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El periodista José Rubén Zamora Marroquín cumplió hoy 644 días en prisión preventiva, pese a no haber sido condenado ni sentenciado en un proceso judicial.

“El periodismo no es un crimen y el Poder Judicial debe dejar de mantenerlo como rehén por denunciar corrupción”, aseguró a EFE el hijo de Zamora Marroquín, José Zamora.

Las palabras del hijo del periodista tienen lugar en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras el aludido permanece detenido en la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022.

“Ninguna barrera puede silenciar nuestra búsqueda de la verdad ni la dedicación de mi papá al periodismo y a la libertad de prensa”, destacó.​

Recordó que la acusación contra su progenitor ha sido “un proceso espurio, sin juicio ni condena”.

Zamora Marroquín es señalado de lavado de dinero y su captura ocurrió cinco días después de lanzar fuertes críticas de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su pareja sentimental, Miguel Martínez.

Redacción DCA

Una deuda de arrastre de 3 mil 500 millones de quetzales tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reveló el titular de la cartera, Oscar Cordón.

El funcionario dijo que ese es un asunto que el despacho debe lograr reducir. Actualmente, el MSPAS realiza una auditoría para determinar si el pago real abarcaría la administración pasada y otras, porque han detectado que hay cobros con más de 10 años de arrastre.

El pasado 7 de abril, Cordón afirmó que el compromiso con proveedores de la red hospitalaria pública ha bajado gracias a los acuerdos hechos con más de 100 abastecedores. Este adeudo de 10 años, que superaba los 733 millones de quetzales, afectaba la relación con los distribuidores para seguir otorgando los medicamentos, equipo y suministros.

Sin embargo, la cartera sanitaria informó que se agilizaron las diligencias para pagar y demostrar a los proveedores la buena fe de cumplir con los contratos firmados.

En este sentido, Salud liquidó, al 20 de marzo, más de 484 millones de quetzales, equivalentes al 66 por ciento. Con ello se busca aliviar la incertidumbre de los proveedores y mantener en firme los asuntos asumidos, y por ende solidificar el abastecimiento.

Redacción DCA Fotógrafo: Archivo

Foto: PNC

La batalla contra las pandillas y extorsionistas en todo el país prosigue por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob). Ayer continuaron las requisas en cárceles y allanamientos en diferentes departamentos, para notificar y capturar a supuestos responsables de cometer el citado delito, decomisar teléfonos celulares, armas y dinero malhabidos.

En la tarea participaron agentes del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC), con el acompañamiento de fiscales del Ministerio Público (MP).

En el Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, zona 18 capitalina, las fuerzas del orden notificaron a seis internas por delito flagrante, al tener en su poder equipos móviles prohibidos en los
reclusorios.

En ese sentido, se confiscaron 21 mil 981 quetzales, 26 celulares, cuatro tarjetas SIM, 13 cuchillos, 12 cables USB, nueve cargadores, cinco objetos punzocortantes, una pesa digital y un extractor de marihuana, según datos del MP.

La PNC informó acerca de la captura de una abuela y su nieta en Jalapa, así como otra mujer en zona 21 de la capital y dos hombres; uno en Jocotenango, Sacatepéquez, y otro en zona 10 de la ciudad.

Estas detenciones se lograron durante 19 allanamientos en el ámbito nacional. Todos los aprehendidos son investigados y señalados como extorsionistas, de acuerdo con el reporte de la Policía.

Rubelsy Pimentel