En su segunda reunión sobre el antejuicio 227-2023 en contra de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por aceptar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado, pese a haber sido condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, la Comisión Pesquisidora aprobó ayer el cronograma de trabajo, donde quedaron establecidas las acciones
a realizar en las audiencias de mayo, junio y julio.

De acuerdo con los diputados miembros, el 21 de este mes se le dará audiencia a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP); en tanto que el 4 de junio se citará a los magistrados titulares Irma Palencia y Mynor Franco y el suplente Álvaro Cordón, para cuestionarlos respecto a cual fue la normativa en la que se basaron para resolver a favor de Baldizón.

Por último, establecieron que el 2 de julio elaborarán el informe circunstanciado, el cual presentarán al Pleno durante una Sesión Extraordinaria el 8 de ese mes, donde votarán si declaran el antejuicio con lugar o no.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Tatiana Valenzuela

Foto: TSE

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), presentadas al Congreso de la República, deberían ser aprobadas este año para que entren en vigencia en las elecciones generales de 2027, ya que de no ser así podrían desatarse muchos problemas con las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresó la presidenta de esa institución, Blanca Alfaro.

La funcionaria reconoció, en la reunión de Resultados de la Comisión de actualización y Modernización Electoral (CAME), que el Parlamento pasa por situaciones difíciles, pero hizo un llamado a la unidad y a que las propuestas sean avaladas en el menor tiempo.

“Si se aprueban dentro de dos años, lleva implícita la temporalidad y por lo tanto no podrán ser aplicadas en el próximo evento electoral”, y esto, insistió, “causará muchos problemas”.

Gustavo Villagrán

En busca de soluciones para sanear el río Motagua, la Alianza por la Cuenca del Motagua destacó ayer la promoción de la infraestructura municipal como construcción de pozos y centros de reciclaje en las 95 comunas, de 14 departamentos, por los que transita ese cuerpo de agua, hoy altamente contaminado.

Jeanne Samayoa, presidenta de la entidad, sostuvo que la colaboración entre los sectores público y privado es indispensable en la meta compartida de limpiar la cuenca, en los próximos 10 años, donde las municipalidades deben pasar a la acción en la mejora de la gestión ambiental.

En la reunión donde se presentaron las soluciones, se destacó convertir los residuos en energía, crear plantas de tratamiento con inversión internacional y pago por servicios ambientales por medio de empresas como Duch Clean Tech, que se dedican a la comercialización de plantas de tratamiento de agua.

Además, la correcta recolección y manejo de desechos peligrosos por Biotrash, el fortalecimiento para la gestión ambiental integral con intervención del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cosecha de agua de lluvia, aspecto en el que apoyaría la Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala.

Samayoa señaló, también, la importancia del Ministerio de Educación en lo referente a la formación ambiental y realización de concursos de ecoemprendimiento.

Gustavo Villagrán Fotógrafo: Archivo