NACIONALES
Cooperación japonesa, mano amiga de las comunidades
Desde hace más de 30 años, JICA ha apoyado al Gobierno en proyectos sociales.
Fotos: Danilo Ramírez
La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, en inglés) apoya a Guatemala con diferentes programas. Desde hace más de 30 años, ha trabajado en las comunidades más vulnerables en coordinación con el Ejecutivo en temas de salud, educación, nutrición, prevención de desastres, seguridad, desarrollo económico y gobiernos locales.
Yusuke Takahashi enseña en nuestro país los métodos utilizados con sus alumnos en Japón.
Con soporte técnico, económico y voluntarios, la nación asiática ha estrechado los lazos de amistad con nuestro país, mediante acciones que contribuyen al bienestar de los más necesitados.
Voluntarios por el desarrollo del país
Yusuke Takahashi es un maestro de matemática en su natal Japón. Desde hace 10 meses realiza voluntariado en varias escuelas del municipio de Chinique, en Quiché. Por medio de diferentes métodos, ayuda a los niños a aprender sobre los números y formas geométricas. También capacita a docentes. “Niños de Japón y Guatemala son casi iguales, trabajan muy bien”, menciona al terminar la clase en la Escuela de aldea Tizatal, del referido municipio.
El personal del Gobierno de Japón tiene experiencias en el manejo de desastres. Sus conocimientos para Guatemala son valiosos. En ese sentido, JICA otorga becas a técnicos nacionales relacionados con el tema, quienes replican experiencias y conocimientos en otros ámbitos. Eddy Maldonado, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), es uno de los beneficiados, y actualmente dirige el monitoreo de la actividad del volcán Santiaguito, uno de los colosos más activos del país. También trabaja con las comunidades, preparándolas para enfrentar una eventual erupción de grandes dimensiones. A la fecha, alrededor de 2500 guatemaltecos han viajado a Japón a capacitarse en diferentes temas de prevención.
Actualmente, hay 23 colaboradores nipones en el país, quienes permanecerán por dos años en este territorio. “Antes de venir a Guatemala, ellos se capacitan durante tres meses en el idioma español”, explica Yuki Kobayashi, encargado de la seguridad de estos benefactores.
JICA también ofrece el programa de fortalecimiento de gobiernos locales, con el cual busca mejorar la administración de recursos y la implementación de proyectos comunitarios que beneficien a la población. De los distritos más activos en esta iniciativa está San Andrés Xecul, en Totonicapán, que cuenta con aproximadamente 38 mil habitantes.
Marie Benii es nutricionista y también integra el voluntariado del JICA. Apoya al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con formación a padres de familia y a jóvenes del Instituto por Cooperativa Cantón Xatún, en Totonicapán.
Estas personas comparten sus conocimientos y cultura. “Yo deseo que los infantes mejoren su vida”, indica Benii, quien investigó los alimentos accesibles en la región para crear dietas que se ajusten a la pertinencia cultural de los alumnos.
La cooperación japonesa, de la mano con el Instituto Nacional de Cooperativas (Inacoop) promueve proyectos como GuateCrece, cuyo objetivo es fomentar la cultura del ahorro, el emprendimiento, el presupuesto familiar y los servicios que estas entidades de la región ofrecen para mejorar la inversión de las remesas. En Quetzaltenango, el municipio priorizado es Cantel, donde se han beneficiado alrededor de 300 familias.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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