Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.

Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.

En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.

Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.

La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.

Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.

Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.

Herbert García Fotógrafo: Giovanni Pérez

Redcción, EFE

Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.

Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

Irrespetaron términos

Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.

González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.

Redacción DCA Fotógrafo: Norvin Mendoza

En el primer cuatrimestre de 2024, la ejecución del presupuesto por parte de las instituciones del Gobierno promedió 28.34 por ciento, lo que representa el gasto más alto en comparación con el mismo período del primer año de las últimas cuatro gestiones, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin).

De un financiamiento vigente de 116 mil 731.8 millones de quetzales, de enero a abril se desembolsaron 33 mil 076.4 millones de quetzales; es decir, el porcentaje citado. En ese mismo lapso de 2020 fue de 23.97 por ciento; 2016, 26.22 por ciento; 2012, 24.94 por ciento, y 2008, 26.23 por ciento, detalla el Sicoín.

El 7 de mayo pasado, la fiscal general Consuelo Porras aseguró que el mandatario Bernardo Arévalo cuenta “con el presupuesto más alto de la historia de Guatemala y que, casi a mitad del año, no ha podido ejecutar ni el 10 por ciento del mismo”.

Porras también indicó que no se ven avances en salud, enseñanza y seguridad. Sin embargo, las carteras de Educación y sanitaria tienen una ejecución de 32.54 por ciento y 32.22 por ciento, respectivamente, y lideran junto a otras las erogaciones presupuestarias en el primer cuatrimestre del año.

La cartera de Salud indicó que los rubros en los que se ha ido la mayor parte del presupuesto son funcionamiento, alquiler de equipo, infraestructura de servicios, fármacos e insumos médico-quirúrgicos y de laboratorio.

Educación ha trasladado fondos a los programas de Alimentación Escolar, Útiles, Valija Didáctica, Gratuidad de la formación, remozamientos de escuelas, pago de salarios y gastos de funcionamiento de la institución.

Los otros ministerios que muestran eficiencia en el gasto son Trabajo (33.50 por ciento) y Relaciones Exteriores (30.58 por ciento). A ellos se suma la Procuraduría General de la Nación (PGN), con 32.91 por ciento.

Rodrigo Pérez