En marzo se presentaron 32 denuncias en el MP, por los delitos de defraudación y contrabando.

Durante el primer trimestre de este año, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recuperó Q50 millones 810 mil, derivado de los ajustes que aplicó a importadores que incurrieron en subvaloración de mercancías.

Werner Ovalle, intendente de Aduanas, manifestó que la SAT le apuesta a la facilitación del comercio y darle al contribuyente una mayor asertividad en el valor de sus productos, pero también a detectar a los propietarios que declaran un menor valor por su mercadería.

Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, indicó que la implementación de tecnología no intrusiva, como el marchamo electrónico y los rayos X, ayudará a reducir los factores de riesgo e identificar a las empresas o personas individuales que intenten incurrir en actos ilícitos.

En mayo del año pasado, el ente recaudador comenzó a utilizar una nueva Base de Datos de Valor, con el fin de reforzar los controles, proveer certeza, agilidad y precisión en la verificación de las mercaderías importadas, recordó el funcionario.

Este software de consulta de valor tuvo un costo de Q1.5 millones y fue financiado por la Corporación para el Desafío del Milenio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Sección de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de ese mismo país.

Ovalle agregó que como parte de la implementación de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros 2018-2028, este año planean implementar el proyecto del marchamo electrónico, realizar auditorías fiscales a contribuyentes sujetos a investigación por ingreso o egreso de mercancías de manera ilícita y dotar de infraestructura, equipo y tecnología a los grupos interinstitucionales que combaten dichos delitos.

Contra el comercio ilegal

Un total de €183 mil 728 invertirá la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) para ejecutar el proyecto Fortalecimiento empresarial y de desarrollo local por medio de buenas prácticas en la lucha contra el contrabando, en alianza con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

El proyecto, que se implementará de enero de 2019 a julio 2020, tiene como objetivo fortalecer las capacidades del sector empresarial para apoyar al Gobierno en la lucha contra el contrabando y elaborar propuestas para el combate del comercio ilícito mediante un observatorio.

Javier Zepeda, director de la CIG, dijo que la asistencia técnica que financiará la GIZ permitirá desarrollar nuevas habilidades empresariales, promover el desarrollo local y la economía formal.

Contrabando

Por otro lado, la incautación de productos de contrabando ascendió a Q5 millones 780 mil, a marzo, lo que representó Q3 millones 469 mil en impuestos dejados de percibir. Lo decomisado y los ajustes en aduanas son resultado de las 131 acciones que llevó a cabo el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (Coincon), dijo Ovalle.

Solo en marzo, el Coincon realizó 28 acciones interinstitucionales; de esa cifra, 26 correspondieron a operativos en carretera. En ese mes fueron presentadas 32 denuncias al Ministerio Público (MP), por defraudación y contrabando.

De acuerdo con Melvin Silvestre, fiscal del MP, a la fecha han recibido más de 260 denuncias por los delitos citados, mientras que en el acumulado suman más de mil 500.

“Todo estos casos son conocidos por solo un juez, lo cual dificulta que los procesos avancen a un ritmo acelerado. Esta situación se ha hecho del conocimiento del Organismo Judicial, mediante la Secretaría de Política Criminal, por lo que para este año ellos tienen contemplado inaugurar un segundo juzgado especializado en materia tributaria y aduanera”, dijo.

Impacto

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales, en el estudio Fortalecimiento de la recaudación tributaria, transparencia aduanera y reducción del comercio exterior ilícito en Guatemala, estimó que el valor del comercio exterior ilícito es de Q17 mil 257.7 millones, equivalentes a 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De esa cifra, se calcula que el 1.8 % podría corresponder a la defraudación aduanera, mientras el impacto fiscal del contrabando directo sería de 1.7 % del PIB.

Erick Coyoy, investigador a cargo del estudio, dijo que esto significa que la autoridad tributaria podría estar frente a un potencial de recaudación adicional de Q8 mil 640 millones por defraudación aduanera.

Brenda Jiguan