NACIONALES
“65 mil familias han sido ingresadas en Bono Social”
El funcionario advierte que este proyecto es la columna vertebral de la cartera y proyecta que en 2022 se llegará a 125 mil hogares.
Leonel López
Director de Asistencia Social del Mides
El Programa Bono Social, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), es la columna vertebral de la institución, porque juega un papel fundamental en el plan que busca apoyar a la población más vulnerable de Guatemala, afirmó Leonel López, director de Asistencia Social de la cartera.
Sobre esta estrategia, que se realiza por medio de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), los parámetros y metas se refiere el funcionario en la siguiente entrevista.
¿Cómo se define a los beneficiarios del Programa Bono Social?
Se hace por medio del mapa de pobreza nacional, que es un instrumento técnico que elaboran el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el cual permite al Mides focalizar la pobreza y priorizar los departamentos con mayores necesidades económicas y alimentarias.
¿Se facilita la misma cantidad monetaria en todos los departamentos?
No. A las jurisdicciones priorizadas se les efectúa una transferencia de Q500, y en donde hay menos niveles de pobreza se les aportan Q300. Tenemos cobertura en 21 de los 22 departamentos del país y en 311 de los 340 municipios.
¿Cuáles son las metas trazadas por el Gobierno?
Tenemos un panorama cuantitativo que nos dice que alrededor de 65 mil familias han sido ingresadas al proyecto durante esta administración. Estamos proyectando que al cierre de este ejercicio fiscal vamos a tener 125 mil familias nuevas.
¿De qué forma se garantiza la transparencia?
Todos los programas sociales que ejecuta el Mides tienen parámetros de transparencia y están permanentemente fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas (CGC). Asimismo, tenemos procedimientos internos y marcos jurídicos con instituciones financieras que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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