NACIONALES
92 por ciento de capturas es en flagrancia
Estudio del SP refleja que 46 por ciento de menores de 13 años no visita a sus padres.
Con el objetivo de determinar distintos impactos en centros de detención del país, el Sistema Penitenciario (SP) presentó algunas investigaciones realizadas a personas privadas de libertad.
En un principio, hay que destacar que el Departamento de Unidad de Expedientes reflejó que en 2020 se registraron 85 825 detenciones en flagrancia, lo que corresponde a un 92 por ciento del total de capturas. El 8 por ciento restante (3816) fue por orden judicial.
Adicionalmente, para determinar la efectividad de los programas psicológicos, se evaluó a 1095 personas durante 6 meses, y se comprobó que todos los planes son efectivos, a excepción del llamado Estrategias para la disminución de conductas agresivas.
Con relación al vínculo familiar de menores de edad, el Departamento de Trabajo Social encuestó a 418 padres y madres privadas de libertad, y se determinó que existe un desprendimiento del vínculo familiar. El 46 por ciento de los menores de 13 años no visita a su progenitor.
También, se dieron a conocer los factores que influyen en la economía de los reclusos.
En ese sentido, se encuestó a 250 personas de 4 prisiones: el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, el Centro de Orientación Femenino, el Preventivo para Hombres y la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes.
360 personas por cada 1000 casos fueron enviadas a centros de detención en 2020.
Las dos categorías de negocios más frecuentes que se determinaron fueron los comedores y tiendas o abarroterías, los cuales proveen de insumos básicos. Otros de los proyectos laborales fueron barbería o peluquería, elaboración de redes y panadería, entre otras.
El Departamento Educativo identificó los factores que inciden en el retiro de la población estudiantil de los programas de enseñanza formal. De 89 alumnos que desertaron, el 79 por ciento indicó que recibía buena formación.
Sin embargo, otro 43 por ciento dijo tener problemas para retener información, 53 por ciento argumentó no contar con un documento de identificación y un 61 por ciento expresó haber tenido dificultades económicas para gastos de papelería del título.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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