NACIONALES
Guatemala y Belice dialogarán mañana en la OEA sobre diferendo territorial
Los cancilleres de Guatemala y Belice se reunirán mañana miércoles en Washington en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para continuar el diálogo sobre su centenario diferendo fronterizo, informó hoy a la agencia de noticias EFE una fuente oficial guatemalteca.
«Guatemala y Belice mantienen un diálogo político constante. Siempre se aprovechan espacios internacionales para abordar temas de la agenda bilateral. Esta reunión en Washington es el seguimiento a ese diálogo fluido», confirmó una fuente de la Cancillería guatemalteca sin entrar en más detalles.
Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco acudirá su titular, Sandra Jovel, quien ya está en EE. UU. y aprovechará para mantener otros encuentros, como uno este martes con el Comité Judío Americano, según la fuente.
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Rumbo a la consulta popular
Guatemala celebrará el próximo 15 de abril una consulta popular para decidir si el litigio territorial, insular y marítimo que el país mantiene con Belice desde hace más de 100 años se lleva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La pregunta para la consulta es: «¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualquier área marítima correspondiente a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las Partes?».
La falta de definición de una frontera entre Guatemala y Belice ha causado varios incidentes que hasta el momento, y según el Gobierno de Guatemala, han dejado diez guatemaltecos asesinados por tropas beliceñas.
En octubre de 2016, el Organismo Legislativo guatemalteco desatascó el proceso para el referendo sobre la disputa territorial centenaria con Belice, al aprobar que la consulta no tenga que celebrarse simultáneamente en ambas naciones, algo que refrendó el país vecino más tarde.
Este era uno de los puntos incluidos en el acuerdo especial firmado en 2008 por el cual ambos países se comprometían a celebrar un referendo que dotara de aceptación popular la decisión de someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Con este paso se dio así el visto bueno a un protocolo firmado por ambos países en 2015, en el que se pedía a los dos Congresos hablarlo para que las diferencias políticas y económicas no interfirieran en este proceso.
Si los dos países, a través de las consultas populares, aceptan que la Corte decida sobre este litigio, habrá un plazo de un año para presentar la memoria de conclusiones en la que cada nación hará su reclamación.
Los dos países mantienen una disputa territorial por la reclamación guatemalteca de cerca de la mitad del territorio de Belice, un país nacido de la colonia que el Imperio Británico formó de facto en el siglo XVIII y que era parte de la Capitanía General instaurada por el Imperio Español en 1540 dentro del Virreinato de Nueva España.
*Con información de ACAN-EFE.
Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.
Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.
En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.
Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.
La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.
Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.
Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.
Redcción, EFE
Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.
Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Irrespetaron términos
Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.
Foto: MP
Como resultado de una serie de allanamientos en tiendas, negocios y tortillerías de la capital, las autoridades rescataron a nueve menores, quienes fueron sacados de la explotación laboral; además, capturaron a cuatro personas por el citado delito.
Las acciones las efectuaron la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Unidad contra la Explotación Laboral, del Ministerio Público (MP).
Entre los detenidos, según el reporte de las autoridades, figuran Ana Xaper, en la colonia El Progreso, zona 11 capitalina, mientras que en la Landívar, zona 7, fueron aprehendidos Paula Ordóñez y Noé García.
Xaper y Ordóñez son señaladas por el delito de trata de personas, mientras que a García se le atribuye el uso de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.
Los pequeños quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que seguirá los procesos y cuidado de los infantes hasta que se solvente el asunto.
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