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Juzgado confirmará estado de salud de sindicados por corrupción
El Juzgado de Mayor Riesgo “B” informó que solicitará nuevos informes médicos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para corroborar el estado de salud de aquellas personas sindicadas en casos de corrupción que se encuentran hospitalizadas aduciendo problemas de salud, informó esa judicatura.
Dicha disposición fue asumida por el Juzgado, luego de que se confirmara que existe una investigación abierta en el Ministerio Público por sospechas de que el Inacif pudo manipular los dictámenes médicos en torno a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, para favorecer su estadía fuera de prisión.
Según el Juzgado, entre los sindicados que guardan prisión preventiva, pero que están internados en un centro asistencial se encuentran: Fernando Peña, Mario Contreras, Javier Ortiz, alias el teniente Jerez y Osama Ezat Aziz Aranki, entre otros.
Suspicacias
Además, otro de los casos que ha generado dudas a la fiscalía es el de Juan Sebastián Palomo Murga, sindicado en un caso de corrupción en la comuna de Antigua Guatemala, quien ha permanecido aproximadamente ocho meses evadiendo prisión aduciendo problemas cardíacos.
No obstante, en la última semana, con la nueva dirección del Inacif, se le practicó una nueva evaluación médica la cual se acreditó que el sindicado no ameritaba estar internado en un centro asistencial, según informó el Juzgado de Mayor Riesgo “B”.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que existe la preocupación de que los centros asistenciales sirvan a sindicados que guardan prisión preventiva para evadir las cárceles.
“La preocupación obedece a que cuando les fueron impuestas medidas de coerción, como la prisiòn preventiva, es porque se acreditaron en la judicatura ciertos peligros procesales. Siempre se ha tenido la preocupación de que se utilicen los centros hospitalarios como medida para evadir las medidas de coerción. Entonces las distintas judicaturas han realizado peticiones al Inacif para que reevalúen a las personas y determinen si en realidad ameritan su hospitalizacion. Ya lo pudimos ver en el caso de la señora Baldetti , en el caso del señor Gustavo Alejos y también en el caso del señor Palomo, relacionado con la municipalidad de Guatemala. Tengo entendido que de igual manera se harán peticiones para la reevaluación de otros procesados”, explicó Sandoval.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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