Convertido en uno de los símbolos de la libertad de expresión en Guatemala, el periodista Jose Rubén Zamora festejó ayer la medida sustitutiva recibida, la cual representa otra batalla ganada contra un sistema que busca, sin éxito, callar y someter a la prensa independiente.

En octubre pasado, este galardonado comunicador se había apuntado otro triunfo, cuando una Sala de Apelaciones revirtió la condena de 12 años de prisión impuesta por los supuestos de lavado de dinero, chantaje y obstrucción de la justicia.

El amañado proceso contra el fundador de los desaparecidos diarios Siglo Veintiuno y elPeriódico ha desnudado la intolerancia a la crítica de las anteriores autoridades de las instituciones del Estado, así como la complicidad del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ), entidades que, ingenuamente, piensan que con encarcelar a un periodista o forzar su exilio obtienen mayor impunidad o, peor aún, someten a todo un gremio que denunció y denunciará los abusos de los mafiosos.

Lo poco sustancial de las causas contra Zamora (el MP le abrió otra por la presunta falsificación de documentos, querella que lo mantiene en la cárcel) también han sido censuradas por las principales organizaciones periodísticas del mundo, las cuales se solidarizaron con quien, de manera inquebrantable, lleva 656 días privado de su libertad por el simple hecho de denunciar la corruptela que pululó en períodos presidenciales pasados.

Para una nación que aspira a alcanzar niveles de democracia y justicia verdaderos, la absolución de Zamora es un paso clave e imprescindible, porque representa el enfrentamiento entre el bien y el mal. Sin embargo, está visto que quienes integran el pacto de corruptos y sus socios en los órganos de investigación y castigo continuarán sus pataleos, así como su oposición a terminar con la impunidad y construir instituciones estatales decentes como demandan los connacionales que atestiguan el fin de una época oscura, que nos hizo retroceder en principios y libertades.

Editor DCA

El presidente Bernardo Arévalo recibió el apoyo político de los 48 cantones de Totonicapán, un pueblo que defendió el sistema democrático, luego del intento de golpe de Estado fraguado por el pacto de corruptos, que aún tiene injerencia en las instituciones llamadas a defender el Estado de derecho y contribuir a aumentar la decencia en las dependencias públicas.

En el encuentro se hicieron evidentes las coincidencias de visiones que tienen la dirigencia de estos pueblos y la del binomio integrado por Arévalo y Karin Herrera, así como los enemigos comunes a los que se enfrentan, los mismos que buscan bloquear la construcción de la nueva primavera.

Vale la pena resaltar la franqueza con la cual se expresan los interlocutores, quienes siempre anteponen sus principios y las necesidades de sus representados. De hecho, paralelo al respaldo que le hicieron saber al jefe de Estado, advirtieron que el aval ofrecido no es un cheque en blanco, sino más bien el norte que esperan que siga el Organismo Ejecutivo en su camino hacia la búsqueda de la prosperidad general de los guatemaltecos.

Es obvio que atender las demandas será un tarea titánica que deben enfrentar y resolver los gobernantes, sobre todo porque se trata de proyectos y obras, eternamente, desoídas por administraciones anteriores.
Lo cierto es que, como ya lo anticipó el Presidente, honrar estos reclamos es un acto de justicia social, pero también una recompensa para comunidades que siempre han aportado al bienestar del país, a pesar de que los organismos del Estado nunca han sido recíprocos con ellos.

Conviene destacar que el Ejecutivo ya comenzó las estrategias para remediar las injusticias, las cuales incluyen el nombramiento de gobernadores y gobernadoras más identificados con las necesidades de sus pueblos.

Además, estos nuevos funcionarios harán de la probidad un sistema de trabajo y primarán los derechos y oportunidades para las mujeres, el sector poblacional más olvidado, que ahora ven con optimismo su presente y futuro personal, familiar y social.

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Ciento veinte días después de que las actuales autoridades asumieron el control del Organismo Ejecutivo, las compras y contrataciones irregulares cometidas por Alejandro Giammattei y su gabinete continúan apareciendo como una herencia malvada, que refleja la perversidad de la mafia que arrasó con los fondos públicos entre el 14 de enero de 2020 y el 14 de enero de 2024.

El caso más reciente lo denunciaron ayer las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes detallaron la suscripción de un arreglo por 60 millones de quetzales, a cambio de que tres compañías de seguridad asignaran a 280 agentes para resguardar seis centros deportivos y recreativos oficiales, durante tres años.

Este nuevo hallazgo presenta anomalías que lo tornan lesivo para el Estado, las cuales vale la pena comentar. La primera surge porque el convenio se firmó el 13 de enero de 2024; es decir, un día antes de que los responsables de la citada cartera abandonaran el cargo para el cual habían sido designados por Giammattei y Miguel Martínez.

La segunda sospecha surge ante la cantidad de policías privados que se iban a contratar: 280, cuando según el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco Aguilar Chang, solo se necesitaban 55 para hacerse cargo de las tareas de control y resguardo en los recintos deportivos.

Obviamente, el trato será rescindido y después se analizarán las posibles responsabilidades penales y administrativas cometidas, aunque se sabe que este proceso en la cadena de justicia se estancará cuando llegue al Ministerio Público (MP), un ente que se ha desligado de la lucha contra la corrupción que la mayoría de guatemaltecos promueve, en un afán por devolver la credibilidad y decencia a las instituciones gubernamentales.

Lo cierto es que la cruzada por la transparencia y la rendición de cuentas emprendida por el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, y la vicemandataria Karin Herrera sigue firme y, de momento, ya suman 84 querellas trasladadas al MP, aunque, al parecer, el período presidencial no alcanzará para identificar todo el pillaje perpetrado durante el desgobierno de Giammattei.

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