San José, EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó ayer a El Salvador por la desaparición forzada de la activista Patricia Cuéllar, la de su padre Mauricio Cuéllar, y la de su colaboradora Julia Pérez, ocurridas en 1982 en un contexto de persecución estatal a grupos que
consideraba subversivos.

Patricia Cuéllar, una activa colaboradora de movimientos cristianos desde 1975, desapareció el 28 de julio de 1982 cuando salió a dejar a sus hijos a una guardería, y ese mismo día su padre y la colaboradora doméstica fueron supuestamente sacados violentamente de su casa. Después, nunca se
supo de ellos.

Un día antes, no saber de ella,  Cuéllar Sandoval acudió a la Oficina del Socorro Jurídico para denunciar la persecución por parte de cuerpos de seguridad vestidos de civil mientras se desplazaba en su vehículo por las calles de San Salvador, agrega el texto.

La Corte estableció que Cuéllar Sandoval fue víctima de amenazas y hostigamientos que culminaron con su eliminación, sin que el Estado cumpliera con su responsabilidad de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos.

Qué debe hacer ahora

Entre las órdenes del tribunal internacional destacan que el Estado deberá continuar las investigaciones penales, con el fin de esclarecer lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores y partícipes de los hechos. Asimismo, debe continuar con la búsqueda de  todos, de forma rigurosa” y establecer, a la mayor brevedad, su paradero o la identificación de sus restos mortales.

Además, el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas, y adoptar medidas para que se garantice la permanencia de las comisiones de búsqueda de las personas de quienes no se supo más.

La Corte también ordenó a El Salvador incorporar al currículo del Sistema Educativo Nacional, en los niveles educativos medio y superior, un programa de educación permanente sobre las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad cometidos en ese país.

Redacción DCA

Nueva York, EFE

La defensa del expresidente Donald Trump (2017-2021) atacó ayer la credibilidad de Michael Cohen, quien fue abogado y mano derecha del exmandatario, durante su segundo día de contrainterrogatorio en el juicio penal contra el político republicano.

El defensor  principal de Trump, Todd Blanche, se centró en dejar en evidencia la honestidad de Cohen ante el jurado y no tanto en discutir cuestiones específicas del caso.

Esta semana, el testigo de la Fiscalía dijo que Trump le ordenó pagar 130 mil dólares para silenciar durante la  contienda electoral a Stormy Daniels, una estrella porno que afirma haber mantenido relaciones con el expresidente en 2006, y detalló cómo este le reembolsó más tarde por sus gastos.

Según el diario The New York Times, el magnate ha pedido a su abogado que sea especialmente incisivo en su interrogatorio, algo que se dejó ver en sus preguntas.

Una de las tácticas para dejar en tela de juicio ante el jurado la credibilidad de Cohen fue pedirle que contara las mentiras que dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara Representantes de 2017, cuando mintió bajo juramento, lo que le costó ser acusado de perjurio en 2018.

Blanche se apoyó en el hecho de que Cohen reconoció, en el juicio por fraude civil de Trump, que había mentido.

Redacción DCA

Tegucigalpa, EFE

Un grupo de unos 250 migrantes, hondureños y venezolanos, salió ayer hacia el punto de Corinto, fronterizo con Guatemala, como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.

El contingente salió a pie de la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante de Honduras.

Integran el contingente, mujeres con niños, algunas en grupos familiares o de amigos, de
varias regiones de la república centroamericana, así como muchos venezolanos.

Según el relato de vecinos, la falta de empleo y la inseguridad son las principales causas por las que se van de sus hogares.

“Buscamos un mejor futuro, en Honduras no hay trabajo”, expresó uno de los migrantes que se identificó solo como Sofía, quien señaló que procede de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Diferentes sectores consideran que la presidenta no ha cumplido con la promesa que hizo en campaña y al asumir el poder, de mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas y frenar la migración. Según organismos de derechos humanos, a diario entre 700 y 1 mil hondureños abandonan su tierra natal por los problemas socioeconómicos, con una violencia criminal que deja al menos diez muertos diarios.

Redacción DCA