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Ligan a 4 militares a proceso penal
Por su presunta participación y responsabilidad en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, cuatro militares retirados fueron ligados a proceso penal por los delitos contra los deberes de humanidad, resolvió Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto del Ramo Penal.
Por su presunta participación y responsabilidad en la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, cuatro militares retirados fueron ligados a proceso penal por los delitos contra los deberes de humanidad, resolvió Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto del Ramo Penal.
La administradora de justicia consideró en su dictamen que existen los indicios suficientes de la presunta participación de los acusados en las faltas imputadas, por lo que ordenó la prisión preventiva y su ingreso a la Brigada Militar Mariscal Zavala. Además, otorgó un plazo de tres meses para que la Fiscalía pueda culminar las averiguaciones contra los sindicados y se presente la acusación formal y de manera escrita.
Detalle
Los acusados son: Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas; a estos dos últimos también enfrentan proceso por desaparición forzada.
El Ministerio Público (MP) recordó que el 27 de septiembre de 1981, durante el conflicto armado interno, en Santa Lucía Utatlán, Sololá, en un retén militar que se puso en el citado tramo carretero fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, a quien le descubrieron material de discusión política.
El ente pesquisidor añadió que ella fue trasladada a la Zona Militar “GMLB”, en Quetzaltenango, donde fue torturada y violada por elementos del Ejército.
El 6 de octubre de ese mismo año, según se mencionó durante la diligencia, 3 elementos de la institución armada, con vestimenta civil, llegaron a la residencia de la familia Molina Theissen, en la 6a. avenida 2-35, zona 19, La Florida, de donde se llevaron al joven.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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