometida a un escudriñamiento y análisis minucioso por la Fiscalía, donde se detectó nuevos hechos anómalos en los que se sospecha su participación en los casos denominados Lago de Amatitlán, TCQ y Cooptación del Estado, procesos donde también se vieron involucrados, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, particulares, exfuncionarios y contratistas.
La Línea
En el caso La Línea, el 25 de agosto de 2015, Baldetti Elías, quedó ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y casos especiales de defraudación aduanera y fue enviada a prisión preventiva a la Cárcel de mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18, refiere el MP.
La continuidad de las pesquisas realizadas por el ente investigador detallaron que dicha estructura permitió el ingreso anómalo de mil 561 contenedores con diferente mercancía de mayo de 2014 a abril de 2015, lo que les dejó una ganancia aproximada de Q28 millones.
Lago de Amatitlán
El 10 de marzo de este año, la Fiscalía con base a medios de prueba recabados, logró que fuera ligada a proceso en un segundo caso por el posible fraude del plan de saneamiento del Lago de Amatitlán. En este caso el Juez de Villa Nueva, Arnoldo Orellana, la procesó por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
De esa cuenta, el MP señaló a Baldetti presuntamente de haber utilizado su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago por un valor de Q137.8 millones a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd.
En este caso se vieron involucradas 14 personas entre ellos su hermano Mario Alejandro quien se cree que ejerció como intermediario entre la compañía y el Estado para coordinar todas las acciones y realizar la operación fraudulenta.
TCQ, el poder paralelo
En este caso, la exvicemandataria Baldetti Elías, quedó ligada a proceso el pasado 6 de mayo a los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
La Fiscalía la vincula junto a otras diez personas, de integrar un grupo criminal desde enero de 2012 y hasta abril de 2015, para obtener beneficios económicos generados como consecuencia de la celebración y ejecución del contrato de constitución de usufructo oneroso en favor de la entidad TCQ S.A.
En esta causa, el pasado 17 de agosto fue presentado el escrito de acusación al Juzgado B de Mayor Riesgo que consta de 649 folios, que recopilan 607 medios de investigación, donde existe información proporcionada por testigos, de dispositivos electrónicos y llamadas telefónicas, entre otros.
Cooptación del Estado
A dos meses de haber estado involucrada en el caso anterior, nuevamente la exmandataria es trasladada a los Tribunales de Justicia, esta vez al ser involucrada al caso denominado Cooptación del Estado y La Coperacha donde también fue ligada a los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, el pasado 27 de julio.
Las pesquisas evidenciaron que antes de llegar al poder el Partido Patriota captó fondos de forma ilícita durante la campaña electoral del año 2007 y cuyos principales dirigentes eran Roxana Baldetti y Otto Pérez.
La diligencia fue realizada por el Juzgado Segundo de Mayor Riesgo y dividida en cuatro grupos, financistas, equipo, contratistas y lavadores de dinero.
La Comisión Pesquisidora que analiza el expediente 246-2023, que abre proceso de antejuicio en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitará un análisis jurídico para determinar el proceder del caso, dado que el denunciante del presunto delito, el exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Víctor Guerra, no se presentó ayer ni envió excusa para no comparecer en el Congreso de la República.
Además, los representantes del Ministerio Público (MP) remitieron un oficio en el que se excusaron para no llegar ante los miembros de la postuladora, presidida por parlamentario electo por Movimiento Semilla Luis Cáceres. En ese contexto, Román Castellanos, Mario Gálvez, Rodrigo Pellecer y Mynor De la Rosa, miembros integrantes, coincidieron en esperar hasta el lunes 13 de mayo el dictamen para continuar correctamente, debido a que no se contó con una parte vital en el proceso.
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La instalación se ubica dentro de la Sexta Brigada del Ejército y durante 22 años ha funcionado en condiciones no aptas. Además, pese a que en 2013 el gobierno de Otto Pérez Molina inició la construcción del Hospital de Ixcán, la obra quedó a medias por falta de pago a la empresa responsable.
En instancia de Jefes de Bloques del Congreso se decidió ayer que durante esta semana se conocerá, en tercer debate, el proyecto de decreto sobre la ley de vacunación.
La propuesta 6081, que continuará su proceso ante el Pleno del Legislativo, pretende que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destine los recursos necesarios para la inoculación para distintas enfermedades como el Covid-19 y el virus del papiloma humano (VPH).
La normativa también contempla que la cartera recomiende el Esquema Nacional de Vacunación para que se suministren las dosis. Sumado a que crea el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones (Conapi) como un órgano de carácter consultivo y asesor científico en el tema.
Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), refirió que en el mundo hay 27 biológicos que previenen 40 enfermedades, y si en Guatemala se esperan 370 mil nacimientos anuales, igual número de madres debería ser inmunizado; por ello, la importancia del anteproyecto de decreto.
Continúa ley de competencia
Dentro de los órdenes del día para las plenarias del 7 y 9 mayo también fueron incluidos la redacción final de los proyectos para la creación del centro único de contacto y número único de llamadas de emergencia y la Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria Campesina, así como el tercer debate de la propuesta de competencia, la cual estaba programada para leerse la semana pasada; sin embargo, por falta de quorum no se conoció. Esta es evaluada en la Comisión de Finanzas, donde hay más de 90 enmiendas planteadas.
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