NACIONALES
Recuperan más de 2 mil 500 hectáreas
Con el fin de dar cumplimiento al compromiso de asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas protegidas, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) impulsó acciones para la recuperación de 2 mil 521.74 hectáreas que fueron usurpadas en territorios declarados en resguardo
Del total, 592.74 hectáreas corresponden a tierras que se encuentran dentro de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), las cuales eran utilizadas para pasto de ganado, actividad que es una de las amenazas más fuertes, mientras que mil 929 pertenecen al Parque Nacional Laguna del Tigre, donde había pistas de aterrizaje clandestinas. Ambos territorios pertenecen a San Andrés, Petén.
La Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, Artículo 82 bis, establece que comete delito de usurpación en áreas protegidas quien, con fines de apoderamiento, aprovechamiento o enriquecimiento ilícito, promoviere, facilitare e invadiere tierras ubicadas dentro de áreas en resguardo. El Conap presentó las denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Dichos esfuerzos se realizaron de manera integral por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, del Ministerio Público; el Juzgado Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil, por medio de la División de Protección de la Naturaleza; la Brigada Especial de Operaciones de Selva, y el Instituto Nacional de Bosques, entre otros.
Elder Figueroa, director del Conap, resaltó la importancia de recuperar territorios y restaurar sitios afectados por actividades ilegales que destruyen el hábitat de diferentes especies de fauna silvestre, como la guacamaya roja, el jaguar, el tapir, así como especies emblemáticas, además de conservar importantes sitios, como humedales declarados, como el sitio RAMSAR, que existen dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, la cual es un área protegida de interés nacional e internacional.
En el presente año, el Conap ha participado en diversos operativos de control y patrullaje en la RBM, debido a la problemática de incursión y aprovechamiento ilícito de producto forestal y cacería ilegal de fauna silvestre.
En el caso del Parque Nacional Mirador Río Azul, informes de monitoreos realizados precisan que se localizaron brechas de extracción de producto forestal con alcance de hasta un kilómetro en territorio guatemalteco, contiguo a la frontera con México.
Como consecuencia de ello, con el apoyo de las fuerzas de seguridad se planificó un operativo conjunto.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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