NACIONALES
Parlamentarios de EE. UU. respaldan decisión del presidente Morales
Luego que hoy se publicara el Acuerdo Gubernativo 2-2019, en el cual se hace oficial el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), parlamentarios de Estados Unidos respaldaron la decisión del presidente Jimmy Morales.
El congresista y representante por Arkansas, Rick Crackford, publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Estoy de pie por el pueblo de Guatemala y la decisión de su Presidente, con respecto a la CICIG. Guatemala ha sido un aliado firme de los Estados Unidos y tienen derecho a su propia soberanía y su derecho a la autodeterminación”.
I stand by the people of Guatemala and the decision of their president, @jimmymoralesgt regarding CICIG. Guatemala has been a steadfast ally of the U.S. and they are entitled to their own sovereignty and their right to self determination. #CICIG 🇬🇹
— Rep Rick Crawford (@RepRickCrawford) 8 de enero de 2019
Otro funcionario que respalda el acuerdo fue el senador por el estado de Utah, Mike Lee, quien expresó que “Guatemala tiene todo el derecho de hablar y defender las violaciones de la soberanía y los abusos cometidos por la Comisión”. Agregó que la soberanía de una nación es el núcleo de su libertad.
A nation’s sovereignty is the core of its freedom. Guatemala has every right to speak up and defend violations of sovereignty and abuses committed by the International Commission against Impunity in Guatemala.
— Mike Lee (@SenMikeLee) 8 de enero de 2019
Argumentos para terminar acuerdo
Ayer por la tarde, el mandatario Morales anunció, junto al vicepresidente Jafeth Cabrera y el Gabinete de ministros, el fin del acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece la creación de la Cicig, debido a las violaciones a las leyes nacionales e internacionales, y los atropellos contra los derechos fundamentales de varias familias guatemaltecas y la intervención en la justicia por parte de la Comisión.
NACIONALES
Diputados denuncian a exministro del Micivi
Dos denuncias por posibles ilegalidades en la gestión de 1 mil 300 millones de quetzales fueron interpuestas contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
“Presentamos nuevos señalamientos por irregularidades y corrupción relacionados con el Decreto 21-2022 y la construcción de escuelas Bicentenario”, informaron Jairo Flores, Orlando Blanco y José Chic, al entregar la documentación en Gestión Penal de tribunales.
Chic indicó que, en el caso de las “escuelas de lego”, se trata de contrataciones por al menos 500 millones de quetzales, los cuales, de ser bien invertidos, pudieron beneficiar a la educación del país.
En relación con el citado decreto, son aproximadamente 814 millones de quetzales mal ejecutados, lo que representaría hoy contar con una mejor red vial, con más de 100 kilómetros de carretera. La cifra representa el presupuesto anual del Hospital General San Juan de Dios, agregó el parlamentario.
Flores explicó que, en primera instancia, se denunció el caso que incluye proyectos por el gasto señalados, los cuales fueron adjudicados anómalamente en diferentes unidades de la cartera.
La acción penal alcanza al exministro Javier Maldonado; Erick Sánchez, ex viceministro de Infraestructura y Vivienda; Mario Gustavo Alemán, exdirector de Covial; Yidja Girón Gutiérrez, exdirectora del Fondo Social de Solidaridad, y Gabriel Jo Lau, exdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, entre otros.
Los supuestos delitos son fraude, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, casos especiales de estafa, incumplimiento de deberes, peculado y asociación ilícita.
Blanco explicó que la segunda denuncia se refiere al proyecto de escuelas Bicentenario, el cual habría sido ideado para malversar recursos del Estado, aprovechándose de la necesidad de la población de contar con centros educativos.
NACIONALES
ONU pide juicio justo para exmandataria de CICIG
Redcción, EFE
Un enjuiciamiento justo pidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Claudia González, abogada y defensora de los derechos humanos, así como exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión.
Según Dujarric, António Guterres, titular del citado foro mundial, reconoce “la importante labor de esa Comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Irrespetaron términos
Guterres recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, el personal de la desaparecida institución debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
González espera ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) pidió también a las autoridades guatemaltecas que garanticen el derecho a un juicio imparcial, con respeto al debido proceso para la exmandataria de la CICIG y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes del ente internacional desaparecido, defensores de derechos humanos y periodistas.
NACIONALES
PNC rescata a nueve menores que eran explotados
Foto: MP
Como resultado de una serie de allanamientos en tiendas, negocios y tortillerías de la capital, las autoridades rescataron a nueve menores, quienes fueron sacados de la explotación laboral; además, capturaron a cuatro personas por el citado delito.
Las acciones las efectuaron la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil (PNC), y la Unidad contra la Explotación Laboral, del Ministerio Público (MP).
Entre los detenidos, según el reporte de las autoridades, figuran Ana Xaper, en la colonia El Progreso, zona 11 capitalina, mientras que en la Landívar, zona 7, fueron aprehendidos Paula Ordóñez y Noé García.
Xaper y Ordóñez son señaladas por el delito de trata de personas, mientras que a García se le atribuye el uso de menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad.
Los pequeños quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que seguirá los procesos y cuidado de los infantes hasta que se solvente el asunto.
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