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Diputados definen agravantes contra “coyotes”

Nueva ley toma en consideración si el migrante es menor o si es mujer embarazada, entre otras causantes.

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Las reformas a la Ley de Migración, aprobadas el martes recién pasado por el Congreso de la República, consideran ocho agravantes para incrementar las penas de prisión contra quienes trafican personas.

Las modificaciones establecen prisión de 10 a 30 años a quienes se dediquen al “tráfico ilícito de personas” y “tráfico ilegal de guatemaltecos”, y detalla que la pena en ambos casos “será aumentada en dos terceras partes” si se incurre en ocho agravantes.

Las causantes consideran si el migrante es menor de edad, si es mujer en estado de gravidez (embarazo) y si pone en peligro la vida, integridad o salud de los viajeros, además de tomar en cuenta las condiciones o medios en los que se ejecute el hecho o se cause grave sufrimiento físico o mental.

A los agravantes citados se suma si el autor o partícipe es funcionario, empleado público o notario, si el hecho se ejecuta por un grupo de tres o más personas, si se trata de delincuencia organizada o si el migrante es víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. También se incluye si media la privación de libertad en el extranjero o si se es víctima de otros delitos de cualquier orden o fallece.

“En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”, se remarcó.

Las definiciones

De acuerdo con la ley, comete el delito de “tráfico ilícito de personas” quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material, promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de uno o más extranjeros.

La Ley refiere que el delito de “tráfico ilegal de guatemaltecos” lo comete quien (por las mismas razones que en el caso de los extranjeros) capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier medio a guatemaltecos para emigrar a otro país, sin cumplir con los requisitos legales.

Los cambios que endurecen las penas fueron aprobadas dos semanas después de que el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley. Foto: Danilo Ramírez
Rodrigo Pérez Fotógrafo: Noe Pérez
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Monitoreo de cámaras permite cuatro capturas

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Foto: PNC

El monitoreo de cámaras de vigilancia en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, permitió la captura de cuatro presuntos ladrones. Fueron sorprendidos con una motocicleta robada en un sector del citado municipio, lo que alertó a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de Policía Municipal coordinar la detención.

Personal de la comuna encargada de los aparatos de video observó cuando los sujetos intentaban encender una moto, la cual llevaban jalando, pero al notar la presencia de las fuerzas de seguridad intentaron darse a la fuga en un automóvil. Sin embargo, fueron interceptados por la PNC en la zona 1 de San Antonio Aguas Calientes, del citado departamento.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Andrew “N”, de 19 años; Wilfido “N”, de 28, con un antecedente por hurto de vehículo de fecha 20 de octubre 2019; Elder “N”, de 26, y Guillermo “N”, de 24, a quienes se les incautaron cuatro celulares y una ganzúa, los cuales serán de utilidad para la investigación pertinente.

Rubelsy Pimentel
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UCEE fortalece el control de obras

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Por medio de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), del Viceministerio de Edificios Estatales y Obra Pública de la cartera de Comunicaciones, se implementó la herramienta Portal de Datos Abiertos, donde se detallarán las obras que vienen de arrastre y las nuevas.

Carlos Le Sage, director de UCEE, explicó que habrá proyectos registrados de los tres ministerios a los que les presta servicio, los cuales son Educación (Mineduc), con la construcción y remozamiento de escuelas.

También, con el de Defensa

(Mindef) con apostaderos navales, y de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), relacionados con proyectos como puestos de salud, centros de Atención Permanente y hospitales.

Según la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, en el sitio se encontrará la opción para verificar los distintos proyectos en marcha, se tendrá una bitácora y los costos unitarios.

“Todas las licitaciones de aquí en adelante se harán ante el público, de manera transparente. Que puedan entregarse las ofertas con el precio oficial, con la finalidad de rendir cuentas y evitar casos de corrupción”, afirmó.

Santiago Palomo, director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, agregó que esta es una herramienta que reúne las características de innovación, trasparencia y funcionalidad, debido a que se le debe a la ciudadanía una mayor y eficiente abertura a lo público.

“Una obra inconclusa y de baja calidad, no solo es un edificio en malas condiciones, más bien es una escuela inadecuada para los niños o un hospital ineficiente para atender la salud de los
guatemaltecos”, recalcó.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Cecilia Vicente
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Se intensifica rechazo contra Fiscal General

Crecen las demandas nacionales e internacionales por destitución de Porras.

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Foto: CCDA

El rechazo hacia la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, ha alcanzado nuevos niveles en los ámbitos nacional e internacional. Ayer, diversas manifestaciones ciudadanas se llevaron a cabo en el país para exigir su renuncia, mientras que el exembajador de Estados Unidos Stephen McFarland instó a la Corte de Constitucionalidad (CC) a reconocer las normas internacionales que rigen la rendición de cuentas de la citada figura.

En un comunicado emitido por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se solicitó la destitución de Porras, acusándola de “atentar contra la democracia, la población honrada y trabajadora y defender intereses del pacto de corruptos y mafias que operan en el país”.

Además, el CCDA hizo un llamado al Congreso de la República para que responda a las demandas de la población y apruebe las reformas a la Ley Orgánica del MP solicitadas por el Presidente de la República.
Simultáneamente, en Izabal, vecinos de tres comunidades de Río Dulce, Livingston, organizaron una caminata pacífica para exigir que Porras y el fiscal Rafael Curruchiche se vayan del ente investigador.

En otros departamentos del país, la recolección de firmas continúa con el objetivo de que guatemaltecos expresen su demanda para que renuncie la Fiscal General.

Los organizadores esperan recolectar 5 mil rúbricas para exigir que el Ejecutivo o el Congreso soliciten al Tribunal Supremo Electoral una consulta popular que permita retirarla del cargo.

El presidente Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa en Escuintla, recordó que se ha presentado la propuesta al Congreso para modificar el Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP.

“El pueblo es el que, ahora, está preguntando a los parlamentarios qué harán al respecto, pues está en sus manos decidir sobre las modificaciones. Cuando se apruebe el cambio, podremos aplicar el procedimiento para pedirle a la fiscal que rinda cuentas, y será removida”, aseguró el jefe de Estado.

Rinde informe en privado

En privado y alejada de la prensa, la fiscal general Consuelo Porras presentó ayer, en un hotel de La Antigua, Sacatepéquez, su Segundo Informe Anual para el período 2023-2024. La actividad fue transmitida en las redes sociales del Ministerio Público (MP). Porras subrayó que bajo su liderazgo, el MP ha logrado un récord en el número de solicitudes de retiro de inmunidad contra funcionarios investigados por actos anómalos. Además, enfatizó en la desarticulación de bandas criminales.

“La lucha contra la corrupción es esencial para el fortalecimiento del Estado de derecho y la justicia social. Hemos demostrado una dedicación incansable para garantizar que se haga justicia, sin importar el rango o la posición del involucrado”, declaró Porras.

El secretario privado de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, criticó la gestión de la fiscal. En su cuenta de X escribió: “Presumir un alto porcentaje de efectividad en papel, a costa de desestimar denuncias de extorsión, violencia y robos, y no investigar a exfuncionarios con acusaciones creíbles de corrupción es contrario a la democracia”.

Cortesía: MP
Luis Carrillo
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