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Gobernación redoblará seguridad en Ayutla, tras incidentes con hondureños del domingo
A raíz de los acontecimientos sucedidos el pasado fin de semana en Tecún Umán, San Marcos, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció que se enviaron 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para reforzar la seguridad pública en dicho lugar y evitar actos por parte de los migrantes hondureños que se encuentran aún allí.
También mencionó que a la fecha van 5 mil 400 retornados a Honduras de forma voluntaria y seis menores que no iban acompañados de sus padres, por lo que ya fueron entregados a las autoridades hondureñas.
En la conferencia de prensa conjunta que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, también participaron el ministro de la Defensa, Miguel Ralda; la canciller, Sandra Jovel, y el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Duarte.
“A partir de los hechos acaecidos ayer, informamos que la seguridad ciudadana del municipio de Ayutla es fundamental para nosotros y no vamos a permitir que se realicen actos vandálicos o delictivos en dicho municipio, razón por la cual estamos trasladando a más agentes de la PNC, así como vehículos de apoyo que estarán en apresto para garantizar a los pobladores su tranquilidad”, afirmó Degenhart.
Asimismo, explicó que previo a los hechos violentos, los agentes de la Policía les informaron a los hondureños de que ingresaran de forma ordenada al área de Migración de Guatemala y no en grupo, como sucedió con los que ya están en territorio mexicano, sin embargo la emprendieron contra los oficiales.
Según Gobernación, se ha logrado establecer que en la caravana de hondureños viajaban al menos 200 personas que no son de origen centroamericano, y que son de origen asiático y africano, con lo cual se está desvirtuando el objetivo de la caravana.
Por último, la canciller Jovel aseguró que desde que surgió la caravana de migrantes hondureños, hay una comunicación diaria con los cancilleres de México, Honduras, El Salvador y autoridades de Estados Unidos, por lo que mañana habrá una reunión en común de dichas autoridades, en Tegucigalpa, Honduras.
De enero a la fecha han sido capturadas 667 personas implicadas en el cobro de extorsión, lo cual es un avance para las fuerzas de seguridad en la lucha contra este mal que aqueja al país, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La última aprehensión fue realizada hoy por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), de la PNC, quienes detuvieron a Kelin N, de 23 años, en la zona 1 capitalina. La aprehendida está acusada, desde el año pasado, del mencionado delito en forma continuada.
En seguimiento a los esfuerzos contra la delincuencia, las autoridades han intensificado las acciones de seguridad destinadas a combatir el fenómeno extorsivo en el territorio nacional, por medio de sus comisarías y unidades especializadas.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala, se reunió con el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y otros integrantes de Junta Directiva, así como con distintos representantes de los bloques legislativos para dar continuidad a la discusión de las enmiendas propuestas a la Ley de Competencia.
De acuerdo con Ayala, se buscarán los consensos necesarios para modificar 54 artículos de la iniciativa 5074, para lo cual fue constituida una instancia de asesores de todas las bancadas, quienes estudiarán las propuestas que sí requerirían un análisis, las cuales espera empiece la próxima semana.
Para la Sesión Plenaria de este martes estaba agendada la Ley de Competencia, para su aprobación en tercera lectura; sin embargo, necesitaba un quórum de 107 parlamentarios, pero asistieron menos de 100, por lo que quedó pendiente su avance.
Foto: Movimiento Semilla
Diputados electos por el Movimiento Semilla presentaron hoy, en Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ), una querella contra los fiscales del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Eugenia Morales.
La acción legal se interpuso debido a que, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en diciembre de 2023, los señalados cuestionaron los resultados electorales. Por ello, la agrupación consideró que los empleados del MP cometieron delitos de usurpación, desobediencia y violaciones a la Constitución.
El legislador Samuel Pérez explicó que la acción contra los fiscales es por intentar hacer creer que los resultados de la actividad cívica no reflejaban la voluntad del pueblo de Guatemala, por lo que es parte de un proceso para evitar la impunidad en estos casos.
«Presentamos la denuncia y los señalamos por sus declaraciones en una conferencia de prensa, en la cual daban a entender o intentaban hacer creer la invalidez de las urnas», declaró el legislador a los medios de comunicación.
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