Las manifestaciones encabezadas por las autoridades ancestrales podrían volver a las calles de la capital y los departamentos, como medida para que la fiscal general Consuelo Porras y los diputados escuchen el clamor popular que rechaza la permanencia de la citada funcionaria en el Ministerio Público (MP).

Así lo indicaron los dirigentes de pueblos ancestrales, quienes llegaron ayer al Congreso para pedir la aprobación de la iniciativa presentada por el presidente Bernardo Arévalo, que busca reformar el Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP, a fin de abrir paso a la destitución de Porras.

Dina Juc, tercera alcaldesa de Santa Lucía Utatlán, Sololá, afirmó que exigen a los parlamentarios, quienes se bañan de purezas en Tik Tok, que de verdad hagan algo por el pueblo y que aprueben la propuesta que llevaría a retirar del cargo a la fiscal.

Asimismo, los representantes advirtieron a la décima legislatura que es momento de retomar la lucha, como la que se inició el 2 de octubre de 2023 y finalizó el 15 de enero de 2024, para defender la democracia y rescatar al país de la corrupción.

“El año pasado, el actuar de la jefa del MP ocasionó una crisis social y política sin precedentes, además de beneficiar a la mayoría de sindicados, acusados y procesados por casos de saqueo al Estado, burlándose de miles de guatemaltecos que han perdido la vida por el imperante robo de fondos públicos que nos aqueja”, coincidieron las autoridades originarias.

Los dirigentes reiteraron a los parlamentarios que, de urgencia nacional, reformen el citado
artículo, para que quienes ejerzan el cargo sean removidos por causa debidamente justificada,
ya sea a través del anteproyecto promovido por el jefe de Estado o cualquier otra que tenga la
misma finalidad.

Juan Carlos Toj, presidente de las Comunidades Aliadas de Chichicastenango, Quiché, aseguró que los pueblos siguen organizados y que esperan que los diputados hagan lo correcto. Asimismo, expresó que, de no hacerlo, tomarán medidas de hecho como las del año pasado.

Por último, enviaron un mensaje a los congresistas, a quienes hicieron ver que tienen la oportunidad de demostrar que están del lado del pueblo, que han comprendido que el país demanda un cambio de actitud de la clase política y que, de lo contrario, confirmarían que son parte del problema.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Cecilia Vicente

Del 14 de enero de 2024 a la fecha, distintas entidades del Ejecutivo han hecho de conocimiento del Ministerio Público (MP) 84 casos en los que se sospechan que se hizo un mal uso de los recursos públicos.

Así lo evidencia el tablero Los expedientes de la corrupción puesto en marcha ayer por la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). De ese total, 70 denuncias están en investigación, seis se han desestimado y ocho siguen en proceso de que se les asignade número de expediente en el MP, de acuerdo con la plataforma digital.

El 40.5 por ciento de las delataciones está relacionado con los sectores de infraestructura; 23.8 por ciento, salud, y 11.9 por ciento, desarrollo social los cuales, en su conjunto, representan el 76.2 por ciento del total.

Estos datos contradicen lo expresado en conferencia de prensa por la fiscal general Consuelo Porras en cuanto a que “en más de 100 días el equipo de gobierno solo ha puesto 19 querellas, de las cuales, aproximadamente, 10 ya están bajo pesquisa” y que la cantidad de acciones legales “no es un resultado satisfactorio, ni acorde a la narrativa anticorrupción” (del Presidente).

Llamado

“Es fundamental que el MP investigue cada una de estas denuncias con la debida diligencia para dar con los responsables de los hechos”, los que fueron puestos de conocimiento del ente encargado de la persecución, aseguró Santiago Palomo, titular de la CNC.

La herramienta es fundamental para transparentar la gestión del Gobierno en el combate al saqueo del dinero público, agregó el funcionario. La página web recopila los casos y muestra datos relevantes como la institución que delató, los supuestos hechos y montos del proyecto, así como fecha en que se interpuso la acción legal y los días transcurridos en el proceso de averiguación.

Útil y significativo

“Es una herramienta necesaria y buena, aunque un poco tardía porque se pudo haber hecho en las primeras dos semanas de gobierno o antes. Pero, en todo caso, es importante que la población conozca las denuncias para ver el desempeño que va a tener el MP en investigar. Sería bueno, al cabo de tres meses, saber cuántas han desestimado porque esa es la política” de esa institución (Fiscalía), afirmó Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC).

La plataforma le mete presión al ente encargado de la persecución penal, porque “es conocido que el Ministerio Público no hace su función en los casos de corrupción y, al contrario, termina investigando a los que denuncian. Esa es la tónica que ha tenido en los últimos cinco años”, concluyó el experto en temas de transparencia.

Algunos casos relevantes

Escuelas Bicentenario. Se exigió como requisito indispensable para la construcción el material denominado LEGO PVC, que tiene un único proveedor. Son 13 proyectos por un monto de 541.7 millones de quetzales.

Intervención ilegal en concesión de demolición de garitas de peaje de Palín, Escuintla.

Cocinas dignas. Revisiones del Micivi señalan que presuntamente se manejaron de manera inapropiada fondos que ascienden a 53 millones de quetzales.

Aeropuerto Internacional La Aurora. En la adquisición de gradas y ascensores el proveedor incumplió con los plazos de entrega de los equipos. Además, las dimensiones de los materiales eran distintas a las que se requerían para instalar en los espacios específicos del aeropuerto.

Se identificó una red de funcionarios que solicitaba dinero a cambio de agilizar el trámite de visas de trabajo.

Compra de vacunas Sputnik V.

En la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (Dicorer), como del MAGA, funcionarios exigían dinero a cambio de contratar a personas que no cumplían con los procedimientos legales ni las capacidades para asumir el cargo.

Indicios de falsedad en licencias ambientales.

Rodrigo Pérez Fotógrafo: Herbert García

Foto: SCEP

La segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) 2024 conocerá hoy las prioridades y compromisos de proyectos por ejecutar en las comunidades. Ayer, autoridades gubernamentales y municipales, representantes de oenegés y sociedad civil detallaron la agenda.

Entre los puntos destacados está la discusión del presupuesto y la política fiscal del Conadur para el ejercicio fiscal 2025. Durante la sesión, los delegados regionales presentaron sus propuestas con el objetivo de recibir recomendaciones acerca de los montos máximos de recursos para reinversión e inversión.

Además, se analizó el estado de los proyectos de 2024 en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), así como los antecedentes de la planeación urbana, la Política General de Gobierno (PGG) y los compromisos adquiridos.

“Estamos muy optimistas respecto a este segundo encuentro del Conadur, ya que enfrentamos situaciones distintas en comparación con el primero”, indicó Carlos Mendoza, secretario de Coordinación y Planificación de la Presidencia (Segeplan).

Mendoza aludió que lo anterior se debe, en gran medida, a la renovación de liderazgos en las gobernaciones, en línea con las designaciones realizadas por la administración del presidente Bernardo
Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera.

El funcionario instó a los presentes a mantener el espíritu de colaboración y cooperación en beneficio de todos los pobladores y enfatizó la importancia de fortalecer la democracia en los ámbitos local, municipal, departamental y regional.

“Nuestra obligación es retomar ese espíritu, con el cual se creó el sistema del Conadur”, puntualizó.

Wendi Villagrán