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INTERNACIONALES

Cristina Fernández declara por supuestas maniobras con obras públicas

 

 

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compareció hoy ante un juez por supuesta discrecionalidad en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007-2015), en una causa que atribuye a una persecución política.

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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner compareció hoy ante un juez por supuesta discrecionalidad en la concesión de obras públicas durante su gobierno (2007-2015), en una causa que atribuye a una persecución política.

Fernández es la primera de una lista de 17 personas citadas a declarar por el juez federal Julián Ercolini, que investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez, un empresario allegado a los Kirchner arrestado bajo acusación de enriquecimiento ilícito.

 La exmandataria denunció que la causa se inscribe en una persecución política y reclamó una auditoría de toda la obra pública, según publicó en redes sociales.

 “Queremos que se investigue a fondo y sin arbitrariedades ni cálculos políticos, si existió corrupción en la obra pública durante los 12 años y medio de nuestro gobierno”, sostuvo.

La exfuncionaria pidió que la investigación no esté sesgada al análisis de una determinada administración, sino que se investigue también lo que hace la del presidente de centroderecha Mauricio Macri, que la sucedió en diciembre.

Por su lado, Macri abogó por que nunca más las obras (públicas) sean sinónimo de corrupción, como vemos con la cantidad de causas abiertas.

“Queremos saber qué pasó. Todos queremos que no haya más impunidad”, dijo este lunes durante un acto por inauguración de obras en Buenos Aires.

 Acusación 

Según la acusación de los fiscales, tanto Fernández como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, conformaban junto a otros exfuncionarios una organización criminal para favorecer a Báez, quien devolvía los supuestos favores mediante el alquiler de habitaciones en los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz (sur).

En tanto, la sindicada denunció que el juez Claudio Bonadio, que la investiga en otra causa por operaciones cambiarias del Banco Central durante su gobierno, impulsa un allanamiento de su casa en Río Gallegos (Santa Cruz) mientras esté declarando.

“Sería una coordinación inédita entre jueces con causas distintas. Se están pasando de listos, no hay garantías de debido proceso y defensa en juicio”, afirmó el abogado de la exgobernante, Gregorio Dalbón.

Con información de AFP.

 

 

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INTERNACIONALES

Buscan convencer a Israel

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El Cairo, EFE

Las negociaciones indirectas para una tregua en Gaza continúan en El Cairo con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, en medio de consenso “sobre algunos puntos controvertidos” y presiones a Israel para que acepte la propuesta aprobada por Hamás.

Según la cadena de televisión egipcia Al Qahera News, próxima a los organismos de inteligencia del país norteafricano, la nueva ronda de diálogo, que niciará la próxima semana en la capital egipcia, prosigue en presencia de delegaciones de los mediadores de Egipto, Catar y EE. UU., además de negociadores del grupo islamista palestino Hamás.

En Madrid, España, el rey Felipe VI, dijo que la “devastadora” destrucción y situación humanitaria en la Franja de Gaza es de “la máxima preocupación para todos”, al constatarse que la escalada de violencia que comenzó el pasado 7 de octubre con los ataques de Hamás contra Israel alcanza “dimensiones inimaginables”.

Según el jefe del Estado español, el agravamiento de la violencia en Gaza es algo que “pocas veces” se ha visto en la crisis en Oriente Próximo y sus consecuencias se proyectan a nivel global con “muchísimas incertidumbres”.

Redacción DCA
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INTERNACIONALES

Petro denuncia “golpede Estado”

Al gobernante le plantean caso por financiamiento ilícito de su campaña.

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Bogotá, EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró ayer que el país inició “un golpe de Estado” con la ponencia favorable presentada por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña.

Los magistrados del CNE Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia y también piden sanciones contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, compañía que supuestamente fue su gerente de campaña, revelaron medios locales.

Petro habló durante una jornada con los barrios populares en Cartagena de Indias, donde manifestó que lo anunciado supone que “11 millones y medio de colombianos (que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022) van a perder sus derechos políticos”.

“Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el Presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo, tiene que dejar el cargo porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, añadió.

“Si el pueblo dice más adelante, iré sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde ordenen”, expresó.


Ponencia de los magistrados


La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados.

En 2023 ya se había iniciado el caso. Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió “con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial” del pacto histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022.

Redacción DCA
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INTERNACIONALES

Biden firma ley contra trata cibernética de niños

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Washington, EFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer una ley que protege a los niños del abuso y explotación sexual en internet, mediante multas para las compañías tecnológicas que deliberadamente no denuncien este tipo de contenidos alojados en sus plataformas.

De acuerdo con la Casa Blanca, el gobernante firmó la normativa, haciendo que entre automáticamente en vigencia después de que hubiera sido aprobada de manera unánime tanto por el Senado, donde los demócratas tienen mayoría, como por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

El proyecto de ley, impulsado por el senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, y la senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, es la primera ley importante en años, que establece mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas para los sitios de internet.

Según un comunicado de la oficina de Jon Ossoff, la norma exige reporten los delitos relacionados con la trata y captación de menores al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados
(NCMEC, en inglés).

Además, la ley incrementará las multas para las empresas que, a sabiendas y de manera deliberada, no alerten sobre material de abuso sexual infantil en sus plataformas y también requerirá que se preserven posibles pruebas de un delito por un período prolongado, dando así más tiempo a las fuerzas policiales para investigar esos posibles crímenes.

Redacción DCA
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