NACIONALES
Promueven coordinación interinstitucional
Las videoaudiencias son una opción en los procesos de ejecución penal.
La magistrada Delia Marina Dávila Salazar, vocal IV de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), promueve la coordinación interinstitucional para la realización de audiencias en los juzgados de Ejecución Penal por medios virtuales, y la comparecencia de los abogados defensores públicos en representación de los privados de libertad. Con esto se evitan los traslados de reos y se cumple con las medidas de aislamiento en la actual coyuntura.
En la reunión estuvieron presentes el subdirector y el jefe de la Unidad de Ejecución del Instituto de la Defensa Pública Penal, el director del Sistema Penitenciario, juezas y jueces de los juzgados de Ejecución Penal, el director y personal del Centro de Información de Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ), la jefa de la Fiscalía de Ejecución, así como la fiscal adjunta y la licenciada Alejandra Dubón, de la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), como entidad cooperante para apoyar al Organismo Judicial (OJ) para la adquisición de equipos en la implementación de videoaudiencias.
La magistrada Dávila Salazar expresó la necesidad que tienen todas las instituciones en el uso de la tecnología frente a la pandemia del coronavirus Covid-19, para preservar la salud y vida de los guatemaltecos.
De igual manera, por medio de la gerente general del OJ de Guatemala, licenciada Alba Ruth Sandoval Guerra; personal del Centro de Informática y Tecnología (CIT); Asesoría Jurídica y el CIDEJ, se continúa trabajando en el proyecto de audiencias por medios electrónicos.
Con esto se evalúan los procesos electrónicos implementados con anterioridad y las nuevas propuestas para la gestión electrónica de expedientes.
*Con Información de Boris Barrios.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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