NACIONALES
Reubican a 169 jóvenes en conflicto
Un total de 169 jóvenes en conflicto con la ley fueron separados y reubicados en distintos centros correccionales, de acuerdo a los casos en que incurrieron y según las sanciones impuestas, informó la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
Unos fueron llevados al Centro Juvenil de Privación de Libertad (Gaviotas) y otros al Centro Juvenil de Detención Provisional (Etapa I), indicó Francisco Molina, subsecretario de la SBS.
Estos traslados se realizaron en cumplimiento a una orden judicial por parte de Verónica Galicia, juez de Ejecución Penal de Menores.
El correccional Etapa, ubicado en San José Pinula, es usado para adolescentes con detención provisional implicados en algún caso de conflicto con la Ley. En este lugar se encuentran 173 menores, quienes son investigados por el Ministerio Público.
En Gaviotas permanecen 349, que ya fueron sancionados y cumplen un castigo impuesto por los órganos jurisdiccionales, explicó el funcionario.
Con estos cambios, la Policía Nacional Civil se encuentra en alerta para evitar algún enfrentamiento, y los permisos para que los padres de familia puedan visitar a sus hijos detenidos no están suspendidos, agregó Molina. La SBS realizó una remodelación en Etapa, y después de una supervisión la juez Galicia autorizó el uso del centro, lo cual contribuye a evitar el hacinamiento.
También se trabaja en la construcción de otros dos centros juveniles: uno será inaugurado este año y el otro el próximo año, para lo cual se tiene previsto un presupuesto de Q14 millones, confirmó el subsecretario.
Actualmente, en los centros de reinserción social están recluidos 748 jóvenes. De estos, 528 son menores de edad y 220 mayores de 18 años, quienes deben cumplir con la sanción impuesta por los juzgados, se informó.
Con relación a quienes integran pandillas juveniles, el funcionario de la SBS dijo que se usa una herramienta legal para catalogar a los menores, no por el delito cometido, sino por su perfil.
Fotos: Norvin Mendoza
La educación es necesaria para prevenir el acoso escolar y cibernético. Esa fue una de las conclusiones de un conversatorio realizado en el Colegio Nacional Americano al que asistieron la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Svet).
La actividad se llevó en el marco del Día Internacional de dicho flagelosocial. Durante el evento, Herrera llamó “a no normalizar este tipo de violencia, a tomar conciencia del problema y a evitar que niños y jóvenes caigan en estas trampas”.
Dannissa Ramírez, secretaria de la Svet, dio a conocer la labor realizada desde la institución para que evitar que los menores sean víctimas de este tipo de violencia.
Foto: Archivo
El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.
“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.
Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.
“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.
Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.
Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.
Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.
El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.
El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.
Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.
En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.
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