EDITORIALES
Necesaria y valiosa rehabilitación social
El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria fue implementado por el Gobierno de la República, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), para contribuir en la readaptación social de los privados de libertad y facilitarles mejores oportunidades de desarrollo al salir de prisión.
Actualmente, dicho método es ejecutado en el Centro de Detención Fraijanes I, donde recientemente fue instalada la Unidad Canina K-9, como parte de los procesos de transformación en los correccionales.
En ese lugar de rehabilitación y reinserción social se albergaba a mujeres con un perfil de baja peligrosidad y con voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.
Entre las cárceles donde próximamente también se impulsará el Nuevo Modelo está el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, y se analiza qué otra podrá ser incluida, luego de los análisis respectivos.
Estas acciones tienen como propósito disminuir los hechos delictivos desde las cárceles, como las extorsiones, pues los métodos de control y orientación de los internos es moderno. En ese sentido, en el programa serán incluidos quienes puedan estar involucrados en dichos delitos, de acuerdo con las autoridades.
Y es que el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria funciona bajo el régimen de cero ocio y ofrece programas de educación y capacitación constante. El primer grupo de privadas de libertad que se incluyeron en el proyecto ingresó el 4 de mayo de 2017 y, hasta la fecha, ya 40 han salido de prisión.
La iniciativa es posible con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y el Ministerio de Educación, por medio del Programa de Educación Alternativa (Pronea), entre otras entidades. De esa manera, el Sistema Penitenciario (SP) continúa su transformación al Nuevo Modelo, a fin de que asuma el rol de trabajo que se requiere para lograr la reinserción social de los reos, luego de que cumplan su condena.
COLUMNAS
La elección es sencilla: justicia o impunidad
Los diputados del Congreso de la República enfrentan una disyuntiva histórica: fortalecer el sistema democrático y velar porque se imparta justicia, o perpetuar la impunidad y corrupción que han impedido el desarrollo del país y alcanzar mayores niveles de prosperidad.
El dilema, fácil de resolver, le llega a los parlamentarios con la propuesta de reforma al
Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), que promueve el presidente
Bernardo Arévalo. En esencia, hay que decirlo claramente, la referida modificación permitirá retomar las causas que legalicen el retiro de Consuelo Porras, quien se ha atrincherado en el cargo con un objetivo muy claro: asegurar la inmunidad propia y la de quienes integran el llamado pacto de corruptos.
Pero más allá de cumplir con la demanda social de concluir con “el oscuro ciclo” de Porras, el anteproyecto restituye la independencia del MP y lo obliga a rendir cuentas sobre sus actos, una responsabilidad que tienen todas las entidades estatales, la cual es común en las naciones democráticas del mundo.
Conviene aclarar que la Fiscal General y sus aliados en el Ministerio no se enfrentan a revanchismos políticos o venganzas personales, como sugieren las teorías conspirativas que provienen de algunos individuos y sectores. Estos funcionarios, muchos de ellos vetados en 43 países por su presunta complicidad en el saqueo del erario, confrontan a una ciudadanía que está consciente de que mientras la Fiscal General continúe en el puesto, la transparencia y la probidad en el aparato público continuarán siendo utopías.
Insistimos. En breve, esta legislatura, que ha enviado mensajes esperanzadores y optimistas, deberá elegir entre construir una Guatemala en donde ministros, diputados, magistrados y fiscales sean los buenos que rechazan a los malos y no al revés, donde los patos no solo le disparan a las escopetas, sino que se roban el armamento para perpetrar nuevos asaltos.
COLUMNAS
Destitución de Fiscal General es un asunto de principios y valores
La decisión del presidente de la República, Bernardo Arévalo, de dejar en manos del Organismo Legislativo la posibilidad de que la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, pueda ser removida es una acción que permitirá terminar con uno de los períodos más
lamentables en la existencia del ente a cargo de defender el Estado de derecho y evitar el saqueo de los fondos públicos.
De hecho, durante su primera cadena de radio y televisión, en la que informó sobre el anteproyecto de reforma a la normativa que rige al MP, el mandatario anticipó que “el oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, confiado en que los parlamentarios se unirán a la cruzada nacional que demanda el retiro inmediato de alguien que es vista como defensora a ultranza de políticos, exfuncionarios y empresarios corruptos y de perseguir, mediante casos simulados, a quienes critican y cuestionan su errado proceder.
Ignorada por la comunidad internacional (43 naciones le niegan el ingreso a su territorio) y vista como una paria en Guatemala, Porras se aferra al cargo valiéndose de argucias legales que han impedido que el jefe de Estado la cese de sus funciones, como clama la mayoría de ciudadanos, quienes no se explican por qué, habiendo tantas evidencias contra Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, ministros y secretarios que integraron ese desgobierno, ella ha sido incapaz de avanzar en casos que evidencian el asalto al erario.
Como lo mencionó el mandatario, el cargo de Fiscal General es el único que no le rinde cuentas a nadie y su permanencia depende de sí mismo; sin embargo, es tiempo de que se corrijan los errores, con el fin de que los responsables de la investigación sean removidos cuando, como ocurre en este caso, su permanencia genera daños irreparables a la nación, bloquea la probidad y, sobre todo, ofrece respiro a los sinvergüenzas que se han enriquecido de manera ilícita, vil y despiadada.
EDITORIALES
La valiente tarea de abaratar las medicinas
«Entendemos la salud como un derecho humano y, por lo tanto, es una responsabilidad del Estado”, refiere el Plan de Gobierno 2024-2028 que rige el trabajo del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera.
En el citado documento se advierte que garantizar este derecho no depende de la capacidad económica de los guatemaltecos, porque pasa por transformar el sistema.
Para lograr la mencionada transformación, es inevitable enfrentar a las fuerzas oscuras y poderosas que, durante años, negocian con la salud de los ciudadanos al controlar los precios de los medicamentos en los centros asistenciales públicos. Estos mercaderes no solo han sangrado el erario, sino que también han impedido la libre competencia en el sector.
Lo anteriormente descrito dimensiona la importancia del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), el cual marcará un hito en la red hospitalaria nacional, porque se adquirirán fármacos, material quirúrgico y equipo 57 por ciento más barato, una proyección con base en la experiencia en el IGSS, gracias a procesos más transparentes y probos que los actuales.
Además de facilitar la participación de más proveedores internacionales y, por consiguiente, asegurar precios más cómodos, los contratos que se firman con la Unops son temporales y contemplan capacitaciones, con el objetivo de dotar a los Estados y a sus funcionarios de los conocimientos y competencias para que continúen las transacciones de manera independiente.
De igual manera, sus protocolos están blindados ante posibles injerencias que estimulen el tráfico de influencias y la corrupción.
En fin, Guatemala se encamina a terminar con el infame negocio de las medicinas, cuyas consecuencias se cuentan con pérdidas de vidas. Es predecible que las mafias no se quedarán quietas y atacarán, mediante sus secuaces y sicarios de la desinformación, este programa cuyo “pecado” es anteponer el bien común y combatir el vil actuar de los desalmados.
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