El presidente Bernardo Arévalo recibió el apoyo político de los 48 cantones de Totonicapán, un pueblo que defendió el sistema democrático, luego del intento de golpe de Estado fraguado por el pacto de corruptos, que aún tiene injerencia en las instituciones llamadas a defender el Estado de derecho y contribuir a aumentar la decencia en las dependencias públicas.

En el encuentro se hicieron evidentes las coincidencias de visiones que tienen la dirigencia de estos pueblos y la del binomio integrado por Arévalo y Karin Herrera, así como los enemigos comunes a los que se enfrentan, los mismos que buscan bloquear la construcción de la nueva primavera.

Vale la pena resaltar la franqueza con la cual se expresan los interlocutores, quienes siempre anteponen sus principios y las necesidades de sus representados. De hecho, paralelo al respaldo que le hicieron saber al jefe de Estado, advirtieron que el aval ofrecido no es un cheque en blanco, sino más bien el norte que esperan que siga el Organismo Ejecutivo en su camino hacia la búsqueda de la prosperidad general de los guatemaltecos.

Es obvio que atender las demandas será un tarea titánica que deben enfrentar y resolver los gobernantes, sobre todo porque se trata de proyectos y obras, eternamente, desoídas por administraciones anteriores.
Lo cierto es que, como ya lo anticipó el Presidente, honrar estos reclamos es un acto de justicia social, pero también una recompensa para comunidades que siempre han aportado al bienestar del país, a pesar de que los organismos del Estado nunca han sido recíprocos con ellos.

Conviene destacar que el Ejecutivo ya comenzó las estrategias para remediar las injusticias, las cuales incluyen el nombramiento de gobernadores y gobernadoras más identificados con las necesidades de sus pueblos.

Además, estos nuevos funcionarios harán de la probidad un sistema de trabajo y primarán los derechos y oportunidades para las mujeres, el sector poblacional más olvidado, que ahora ven con optimismo su presente y futuro personal, familiar y social.

Editor DCA

Ciento veinte días después de que las actuales autoridades asumieron el control del Organismo Ejecutivo, las compras y contrataciones irregulares cometidas por Alejandro Giammattei y su gabinete continúan apareciendo como una herencia malvada, que refleja la perversidad de la mafia que arrasó con los fondos públicos entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024.

El caso más reciente lo denunciaron ayer las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes detallaron la suscripción de un arreglo por 60 millones de quetzales, a cambio de que tres compañías de seguridad asignaran a 280 agentes para resguardar seis centros deportivos y recreativos oficiales, durante tres años.

Este nuevo hallazgo presenta anomalías que lo tornan lesivo para el Estado, las cuales vale la pena comentar. La primera surge porque el convenio se firmó el 13 de enero de 2024; es decir, un día antes de que los responsables de la citada cartera abandonaran el cargo para el cual habían sido designados por Giammattei y Miguel Martínez.

La segunda sospecha surge ante la cantidad de policías privados que se iban a contratar: 280, cuando según el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco Aguilar Chang, solo se necesitaban 55 para hacerse cargo de las tareas de control y resguardo en los recintos deportivos.

Obviamente, el trato será rescindido y después se analizarán las posibles responsabilidades penales y administrativas cometidas, aunque se sabe que este proceso en la cadena de justicia se estancará cuando llegue al Ministerio Público (MP), un ente que se ha desligado de la lucha contra la corrupción que la mayoría de guatemaltecos promueve, en un afán por devolver la credibilidad y decencia a las instituciones gubernamentales.

Lo cierto es que la cruzada por la transparencia y la rendición de cuentas emprendida por el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria Karin Herrera sigue firme y, de momento, ya suman 84 querellas trasladadas al MP, aunque, al parecer, el período presidencial no alcanzará para identificar todo el pillaje perpetrado durante el desgobierno de Giammattei.

Editor DCA

Las estadísticas oficiales establecen que en el primer cuatrimestre de 2024, los habitantes de 190 municipios del país, no presenciaron escenas de asesinatos en sus localidades, lo que representa a más de la mitad del territorio nacional en convivencia pacífica, es decir, el 56 por ciento del país. Un aumento
significativo de seguridad al comparar el mismo lapso de 2023, cuando se contabilizaron 110 poblaciones con ese índice.

Al efectuar una visita de campo por varios de los destacados poblados, el Diario de Centro América pudo constatar que el éxito en la reducción de este tipo de hechos delictivos no solo refleja un logro significativo en términos de seguridad física, sino también resalta el potencial de la colaboración entre autoridades y vecinos para construir un país más armonioso y próspero.

Es definitivo que la coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC), líderes comunitarios y la implementación de programas preventivos destacan en la percepción de mayor grado de seguridad en las poblaciones de más de la mitad del ámbito nacional.

Los datos son positivos, pero, sobre todo, son una tendencia que sin lugar a dudas se marcará cada vez más, ya que las acciones del Ministerio de Gobernación (Mingob) apuntan a que los ciudadanos alcancen más confianza y credibilidad en los planes de las actuales autoridades.

Aunque todavía hay mucho por recorrer, pues el Estado se encuentra en una situación de grave debilidad institucional para hacer frente a grupos clandestinos que operan violentamente y responden a los intereses de redes de individuos poderosos que se enriquecen por medio de actividades ilícitas.

El planteamiento es que el número de municipios con 0 homicidios pueda ampliarse este año para el bienestar de la sociedad en general.

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