NACIONALES
Mañana se activa el Sinaprese
La tarea de resguardo, monitoreo y vigilancia de los turistas estará a cargo de 93 mil personas.
Mañana a las 0:00 horas se activará el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa 2024 (Sinaprese), en el cual 93 mil personas de las 22 instituciones que conforman la instancia estarán en apresto.
Tendrán como misión atender a los miles de veraneantes que se desplazarán en todo el territorio, con motivo del descanso de la Semana Mayor.
El Sinaprese será desactivado el 1 de abril, a las 10:00. Claudina Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad que encabeza el sistema, auguró una estadía sin contratiempos ni incidentes a los visitantes nacionales y extranjeros en las diferentes actividades de la época.
Luis Juárez Bethancourt, viceministro de la Defensa Nacional y coordinador del Consejo de la Conred, reveló que la institución militar habilitará 48 puestos en todo el país, con 1 mil 500 soldados para proporcionar ayuda a quienes lo requieran y realizar patrullajes en tierra, así como apoyar las acciones de seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Por su parte, Obdulio Hernández, jefe de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), expresó que para esta labor están disponibles 450 brigadistas, 44 autopatrullas, grúas gratis en las rutas de mayor circulación y radares que detectan los excesos de velocidad.
Sinaprese espera proporcionar atención a cerca de 36 mil veraneantes en los 22 campamentos, especialmente en playas públicas y áreas de recreación. Contará con tres centros de monitoreo especialmente para los recorridos procesionales.
PNC fortalecerá la seguridad turística durante el descanso
Ante la alta afluencia de personas que se registra en las actividades religiosas y recreativas, es fundamental la seguridad, porque la industria sin chimeneas genera un impacto positivo en la economía del país.
En este sentido, la División de Seguridad Turística (Disetur), de la Policía Nacional Civil (PNC), puso en marcha el Plan de Seguridad Turística Semana Santa 2024, cuyo objetivo es garantizar la protección de la vida y bienes de los guatemaltecos y extranjeros.
Entre los lugares más frecuentados en estas fechas están La Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Atitlán, Sololá; Esquipulas, Chiquimula; Alta y Baja Verapaz, la capital, playas del Pacífico, Retalhuleu,
Quetzaltenango, Izabal y Petén.
El jefe del Departamento de Operaciones de la Disetur, Marco Tulio Lorenzo Corado, destacó la importancia de estas medidas, pues contribuyen al bienestar de los turistas durante la Semana Mayor.
Además, informó que está habilitada la línea 110 de la PNC para atender denuncias y emergencias, así como el número 3033-2741 para solicitar apoyo y asistencia de diversa índole.
Operativos y prevención
La Policía de Turismo realiza operativos móviles y fijos para verificar que los viajeros se desplacen sin portar sustancias u objetos ilícitos.
Asimismo, comprobar que los vehículos no tengan reporte de robo o asegurar que los pilotos no conduzcan bajo efectos de bebidas alcohólicas y drogas.
En paralelo, se realizan actividades de prevención del delito en lugares de mayor concurrencia, a fin de crear conciencia sobre la importancia de desplazarse con responsabilidad, lo que contribuye a incrementar la confianza entre agentes y ciudadanos.
Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.
Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.
En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.
Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.
La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.
Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.
Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.
Redcción, EFE
Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.
Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Irrespetaron términos
Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.
Foto: MP
Como resultado de una serie de allanamientos en tiendas, negocios y tortillerías de la capital, las autoridades rescataron a nueve menores, quienes fueron sacados de la explotación laboral; además, capturaron a cuatro personas por el citado delito.
Las acciones las efectuaron la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Unidad contra la Explotación Laboral, del Ministerio Público (MP).
Entre los detenidos, según el reporte de las autoridades, figuran Ana Xaper, en la colonia El Progreso, zona 11 capitalina, mientras que en la Landívar, zona 7, fueron aprehendidos Paula Ordóñez y Noé García.
Xaper y Ordóñez son señaladas por el delito de trata de personas, mientras que a García se le atribuye el uso de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.
Los pequeños quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que seguirá los procesos y cuidado de los infantes hasta que se solvente el asunto.
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