La cita, programada para hoy, entre los presidentes de Guatemala y México, Bernardo Arévalo y Andrés Manuel López Obrador, ha despertado interés y esperanza, especialmente, entre las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, porque consideran que puede propiciar una mejor atención para estos colectivos que salen de sus naciones en busca de mayores oportunidades de vida.

El hecho de que los gobernantes coincidan en considerar que estas personas deben ser atendidas con dignidad en los lugares de paso, hace que se incrementen las buenas expectativas en torno al impulso de políticas bilaterales que humanicen el trato hacia ellas.

La importancia que tiene para la economía nacional el ingreso de remesas que envían los connacionales no solo es innegable, sino que se ha convertido en uno de los principales bastiones de nuestro éxito macroeconómico y de la fortaleza del quetzal frente al dólar. Según reportes oficiales, en 2023 Guatemala recibió 19 mil 804 millones de dólares (154 mil 471 millones de quetzales), lo que representa casi el 15 por ciento del PIB.

La seguridad fronteriza y el impulso de programas que estimulen la economía en las zonas limítrofes son los otros temas que abordarán los mandatarios, de los cuales se espera que surjan iniciativas para reforzar la gobernanza y prosperidad de los pueblos.

El buen manejo de la política exterior y la férrea lucha contra la corrupción son las principales fortalezas de Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera. De hecho, la dimensión de los interlocutores (presidentes de EE. UU. y Francia, jefe de Gobierno Español, rey Felipe VI y altas autoridades de Naciones Unidas) y los resultados que tuvo el dignatario en su gira por Europa de febrero pasado marcaron un hito en las relaciones diplomáticas y devolvieron al Estado el liderazgo regional perdido por la desconfianza y mala reputación de quienes dirigieron los anteriores gobiernos. A ello se suma el decidido apoyo estadounidense.

En fin, se espera que esta cita entre los líderes de dos pueblos hermanos se materialice en prosperidad pronta e inclusiva para guatemaltecos y mexicanos, que evite que estos ciudadanos busquen en otros territorios las oportunidades que no encuentran en el propio.

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Convertido en uno de los símbolos de la libertad de expresión en Guatemala, el periodista Jose Rubén Zamora festejó ayer la medida sustitutiva recibida, la cual representa otra batalla ganada contra un sistema que busca, sin éxito, callar y someter a la prensa independiente.

En octubre pasado, este galardonado comunicador se había apuntado otro triunfo, cuando una Sala de Apelaciones revirtió la condena de 12 años de prisión impuesta por los supuestos de lavado de dinero, chantaje y obstrucción de la justicia.

El amañado proceso contra el fundador de los desaparecidos diarios Siglo Veintiuno y elPeriódico ha desnudado la intolerancia a la crítica de las anteriores autoridades de las instituciones del Estado, así como la complicidad del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ), entidades que, ingenuamente, piensan que con encarcelar a un periodista o forzar su exilio obtienen mayor impunidad o, peor aún, someten a todo un gremio que denunció y denunciará los abusos de los mafiosos.

Lo poco sustancial de las causas contra Zamora (el MP le abrió otra por la presunta falsificación de documentos, querella que lo mantiene en la cárcel) también han sido censuradas por las principales organizaciones periodísticas del mundo, las cuales se solidarizaron con quien, de manera inquebrantable, lleva 656 días privado de su libertad por el simple hecho de denunciar la corruptela que pululó en períodos presidenciales pasados.

Para una nación que aspira a alcanzar niveles de democracia y justicia verdaderos, la absolución de Zamora es un paso clave e imprescindible, porque representa el enfrentamiento entre el bien y el mal. Sin embargo, está visto que quienes integran el pacto de corruptos y sus socios en los órganos de investigación y castigo continuarán sus pataleos, así como su oposición a terminar con la impunidad y construir instituciones estatales decentes como demandan los connacionales que atestiguan el fin de una época oscura, que nos hizo retroceder en principios y libertades.

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El presidente Bernardo Arévalo recibió el apoyo político de los 48 cantones de Totonicapán, un pueblo que defendió el sistema democrático, luego del intento de golpe de Estado fraguado por el pacto de corruptos, que aún tiene injerencia en las instituciones llamadas a defender el Estado de derecho y contribuir a aumentar la decencia en las dependencias públicas.

En el encuentro se hicieron evidentes las coincidencias de visiones que tienen la dirigencia de estos pueblos y la del binomio integrado por Arévalo y Karin Herrera, así como los enemigos comunes a los que se enfrentan, los mismos que buscan bloquear la construcción de la nueva primavera.

Vale la pena resaltar la franqueza con la cual se expresan los interlocutores, quienes siempre anteponen sus principios y las necesidades de sus representados. De hecho, paralelo al respaldo que le hicieron saber al jefe de Estado, advirtieron que el aval ofrecido no es un cheque en blanco, sino más bien el norte que esperan que siga el Organismo Ejecutivo en su camino hacia la búsqueda de la prosperidad general de los guatemaltecos.

Es obvio que atender las demandas será un tarea titánica que deben enfrentar y resolver los gobernantes, sobre todo porque se trata de proyectos y obras, eternamente, desoídas por administraciones anteriores.
Lo cierto es que, como ya lo anticipó el Presidente, honrar estos reclamos es un acto de justicia social, pero también una recompensa para comunidades que siempre han aportado al bienestar del país, a pesar de que los organismos del Estado nunca han sido recíprocos con ellos.

Conviene destacar que el Ejecutivo ya comenzó las estrategias para remediar las injusticias, las cuales incluyen el nombramiento de gobernadores y gobernadoras más identificados con las necesidades de sus pueblos.

Además, estos nuevos funcionarios harán de la probidad un sistema de trabajo y primarán los derechos y oportunidades para las mujeres, el sector poblacional más olvidado, que ahora ven con optimismo su presente y futuro personal, familiar y social.

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