NACIONALES
Más de Q391 millones recuperados
Presentan resultados de auditoría al Presupuesto de la Nación 2021.
El Informe Anual de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021 fue dado a conocer ayer por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El mencionado trabajo recoge información relacionada con auditorías, sanciones económicas, exámenes especiales y fideicomisos vencidos de entre 10 y 15 años, rubros constituidos con fondos del Estado que en toda la historia de la CGC no se habían auditado.
El informe fue entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la República, por parte del titular de la Contraloría, Edwin Humberto Salazar Jerez.
“Este informe materializa el compromiso con la transparencia, la probidad, la calidad del gasto y la rendición de cuentas, que son premisas para la buena gobernanza, la ética pública y el fortalecimiento del Estado de derecho”, afirmó Salazar.
Por medio de la Dirección de Fideicomisos, se logró que se trasladaran al fondo común Q391 116 408.43, y se continúa con las auditorías para mover lo pendiente, que son cerca de Q125 899 679.53. Los fondos eran del Banco de Guatemala, de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de Finanzas Públicas y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.
Salazar afirmó que el compromiso de 2021 se ha cumplido, como fue el consolidar y entregar una institución renovada, actualizada y reconocida en el ámbito internacional, posicionándola dentro de las mejores de América Latina.
Ello representa ser una de las entidades con mayor incidencia en la rendición de cuentas y transparencia, con sentido de prevención de opacidad, mayor aseguramiento de la calidad del gasto público y lucha contra la corrupción.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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